Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
10/04/2017
No deja de ser desconcertante la perseverancia del presidente Peña Nieto para desmantelar la estructura institucional que tiene la obligación de preservar. Si a alguien debiera interesarle defender y solidificar a las instituciones del Estado es al titular del Poder Ejecutivo que no solamente se beneficia de la estabilidad de esos organismos. Además, en la medida en que funcionan y tienen credibilidad, esas instituciones propician la confianza de la sociedad.
Pero no. Aislado respecto de la sociedad y sus organizaciones o, peor aún, parapetado en una soberbia despectiva de la diversidad, Enrique Peña Nieto padece una indiferencia que ningún presidente podría darse el lujo de mantener. Mucho menos un presidente con índices de respaldo ciudadano tan precarios como los que tiene Peña Nieto.
Por eso resultan incomprensibles las decisiones del Presidente como la designación, en contra de la legalidad pero además de peticiones razonadas y sensatas de la sociedad organizada, de la maestra Paloma Merodio Gómez como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El desempeño de ese organismo del Estado mexicano es cardinal para conocer y entender la situación del país. Las encuestas y diagnósticos que realiza en INEGI permiten tomar decisiones de políticas públicas y además son el insumo principal para diagnosticar nuestra condición social y económica.
La confianza en el INEGI y en la transparencia de su operación, así como de las metodologías que pone en práctica, son indispensables. Por eso la ley en dicha materia, que es un triunfo de la sociedad interesada en tales temas, establece requisitos muy claros para quienes ocupan cualquiera de las cuatro vicepresidencias del Instituto.
La designación de tales cargos la hace el Senado a partir de una propuesta del Ejecutivo Federal. Para ser vicepresidente del INEGI se requiere:
“Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”.
La maestra Merodio no cumple con ninguno de esos atributos. Durante los últimos 16 meses fue directora general en la Secretaría de Desarrollo Social. Ése es el único cargo de alto nivel que ha tenido, de tal suerte que carece de la experiencia mínima de cinco años en posiciones de ese rango.
Tampoco cuenta con una carrera académica que pueda calificarse como requiere la ley, ni cuenta con la especialización disciplinaria que allí se indica.
Merodio tiene maestría en Educación Pública en Harvard pero no cuenta con publicaciones relevantes. No forma parte del Sistema Nacional de Investigadores ni tiene doctorado.
Lo más inquietante es que, para justificar su postulación, dijo mentiras al presentar al Senado sus antecedentes profesionales. La maestra Merodio informó que ha sido investigadora en el ITAM pero sólo ha sido profesora de asignatura. Dijo que fue profesora de Macroeconomía en Harvard pero únicamente fue asistente de profesor, que no es lo mismo. Aseguró que ocupó un cargo de alto nivel en la empresa consultora Grupo de Economistas y Asociados, GEA, pero la responsabilidad que tenía no era de ese rango.
La Comisión de Población y Desarrollo, que fue una de las dos comisiones senatoriales encargadas de dictaminar la propuesta del presidente de la República, manifestó el 22 de marzo acerca de los documentos presentados por esa aspirante:
“De la revisión curricular de la Mtra. Paloma Merodio Gómez y de acuerdo a la Fracción II del Artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la propuesta del Poder Ejecutivo no cumple con lo establecido en la Ley, debido a que:
“1.41 años son los que ha desempeñado en un cargo de alto nivel. El cargo actual en la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales es el único considerado como cargo de alto nivel.
“1.58 años dentro de la Coordinación de Investigaciones Estratégicas del IMSS, el cual es considerado un cargo de nivel medio, de acuerdo al art. 10 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos.
“Los demás cargos ocupados han sido trabajos subordinados. 9.39 años desempeñados en puesto de nivel subordinado.
“Su experiencia en el Banco Mundial fue una pasantía en el verano de 2012”.
