María Marván Laborde
Excélsior
19/07/2018
¡Qué inquietud leer los puntos 4, 5 y 6 que se refieren a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Electoral (sic) y la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente!
Dice que la Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía, no recibirá consigna del Presidente de la República. Es decir, la autonomía será una promesa que él podrá o no cumplir a su capricho y conveniencia. La fiscalía anticorrupción podrá (potestativo no imperativo) actuar con absoluta libertad. ¿Qué no será mejor trabajar en un diseño legal que blinde esa necesaria independencia?
No se adelanta un diseño del artículo 102 constitucional, no se promete una nueva legislación que replanteé el trabajo de los ministerios públicos y, por supuesto, se reserva a la discrecionalidad y buen humor del presidente la posibilidad de usar políticamente la procuración de la justicia. Hasta aquí, promesas no muy distintas a las del pasado. Ni en los peores momentos de la historia hemos escuchado a presidente alguno decir que quiere un procurador servil y bueno para nada.
En el documento hay implícita una satanización de la burocracia, especialmente de los trabajadores de confianza. El discurso es maniqueo, existe el blanco opuesto al negro, no hay matices ni escala de grises.
De acuerdo con el punto 21, la estructura de confianza deberá reducirse un 70 por ciento y también los gastos de operación, los recortes salariales llegarán hasta el 50 por ciento, el único incremento que recibirán los trabajadores al servicio del Estado será en su jornada laboral, que por decreto será de 48 horas (punto 27).
El maltrato verbal acusa un absoluto desprecio por lo público. Se parte de (pre)juicios sin matices donde todos, desde secretarios y subsecretarios, hasta jefes de departamento, todos son flojos, abusivos, cuando no corruptos y ladrones, en el mejor de los casos se dedican a tomar café y viajar al extranjero. Adiós al lenguaje de inclusión que López Obrador utilizó en su discurso de medianoche el primero
de julio.
Más allá de las formas groseras, preocupa el fondo. Paradójicamente, los planes anticorrupción que han probado ser eficaces en otros países son los que fortalecen a la burocracia media y baja blindándola de los caprichos de los políticos.
El servicio civil de carrera debe generar buenas condiciones laborales que hagan atractivo el servicio público y necesitan dar seguridad en el empleo para que los burócratas técnicos, los que permanecen con los cambios de gobierno, los que entienden el quehacer, tengan la fortaleza necesaria en momentos cruciales.
Es necesario que tengan la posibilidad de plantarle cara al jefe, cuando éste, por ignorante, ordena una estupidez y, sobre todo, cuando con absoluta desfachatez ordena hacer algo mal hecho para beneficio propio, es decir, cuando se corrompe. Si queremos que el burócrata subordinado pueda ser denunciante de su superior jerárquico (lo que en inglés se llama el whistle blower) es indispensable que sepa que no perderá su trabajo cuando desvele una trama de corrupción.
Sin duda hay más personal que el necesario, es fácil suponer que se gasta en muchas banalidades y excesos, pero el maltrato del documento para con la burocracia es preocupante por sí mismo. Me parece una muy mala señal que en ningún punto aparezca el servicio civil de carrera como parte esencial de una solución de fondo, contemplada, por cierto, en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el punto 44 y 45 se habla de invitar a observadores de la oficina de transparencia de la ONU a vigilar las compras y los contratos de obra de gobierno. Esta oficina no existe. Supongo que los encargados de establecer comunicación con dicha oficina son los mismos que pactaron con el Vaticano la participación del Papa en la pacificación del país o quienes dijeron que el EZLN estaba con López Obrador.