Feb 9, 2017

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Continuidad y cambio

Continuidad y cambio

María Marván Laborde

Excélsior

09/02/2017

Celebrar cien años de la Constitución abrió oportunidades para reflexionar sobre los derechos fundamentales, las instituciones políticas, la relación entre poderes y, desde luego, también el sistema electoral y el de partidos. Para ello, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizamos un seminario internacional.

Repasar cien años de reformas electorales significa analizar el proceso de construcción y deconstrucción del sistema de partido hegemónico. La Constitución de 1917 apostó por el voto directo, al que veneramos como “sufragio efectivo”; incluyó candidaturas sin partido y preveía la reelección legislativa y municipal.

Hubieron de pasar 29 años, de 1917 a 1946, para consolidar el sistema de partido hegemónico. La concentración del poder en el Presidente y su partido se construyó poco a poco a partir de cambios legales y prácticas políticas. Se fundó el PNR como partido de (proto)partidos; más tarde se convirtió en un partido corporativo que negó legitimidad a cualquier partido de oposición; la no reelección se convirtió en un principio universal y, por último, los partidos, obligatoriamente nacionales, se quedaron con el monopolio de la representación. Importaba un solo partido.

El sistema electoral mixto que combinó mayoría relativa con representación proporcional se construyó en tres etapas. El reconocimiento de los diputados de partido en 1963  fue el primer paso para reconocer cierta legitimidad a cierta oposición. En 1977 se incluyó a la izquierda, pero se mantuvo la distinción entre “El Partido” y los demás; a éstos graciosamente se les concedió la cuarta parte de las diputaciones.

Fue hasta 1986 que se aceptó cierta igualdad entre partidos cuando las diputaciones de representación proporcional se repartieron entre todos. Nuestro sistema electoral mixto estableció 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional elegidos a partir de cinco listas que propone cada partido.

Tres décadas ha permanecido intocado este sistema. Hoy las propuestas de cambio que provienen, fundamental, pero no exclusivamente, del PRI, pretenden reducir 100 diputados para abaratar costos. ¡Cuidado! No podemos regresar a la fórmula de 1977 que protegía la hegemonía del PRI.

Para ahorrar dinero, el número de diputados es irrelevante.  Las dietas son el menor de los gastos del Congreso. Cuentan mucho más los millones que se reparten para operación política, conocidos como los moches. Los costos de operación del Congreso están vinculados con el número de fracciones parlamentarias y su insaciable voracidad, no depende del número de diputados.

La absurda remodelación cada tres años de la Cámara de Diputados para adaptar las oficinas al tamaño de cada fracción parlamentaria es un buen ejemplo. Hace 30 años que tenemos 500 diputados y diez veces hemos remodelado la Cámara de Diputados gastando cada vez cientos de millones de pesos.

Más que pensar en fórmulas populistas de disminuir diputados, so pretexto de ahorrar dinero, pensemos en formas democráticas de mejorar la proporcionalidad de la representación; un sistema es más proporcional en la medida en que el porcentaje de votos obtenidos es prácticamente idéntico al porcentaje de escaños a los que accede cada partido.

A golpe de reformas logramos establecer un razonable sistema de partidos de pluralismo limitado. Del sistema de partido hegemónico pasamos a un sistema de tres partidos. El Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática se convirtieron en las fuerzas políticas que tenían capacidad de decisión. En el año 2000 estos tres consiguieron el 90% de los votos; en 2015, innegable punto de quiebre, no alcanzaron siquiera el 60 por ciento.

En un siglo hemos logrado construir un sistema electoral con grandes fortalezas y mayores retos. Es indispensable empezar un proceso de simplificación normativa. La complejidad del entramado electoral es inversamente proporcional a la disposición de los partidos para respetar las leyes que poco han avanzado en lealtad democrática. La ciudadanía permanece alejada de la participación política, sustituimos el corporativismo con un grosero clientelismo. Muchos cambios y lamentables continuidades.

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