Esa comisión convocó a organismos sociales y ciudadanos, interesados en temas de política social, para que contribuyeran a examinar la o las propuestas para ocupar esa vicepresidencia del INEGI. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias hizo un trabajo notablemente escrupuloso. En el sitio web de esa organización hay un expediente con “documentos de no idoneidad de Paloma Merodio” para ese cargo. Constancias académicas, cartas de las instituciones en donde ha trabajado, informes curriculares y definiciones establecidas por la ley demuestran que esa funcionaria no cumple los requisitos formales.
Ese esfuerzo de acopio documental, junto con la amplia campaña de opinión que el Centro Espinosa Yglesias y otras organizaciones promovieron durante varias semanas, no calificó otros atributos de la maestra Merodio. Simplemente cotejó su trayectoria con los requisitos legales.
Durante más de un mes, especialistas de incontrovertible pericia en el análisis de la política social cuestionaron la propuesta presidencial. El 9 de marzo, en el sitio de la revista Nexos, Rodolfo de la Torre, profesor en la Universidad Iberoamericana y director del Programa de Desarrollo con Equidad del Centro Espinosa Yglesias, consideró:
“Es triste ver que la grilla política sustituya la defensa de las instituciones por la de las personas. Pensando en las instituciones, es necesario que personas técnica y sólidamente formadas eleven el nivel del servicio público en México. El INEGI puede recibir un golpe a su credibilidad porque a ciertos funcionarios, al asesorar al Presidente en relación a nombramientos, no les interesa que se fortalezcan las instituciones sino sus círculos de poder. No hacer un llamado a que el Senado aquilate cuidadosamente esta decisión raya también en la complicidad. El daño que pueden hacer con ello al país es inmenso”.
El rechazo a la postulación de Merodio fue compartido por organizaciones como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Mexicanos contra la Corrupción y México Evalúa. Especialistas como Enrique Cárdenas, Rolando Cordera, Juan Pablo Arroyo, Fernando Cortés, Gerardo Esquivel, Luis Foncerrada, Mario Luis Fuentes, Jonathan Heath, Edna Jaime, Sergio López Ayllón, Juan Carlos Moreno Brid, Adalberto Palma y Jaime Ros, entre otros, exhortaron al presidente Peña a retirar esa candidatura y al Senado para que no la aprobase.
Las comisiones del Senado no se pusieron de acuerdo. En la de Población y Desarrollo la mitad de los legisladores estaba en contra con la postulación y la otra mitad a favor. La Comisión de Gobernación la respaldó por mayoría.
El jueves 6 de abril el asunto llegó al pleno del Senado. Una docena de legisladores argumentaron, casi todos extensa y razonadamente, contra la designación de Merodio. A favor de esa decisión se presentaron escasos motivos. Con 64 votos, la mayor parte del PRI y de una parte del PAN, la maestra Paloma Merodio fue designada para una de las vicepresidencias del INEGI. En contra hubo 26 legisladores.
Esa decisión no hubiera ocurrido sin la insistencia del gobierno federal para mantener la postulación. Frente a tan claros argumentos y sobre todo ante el riesgo de fracturar la confianza social y académica que requiere el INEGI, el empecinamiento del presidente Peña Nieto resulta absurdo e innecesariamente arriesgado.
El respeto de Peña por las instituciones autónomas se está convirtiendo en un asunto muy grave. Su oficina jurídica ha promovido la inconstitucionalidad de las reglas que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones para defender los derechos de las audiencias de radiodifusión. Ahora, además, el PAN y el PRI se proponen quitarle al IFT facultades en esa materia. La autonomía del Instituto que regula a las telecomunicaciones, así como sus capacidades para defender a los públicos de televisión y radio, quedarían afectados.
No es golpeando a organismos autónomos como el Presidente resolverá los problemas de gobernabilidad que padece el país. Al contrario. Con esas decisiones se puede asegurar —y deplorar— que si alguien está mandando al diablo a las instituciones es el presidente Peña Nieto.