Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
03/09/2018
Únicamente la intencional condescendencia con el nuevo gobierno explica la decisión del Tribunal Federal Electoral para exonerar al ahora partido dominante de la multa por 197 millones de pesos que le impuso el INE. La ley prohíbe que los partidos regalen dinero. Con el pretexto de ayudar a los damnificados, Morena creó un fideicomiso que alimentó tanto con dinero público como con recursos de origen desconocido. El Instituto Nacional Electoral, en respuesta a una queja presentada por el PRI, emprendió una extensa y ejemplar investigación que incluyó reveladores detalles de las trampas desplegadas por enviados de Morena para depositar decenas de miles de pesos una y otra vez en las mismas ventanillas bancarias. Después de documentar esas irregularidades, el 18 de julio el Consejo Nacional del INE le impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos.
Los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, en una estrambótica sentencia aprobada a toda prisa la noche del viernes 31 de agosto, revocaron esa multa porque, según ellos, la investigación no fue “exhaustiva” y porque no se cumplió con la garantía de audiencia de los miembros del fideicomiso. No tienen razón.
El fideicomiso Por los Demás fue creado a fines de septiembre pasado, por acuerdo del Consejo Nacional de Morena, con el propósito de ayudar a los damnificados de los sismos que ocurrieron días antes. Andrés Manuel López Obrador anunció que Morena destinaría para ese efecto la mitad de su presupuesto para las campañas, así como la mitad de los salarios de los legisladores y funcionarios de ese partido. El domicilio legal del fideicomiso es el de Morena. Los seis integrantes del comité técnico del fideicomiso y la mayoría de los fideicomitentes son miembros de la dirección de ese partido. Por lo tanto, el beneficio político que resulte de los fondos recabados por ese fondo financiero lo tuvo que haber recibido el partido que lo promovió.
La investigación del INE encontró que a ese fideicomiso se hicieron depósitos prohibidos por la legislación electoral, especialmente aportaciones de empresas y de personas físicas no identificadas. Más de la mitad de los recursos del fideicomiso resultaron de depósitos en efectivo. Como la ley impone límites a los depósitos de esa índole, los depositantes organizaron carruseles para presentarse varias veces en la misma ventanilla. El INE mostró un video de la sucursal San Ángel de Banco Afirme, la institución en donde fue radicado el fideicomiso. Allí se aprecia cómo, en un solo día a fines de 2018, seis personas se turnaron para hacer depósitos de 50 mil pesos hasta sumar 1.4 millones de pesos en 20 minutos. Quizá esos depositantes, o quienes los hayan enviado, suponían que no estaban cometiendo una infracción porque todo eso ocurrió el Día de los Inocentes. Con tales procedimientos, durante la última semana de 2017 el Fideicomiso recibió casi 13 millones de pesos.
En total, entre septiembre y mayo pasados, Por los Demás recibió depósitos que suman 78.8 millones de pesos. El 56% de esa cantidad (44.4 mdp) fue reunida con depósitos en efectivo. En esta reconstrucción seguimos la detallada resolución del INE del 18 de julio y el pedagógico artículo de Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala publicado en el sitio de la revista Nexos el 19 de julio.
El 19% del dinero que recibió el fideicomiso (14.7 mdp) fue transferido con cheques. 8.5 de cada 10 de esos pesos fueron depositados por 55 miembros o simpatizantes de Morena. La ley permite que los partidos reciban aportaciones de personas físicas pero están obligados a reportarlo a la autoridad electoral, lo cual no ocurrió.
Otro cauce para allegar dinero al fideicomiso fueron las transferencias bancarias, que ascendieron a 19.3 mdp, casi la cuarta parte de todos los recursos. Al menos 3.3 millones de esos pesos fueron aportados por personas morales, lo cual constituye otra violación a la ley electoral que prohíbe las contribuciones de empresas.
Con el dinero así depositado, Por los Demás hizo pagos a 70 personas por un total de 64.4 millones de pesos a través de cheques de caja. Casi todos ellos eran empleados o candidatos de Morena. Seis de esas personas recibieron más de 2 mdp cada una. Cuando esos cheques fueron cambiados por dinero en efectivo se perdió la pista de tales recursos.
