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El debate público

Autoridades (laborales) hechas bolas (2)

Ricardo Becerra

La Crónica

07/08/2016

La semana pasada les narraba una historia rocambolesca. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) tuvo listo desde el 23 de junio pasado, un documento que había comprometido públicamente hace casi dos años (http://www.conasami.gob.mx/pdf/bolatines_sal_minimo/2014/BOLETIN_25sep2014.pdf)

Bautizó ese texto así: “Informe final que contiene los resultados de las investigaciones y estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones”.

Se supone que ese documento sería la pura verdad económica, el fundamento para la discusión del Consejo en la CONASAMI y que serviría de base sólida para “un debate responsable y serio” en nuestro país acerca de los salarios mínimos.
El famoso mamotreto es un compendio irregular pero que contiene materiales relevantes (especialmente los ensayos de las instituciones internacionales) que son las que arriesgan números y confirman que el aumento del salario mínimo en México es posible. El Banco Mundial incluso puso números: un alza de 2.6 pesos, muy limitada sí, pero según su análisis, ese es el punto que ni daña ni impacta a la productividad de las empresas.
Sin embargo, ese documento final, firmado en junio fue olímpicamente ignorado por el Secretario del Trabajo Federal, quien un mes después (a finales de julio) declaró tajante: “no hay condiciones para incrementar el salario mínimo”.
¿Lo ven? En asuntos cruciales para la vida de millones, las autoridades laborales del país conforman comisiones, retrasan decisiones, evaden discusiones, convocan un montón de instituciones para nada, reciben resultados por escrito… pero si esos resultados no convienen, si contradicen los intereses creados, se les ignora: un trabajo realizado con dinero público que simplemente se tira a la basura.
En efecto: tanto el Banco Mundial, pero sobre todo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han dado su veredicto y está en ese documento: se puede (y se debe) aumentar el salario mínimo, precisamente porque está en un nivel injustificadamente bajo.
El Informe Final sólo contiene un NO tajante y con mayúsculas que proviene del Banco de México: para ellos el aumento salarial es siempre desestabilizador. Sea porque el conjunto de los sindicatos pedirían un aumento porcentual idéntico al del salario mínimo en la mesa de negociación, o sea porque el resto de escalones de salarios se incrementarían en la misma proporción: si el mínimo se decreta 20 por ciento adicional, los sueldos de dos salarios mínimo aumentarían otro 20 por ciento, también los de tres o cuatro, etcétera. Una transmisión mecánica, poco verosímil.
Y aquí es donde se encuentra la falsedad básica: los aumentos significativos en los salarios mínimos –dice Banxico- acaban trasladándose totalmente al costo de los bienes, la inflación se vuelve inevitable y acabará devorando el aumento inicial en el salario.
Pero en ningún lugar del mundo esto ocurre así, por varias razones: los aumentos en el salario mínimo pueden tener como efecto un impulso a la productividad de una empresa porque los trabajadores aumentan su compromiso con ella; la propia empresa puede redistribuir los costos del aumento disminuyendo otros gastos, por ejemplo publicidad o gastos de búsqueda de empelados para ocupar plazas vacantes; o los costos de entrenamiento; puede decidir no aumentar salario a los trabajadores de mayor ingreso (compresión salarial). O algo muy importante: puede optar por disminuir los márgenes de su ganancia, o bien, puede establecer una reorganización de su establecimiento para disminuir costos en insumos.
Es decir, en una empresa real, en el mundo real de los negocios (no en el de los modelos confeccionados a modo) el aumento de precios por pagar un mayor salario mínimo no es automático, ni remotamente porque subir los precios implica perder parte de su mercado, volverse menos atractivo frente a las empresas rivales.
Pero este debate de fondo -que es universal y cada vez más intenso en el mundo laboral e intelectual- es imposible en México porque las autoridades laborales no se atreven a hacer públicos los estudios que ellas mismas ordenan realizar. Porque los datos y las evidencias contradicen sus prejuicios y la inercia de 35 años, esa que sigue usando al salario para exorcizar los espantos de Banxico.
Volveremos con el tema.