Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
17/12/2018
Las instituciones se sustentan en sus trabajadores. Ningún gobierno puede funcionar sin los empleados que cumplen con las tareas cotidianas en cada dependencia pública. Prescindir de muchos de ellos como hace ahora el gobierno del presidente López Obrador implica descalificar, sin matices y de manera notoriamente injusta, el desempeño de millares de servidores públicos. El motivo aparente es el ahorro que hace falta para apoyar el gasto del Estado en otras áreas. Pero uno de los resultados de los despidos masivos que ya están en marcha será la conformación de una base de apoyo político del nuevo gobierno integrada por empleados incondicionales, temerosos y en muchos casos peor pagados que antes.
Toda la administración pública federal está conmocionada por esas disposiciones. La Secretaría de Hacienda instruyó a cada una de las dependencias y entidades para suspender contrataciones, despedir personal de confianza, cancelar contratos por servicios profesionales y vetar la contratación de trabajadores que ya hubiesen sido indemnizados. El reemplazo de funcionarios en niveles altos es frecuente en todos los cambios de gobierno pero ahora los ajustes afectan a trabajadores de todas las escalas en el entramado administrativo.
Las decisiones arbitrarias, que no toman en cuenta el desempeño de cada empleado público, se multiplican. Por ejemplo las delegaciones de la PGR deberán reducir a la mitad las plazas no sindicales que tienen hasta ahora. En el Instituto Mexicano de la Radio la cancelación de los contratos por honorarios significará el despido de casi todos los productores y conductores. En la Secretaría de Economía un grupo de trabajadores preparó una carta para el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“Nos insistieron en que firmáramos nuestra renuncia ya que el Estado no cuenta con los recursos económicos para liquidarnos conforme a la Ley, advirtiendo que si interponíamos una demanda ésta tardaría años en resolverse y además no podríamos retirar nuestro ahorro del Seguro de Separación Individualizado, así como también seríamos incluidos en una lista para no volver a laborar en la Administración Pública Federal”.
Casi todos los firmantes de esa carta ganan menos de 20 mil pesos al mes y varios tienen más de 30 años de experiencia laboral.
Con el pretexto de gastar menos, a miles de trabajadores se les ofrecen indemnizaciones que no cumplen los requisitos legales pero además se les somete a otras dos injusticias.
El gobierno ha prohibido la contratación de aquellos empleados públicos que han recibido una indemnización. Se vulnera, de esa manera, su derecho al trabajo.
La opción que tienen, si quieren ser contratados en un nuevo empleo dentro de la administración pública, es regresar el monto de la liquidación que se les entregó. En otras palabras, se les cobra por el nuevo empleo. Eso, a los pocos trabajadores que consiguieran un nuevo empleo dentro del gobierno. La gran mayoría simplemente se ha quedado sin ubicación laboral.
El desprecio de los nuevos gobernantes a los trabajadores de la administración pública se sustenta en una mezcla de ignorancia y prejuicios. En la cúpula de la 4T hay la idea de que el gobierno está repleto de empleados irresponsables e indolentes. Desde luego, hay trabajadores incumplidos. Pero las dependencias oficiales no podrían funcionar sin los servidores públicos, muchos de ellos contratados por honorarios o con plazas de confianza. Se trata de profesionales con probados méritos, que se han vuelto especialistas en las tareas que desempeñan y cuya experiencia y vocación de servicio resultan incuestionables. De manera muy injusta, se propala una imagen de los empleados públicos como si todos fueran aviadores, disfrutaran de privilegios indebidos o fuesen corruptos.
La descalificación que se hace de los servidores públicos manifiesta una concepción conservadora, como si adelgazándose el Estado fuese a resolver automáticamente sus ineficiencias e insuficiencias. En vez de fortalecerlo, el gobierno debilita las capacidades del Estado. Ésa es, aunque no se dan cuenta de ello, una postura típicamente neoliberal.
Los empleados que sean contratados para reemplazar a los despedidos serán incondicionales del nuevo gobierno, o se encontrarán obligados a comportarse como tales no por convicción, sino por miedo a quedarse sin trabajo.
El intento para nutrir a la administración pública con personas afines ideológicamente al nuevo gobierno se aprecia también en las descalificaciones contra el concurso de oposición como mecanismo para contratar a los profesores de educación básica. No se busca la calidad en el desempeño profesional sino la incondicionalidad con los grupos sindicales o con el gobierno.
De esa manera la 4T lesiona a las instituciones. Al menospreciar y maltratar a lo más importante que ellas tienen, que son sus trabajadores, se daña al Estado y a sus capacidades para resolver o reducir los grandes rezagos del país.
El nuevo presupuesto expresa una vocación anclada en el pasado e indispuesta afectar intereses corporativos. Más dinero para el Ejército y para programas clientelares. Menos recursos para educación superior e investigación científica, para protección del ambiente y para organismos autónomos. El proyecto de presupuesto fortalece al presidente, pero debilita al Estado.