María Marván Laborde
Excélsior
02/11/2017
El estudio analizó qué empresas mexicanas, o aquellas transnacionales que operan en México, tienen en sus páginas de internet una política anticorrupción y qué tan accesible es ésta para el público. Se midieron cuatro elementos: 1) Publicidad 2) Alcance y socialización, 3) Sistema de monitoreo y 4) Accesibilidad de la Información. No se midió la implementación de la misma y, por tanto, sus resultados no son un índice de integridad ni un certificado de honestidad.
Porque la corrupción es un problema sistémico que involucra corruptores y corruptos, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos considera a las empresas y a los empresarios como parte central del problema y de la solución. Sin embargo, hay que reconocer que no hay ley alguna que les exija tener una política de integridad y mucho menos hacerla pública, pero, por primera vez, las empresas tendrán buenas razones para castigar y excluir a sus ejecutivos corruptos.
Cada día es más común en el mundo que las empresas hagan pública la información que ellos consideran relevante de su política anticorrupción, por ello, Transparencia Internacional desarrolló la metodología que se empleó para que sus capítulos en cada país pudieran hacer esta medición y resultara comparable.
Atendiendo a los resultados de este índice en otros países, tenemos que Estados Unidos obtuvo una calificación de 67 y Canadá de 56, México apenas alcanzó 37 puntos. No es de extrañar que en la renegociación del TLC la corrupción y las políticas públicas se hayan convertido en un tema central.
En Latinoamérica hay buenos resultados. Colombia está entre los mejores calificados, con 88 puntos. Es importante destacar que la puntuación más alta fue obtenida por Singapur (90 puntos), por ser quizá el país que mejor ha logrado revertir el problema de corrupción. Esto puede ser indicador de la importancia de establecer y hacer públicas las políticas anticorrupción.
La transparencia de una empresa es tan importante como la de un gobierno, de hecho, hay muchas leyes que exigen, de una u otra forma, transparencia en el sector privado. Los bancos deben permitir que la gente conozca de manera clara y sencilla sus políticas de inversión, el cobro real de intereses en las tarjetas de crédito o en cualquier otro instrumento financiero. Cuando una empresa cotiza en bolsa debe publicar cierta información clave de la empresa que oriente la conducta de los inversionistas.
Sin embargo, transparencia no es sinónimo de honestidad, eso lo sabemos bien los mexicanos, que por 15 años hemos visto que los gobiernos más transparentes pueden tener malas calificaciones en corrupción. El mejor ejemplo de esto es la Ciudad de México, entonces DF, que el mismo año que el CIDE lo calificó como la entidad que más cumplía con la ley de transparencia, también obtuvo el primer lugar como la entidad en la que más sobornos tenían que dar sus habitantes para poder sobrevivir.
A pesar de lo dicho, hay que defender la importancia de la publicidad de una política anticorrupción, porque ésta significa al menos dos cosas: asumir un compromiso frente a la sociedad y, en consecuencia, la posibilidad de que las empresas rindan cuentas frente a ésta.
Una política anticorrupción es mucho más que un código de ética. Puede incluirlo, pero supone, además, un programa de implementación y la incorporación del mismo en todas y cada una de sus actividades. La ética es una suerte de músculo que se fortalece a través del ejercicio; cada vez que nos enfrentamos con un dilema en el que hay que aceptar ejercer una acción corrupta o negarnos a hacerlo, entrenamos el músculo cual si estuviésemos haciendo abdominales. En esta analogía, un programa anticorrupción obligaría a la empresa a construir el gimnasio y capacitar a los entrenadores que puedan guiar a la empresa a través de las decisiones de todos y cada uno de los miembros de la corporación, desde los dueños hasta el empleado con menor jerarquía.