María Marván Laborde
Excélsior
16/11/2017
En 2007, en el contexto de la reforma política que dio salida al conflicto postelectoral de 2006, se creó el llamado “modelo de comunicación política” y se reformó el 134 para ordenar, en su octavo párrafo, que las campañas de comunicación social de todos los entes del Estado deberían ser institucionales, informativas y/o educativas. Prohibió expresamente cualquier tipo de propaganda que pudiese considerarse que buscara promover la imagen de un funcionario. Ni sus rostros o sus voces estarían permitidos. Es evidente que la omisión del Legislativo ha sido con premeditación, alevosía y ventaja; no cabe suponer una inocente distracción.
Más tardaron los legisladores en aprobar estas reformas que en arrepentirse de haber agregado esas dramáticas limitantes en el artículo arriba citado. Rápidamente empezaron a meter reversa, en el Cofipe de 2008 incluyeron una excepción absolutamente inconstitucional que repitieron textualmente en la LGIPE en 2014. La propaganda personalizada sería permitida con motivo de los informes de gobierno durante tres semanas.
Son tristemente célebres las trampas de los partidos, gobernadores y legisladores. Éstas han afectado la muy complicada implementación del modelo de comunicación política y, paradójicamente, provocaron el efecto contrario al buscado: los gastos de comunicación social del gobierno federal y los gobiernos locales se dispararon al punto de la impudicia.
Según cálculos de otra OSC, Fundar, el gasto del gobierno de Peña Nieto durante el sexenio alcanzará los 60 mil millones de pesos. A pesar de las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, todos los años hay sobreejercicios que multiplican varias veces lo presupuestado. A decir de Fernando Agis, abogado de la CIRT, las televisoras ingresan más dinero por la venta de espacios gubernamentales después de la reforma de 2007, que prohibió a los partidos comprar tiempo-aire en radio y televisión.
De acuerdo con lo aprobado por la Corte el día de ayer, la ley reglamentaria debería estar aprobada, a más tardar, el 30 de abril de 2018. Es preciso que la discusión sobre sus alcances sea nacional y, por supuesto, trascienda a los partidos y a los medios. Partamos de una sencilla pregunta: ¿Se justifica que los gobiernos gasten en propaganda?
Esta sentencia de la Corte cobra relevancia en el sexenio de Peña Nieto porque se ha combinado de la peor manera posible el excesivo gasto en campañas de comunicación social con una gravísima intolerancia frente a la crítica ciudadana. Es vergonzoso que les haya dicho a los padres de los estudiantes desaparecidos “Ya supérenlo” o que haya reclamado a los periodistas “Ya sé que ustedes no aplauden”.
¿Cómo olvidar la campaña de hace dos años en YouTube: “Ya chole con tus quejas”? Además de carísima, hubo que bajarla en un par de horas por la reacción que generó. Por si fuera poco, llevan un año repitiendo machaconamente que lo bueno también cuenta y cuenta mucho.
El lunes pasado, en un exabrupto, el Presidente arremetió contra la OSC Causa en Común, increpó a su presidenta, Ma. Elena Morera, acusándola de hacer bullyingcontra las instituciones. Habría que recordarle a Peña que el bullying es el abuso del poderoso sobre el débil y no al revés. La expresión no puede ser entendida como algo meramente anecdótico porque desnuda la intolerancia del régimen frente a la crítica y la profunda incomodidad de tener una sociedad civil activa y exigente. Curiosamente, ésta es una organización moderada, institucional y propositiva.
Como bien dijo el cómico británico John Oliver hace dos años a propósito de la campaña del “ya chole”, no se puede esperar mucho de un gobierno que dice a sus ciudadanos “ya escuché tu voz y es muy molesta, así que haz el favor de callarte de una vez por todas”.