Morena sostiene que ese dinero fue donado a damnificados pero no entregó, de manera formal, constancias de ello. La ayuda a las víctimas del sismo sin lugar a dudas es un fin muy noble, pero los partidos políticos no tienen derecho a entregar contribuciones a la gente. Después de los sismos de hace un año varios partidos renunciaron al ejercicio de, en total, 380 mdp. Ese dinero fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda; es decir, los partidos no lo repartieron directamente. Morena se negó a contribuir de esa manera y en vez de ello creó el fideicomiso.
La Ley Electoral, en su Artículo 209, prohíbe tanto a partidos, como a cualquier persona, “la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio”. Esa conducta “se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto” y el INE tiene la obligación de sancionarla. Por ello ese organismo multó a Morena con 197 mdp, que equivale a dos veces y media el monto de los ingresos que recibió de manera irregular.
El INE rastreó los ingresos del fideicomiso con precisión ejemplar. Lo que no pudo hacer fue aquilatar en qué se gastó ese dinero. Morena afirma que se le entregó a damnificados. Si así ocurrió, constituyó una acción ilegal. Si fue destinado para pagar otras actividades, peor aún. Morena mismo confirmó el uso de esas donaciones con propósitos electorales cuando exhibió videos de personas que agradecen a ese partido, o a su dirigente, la entrega de tales recursos.
La autoridad electoral tampoco determinó de dónde salieron los más de 44 millones de pesos depositados en efectivo por unas cuantas personas y no indagó si los 34 mdp que ingresaron por transferencias o depósitos realmente eran dinero de dirigentes y legisladores de ese partido. Pero con la información que reunió, el INE tuvo elementos más que suficientes para demostrar ilegalidades flagrantes de Morena, entre ellas la constitución misma del fideicomiso y la trama orquestada para que recibiera recursos. Sin embargo, el 19 de julio Andrés Manuel López Obrador consideró que la sanción del INE era una “vil venganza”. Nunca tuvo la atención de aclarar por qué la autoridad electoral, que organizó con tanta pulcritud la elección en donde él ganó de manera tan categórica, tendría razones para buscar desquite alguno.
El descontento del Presidente Electo fue tomado como instrucción por los magistrados que conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral. La sentencia, a juzgar por el comunicado que difundió el Tribunal, revela que los magistrados no leyeron, o no supieron leer, la resolución del INE. Consideran que el Instituto debió “haber solicitado la colaboración de las instituciones hacendarias y bancarias” con el fin de “determinar la identidad de los aportantes al fideicomiso”. Pero ésa, precisamente, ¡es la información que nutre las 173 páginas —además de cuatro anexos— de la resolución del 18 de julio!
Gracias a la información bancaria la autoridad electoral documentó cheque por cheque y depósito tras depósito, la procedencia de cada uno de los 78 millones 818 mil 566 pesos que recibió el fideicomiso hasta el último día de mayo. Las declaraciones de los depositantes no eran necesarias porque los documentos bancarios hablaban por sí mismos. Otras de las tareas que el Tribunal le pide al INE son responsabilidad de la Fiscalía para Delitos Electorales.
En todo caso, si los magistrados consideraban que la indagación era insuficiente, lo que tendrían que haber resuelto era instruir al INE para que la ampliara. En vez de ello, y con una penosa obsecuencia a los intereses de Morena y su dirigente, le dieron carpetazo.
Los magistrados del TRIFE estiman que “no existe nexo causal” entre Morena y el beneficio que pudo haber recibido con la distribución de ese dinero, “era necesario demostrar un beneficio político-electoral al instituto político”, indican. Esos mismos magistrados consideraron hace un par de semanas, en una también muy discutible sentencia, que cuando un candidato lleva una camiseta de un equipo de futbol se beneficia con el prestigio de la marca exhibida en esa prenda de vestir. El Tribunal Electoral supone que el uso de una playera deportiva implica rendimientos financieros y políticos para una campaña —y decide sancionarlos— pero no encuentra motivos para suponer que el reparto de por lo menos 65 millones de pesos, entregados en efectivo a miles de personas, tiene implicaciones electorales.
La doble y esquizofrénica vara con la que mide y toma sus decisiones el Tribunal constituye una vergüenza para nuestra democracia. Al disciplinarse de manera tan dócil a los intereses de Morena y el presidente electo, los magistrados les hacen un mal servicio porque el reciente e innegable triunfo democrático que consiguieron en las urnas queda empañado con una decisión que siempre despertará sospechas. Frente a la sentencia que exonera a Morena y a su fideicomiso, están los hechos escrupulosamente documentados por el INE.