Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
18/07/2016
En el laberinto educativo se ha extraviado el gobierno que anda sin brújula, tropezando ante circunstancias que lo han desbordado. En ese laberinto medran grupos y personajes para los cuales mientras peor estén las cosas resulta mejor. Allí anda y desanda sus pasos la sociedad, en donde la preocupación legítima por la enseñanza desemboca en causas que parecen políticamente correctas, pero que terminan beneficiando al más conservador y convenenciero corporativismo. De ese enredo quieren aprovecharse, para recuperar privilegios, organismos gremiales fortalecidos en el chantaje. Todos ellos toman como coartada a centenares de miles de profesores por los que dicen interceder, pero cuyo interés es, precisamente, el que defiende la reforma educativa.
Hay cinco grandes mentiras que se repiten con gran desinformación y desvergüenza acerca de esa reforma.
1. “Es solamente una reforma laboral”. La reforma que resulta de las modificaciones constitucionales y las leyes reglamentarias de 2013 tiene insuficiencias, pero no es verdad que se reduce a cuestiones laborales. Muy por encima de ellas propone que la escuela asuma un nuevo papel en la sociedad con participación de los padres de familia, responsabilidades de los directivos de cada plantel, espacios de discusión e intercambio, entre otros temas.
2. “Es una imposición de organismos financieros internacionales”. La paranoia que implica esa creencia forma parte de la actitud que supone que en México no tenemos instituciones ni capital intelectual para proponer y procesar decisiones. Por supuesto hay organismos como la OCDE que sugieren cambios en temas como la educación, pero ni tienen capacidad para obligar al país a tomar un rumbo determinado, ni han planteado tal exigencia.
Lo que sí hay es un contexto internacional de actualización de los sistemas e incluso los objetivos de la enseñanza en todos los niveles. La evaluación de los profesores es parte de esa tendencia global que no se debe a conspiraciones de ninguna cúpula neoliberal, sino a la necesidad que todos los países, y sus sociedades, tienen para actualizar y hacer más eficiente el aprendizaje.
3. “La reforma implica la privatización de la educación”. Ésta es una de las patrañas que más se repiten y que, encadenada a las anteriores, conduce a muchas buenas pero ignorantes conciencias a suponer que si no se le frena, esta reforma desembocará en la abolición de la enseñanza gratuita que, en tal concepción, quedaría subordinada a empresas trasnacionales. Si quienes sostienen esa superchería se tomaran la molestia de leer las leyes que articulan la reforma de hace tres años no encontrarían una sola disposición que implique retrocesos en las obligaciones del Estado para sostener la educación pública.
Lo que sí existe es la privatización de tareas y recursos de las instituciones educativas en algunos sitios del país, pero no como resultado de las nuevas leyes, sino de los grupos corporativos a los que esa reforma ha pretendido acotar. Cuando cayó en manos de la Sección 22, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca funcionó al servicio de intereses privados y no necesariamente de los niños y las familias de esa entidad. El control gremial que han alcanzado grupos de la CNTE y, por otra parte, las prebendas e influencia que mucho antes consolidaron los líderes del SNTE, constituyen la verdadera privatización de la enseñanza en México.
La reforma educativa podría haber resultado mejor, pero impone reglas para la administración institucional de la enseñanza y para acabar con la fuente del control corporativo que ha sido, durante décadas, el manejo de las plazas magisteriales. Es entendible que los viejos y nuevos caciques sindicales que durante largo tiempo se beneficiaron de esas prebendas estén disgustados con la reforma. Es lamentable que haya sectores de la sociedad que, confundidos por la demagogia de la CNTE o entusiasmados porque consideran que oponerse a la reforma educativa es una manera de golpear al gobierno de Peña Nieto, terminen salvaguardando el interés de esos líderes.
4. “La evaluación de los maestros es punitiva”. Toda evaluación, para que sirva de algo más allá del registro estadístico, tiene que implicar consecuencias. Pero no es verdad que la evaluación que resulta de la reforma reciente conduce al despido de los actuales maestros.
La evaluación de los profesores de reciente contratación es distinta a la que deben tener aquellos con varios años dando clases. Ahora todas las nuevas plazas magisteriales se asignan por concurso. Allí radica uno de los grandes cambios de la reforma. La venta de plazas o su asignación a partir de favores personales o fidelidades clientelares, que ocurría tanto en las secciones controladas por el sindicato nacional como en las que domina la CNTE, ha sido una de las principales fuentes de corrupción gremial, pero además de abatimiento de la calidad educativa. Eso se terminó, o al menos eso pretende la reforma.
Los profesores de nuevo ingreso son seleccionados por concurso de oposición, a los seis meses de trabajo se les otorga un nombramiento de base y durante los siguientes dos años su trabajo es evaluado para determinar si necesitan algún apoyo para mejorar sus conocimientos o habilidades pedagógicas. Si un profesor en esa condición no cumple con los programas de apoyo que le ha presentado la autoridad educativa, o si al cabo de esos dos años su evaluación indica que no es apto para dar clases, entonces se termina su relación laboral. En ese caso, se trataría de profesores que han tenido oportunidad de mejorar su desempeño y no quisieron o no pudieron hacerlo.
Otra es la situación de los actuales maestros. Todos ellos tienen su plaza asegurada, pero están obligados a someterse a evaluación al menos cada cuatro años. Los profesores que en esa evaluación obtengan un resultado insuficiente deben incorporarse a programas de regularización y presentarse a una segunda y, de ser necesaria, una tercera evaluación en los siguientes dos años. Si un profesor reprueba tres evaluaciones consecutivas (cada una con diferencia de un año y con posibilidad en ese lapso para corregir sus fallas) se le separa de las tareas docentes y se le adscribe a otras actividades. Es decir, los profesores actualmente en servicio y que no aprueban tres evaluaciones no son despedidos.
5. “No hubo consulta”. En rigor sí la hubo, porque la decisión del gobierno y los partidos políticos que anunciaron esta reforma en diciembre de 2012 estuvo precedida de una documentada exigencia de organismos de la sociedad preocupados por el deterioro de la educación. Luego, en el transcurso del año siguiente, hubo foros del Poder Legislativo para discutir las iniciativas sobre ese asunto.
Los espacios que se habilitaron para recabar opiniones fueron insuficientes. Pero pretender que las reglas para orientar la enseñanza sean definidas por todos los maestros implicaría el estancamiento de cualquier reforma. Un marco legal de esa índole, que entre otras tiene complejas motivaciones e implicaciones pedagógicas y culturales, debe ser definido por especialistas. Someterlo a la votación del gremio hubiera supuesto que en esa decisión participaran el SNTE y la CNTE, los organismos que han sido perjudicados con el fin de la venta de plazas y del tráfico que influencias.
Los anteriores puntos de vista se apoyan en el espléndido libro de Gilberto Guevara Niebla, Poder para el maestro, poder para la escuela, que acaba de editar Cal y Arena. Se trata de la mejor explicación que se ha publicado acerca de la reforma educativa. Apuntalado en datos y reflexiones muy sólidas, pero además motivado por un profundo aprecio por los maestros, el libro de Guevara Niebla, frente a la torpeza explicativa y comunicacional del gobierno, pero sobre todo frente a las mentiras y la demagogia de la CNTE y sus simpatizantes, subraya el centro de la reforma. Y ése no es sino el interés, el respeto y la reivindicación de los maestros y de la tarea que realizan. Se trata de una reforma que, al terminar con la compra y venta de plazas y la discrecionalidad en las decisiones que afectan a los docentes, defiende la labor, el papel social e incluso la dignidad de las maestras y los maestros.
Los auténticos maestros, en su gran mayoría, no temen a las evaluaciones ni son reticentes a mejorar sus conocimientos. Pero la voz de esos profesores y profesoras ha quedado abrumada por la gritería de los intolerantes, la demagogia de los oportunistas y la confusión de los desconcertados.
Si algo va a cambiar en las reglas para la evaluación y otros aspectos en el funcionamiento de la educación es necesario que haya espacios institucionales, tiempo y compromisos para que se conozcan las opiniones de esos profesores y profesoras más allá de la representación impostada o espuria que ejercen, apuntalados en el clientelismo y el chantaje, el Sindicato y la Coordinadora. Pero si algo cambia en esas reglas es pertinente que sea para mejorar procedimientos, reforzar al servicio profesional de carrera, promover la organización colegiada de los profesores, apuntalar los recursos destinados a la enseñanza. Hay que salir del laberinto educativo con avances y de ninguna manera con retrocesos que beneficiarían el control de los caciques (independientemente de las siglas tras las cuales se cobijan) en perjuicio de los maestros.