María Marván Laborde
Excélsior
16/03/2017
Los eventos de la semana requieren reflexiones sobre dos fiscalías especializadas; para ser más precisos, sobre una fiscalía existente, la Fepade, encargada de investigar y perseguir delitos electorales, y la otra que debió existir desde 2014 y no acaba de crearse porque el Senado ha postergado ya varias veces el nombramiento del fiscal Anticorrupción.
El fiscal Santiago Nieto Castillo, quien se ha tomado en serio su trabajo, logró que se librara orden de aprehensión en contra de seis personas, cuatro de ellas exconsejeros del Instituto Electoral de Chiapas. El delito que se les imputa es la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero. A la exconsejera Margarita López Morales ya le dictaron auto de formal prisión.
El caso es relevante, al menos por dos razones. En primer lugar quisiera destacar el nivel jerárquico de los imputados. Es la primera vez que se logran órdenes de aprehensión en contra de consejeros electorales. Ya en el pasado se había logrado encarcelar a quienes habían alterado el padrón electoral a través del delito conocido coloquialmente como “turismo electoral”. Personas que cambian de domicilio con la intención de alterar los resultados electorales. Normalmente los únicos castigados eran los “turistas” y no así los líderes encargados de coordinar la operación. Por eso, hoy es relevante que los consejeros sean penalmente responsables.
En segundo lugar, el fraude electoral fue un fraude cibernético que, de acuerdo con el juez, quedó ampliamente demostrado el modus operandi, se pudo comprobar que para el registro se utilizaron servidores en México, cuando era requisito inscribirse desde el extranjero; las direcciones de correo electrónico eran desechables. Esto demuestra que sí es posible perseguir delitos cibernéticos.
Por otro lado, tenemos que hablar de la Fiscalía ausente. Desde 2014 el Senado debió haber nombrado al fiscal Anticorrupción. Tres veces se ha vencido el plazo para el nombramiento y han tenido que hacer nuevas convocatorias. Para la última convocatoria quedaron 25 personas inscritas. Dos de ellas fueron dadas de baja porque plagiaron partes importantes de sus ensayos. Quizá confiaron en que los senadores harían mal su trabajo, para fortuna de la Patria, una senadora se dio cuenta de su engaño. Ambos eran funcionarios de la PGR; dado que el plagio es un delito federal, creo que el propio Senado debería denunciarlos para hacer efectivo aquello de cero impunidad.
Por invitación de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción se conformó un Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) en el que participaron tres mujeres y cuatro hombres probos de gran prestigio nacional; el CAC participó en las comparecencias que se hicieron a los 23 aspirantes que cumplieron con todos los requisitos, evaluaron los currículos, delinearon un perfil para el fiscal y, después de una escrupulosa revisión y ponderación, presentaron a cuatro personas como los candidatos idóneos.
Entregaron a las Comisiones Unidas su reporte y, al mismo tiempo, lo hicieron público. Éstas debían entregar un dictamen a la Junta de Coordinación Política para hacer una propuesta al Pleno. Por mayoría calificada deberían elegir al fiscal Anticorrupción. El dictamen ignoró el reporte y simplemente establecieron que cualquiera de los 23 evaluados cubre los requisitos necesarios para ser fiscal.
En pocas palabras, el dictamen de Comisiones Unidas ignoró el trabajo del CAC. Es evidente que las recomendaciones de éste no son vinculantes, pero no deja de llamar la atención que las propias comisiones que convocaron a estas personas al proceso de evaluación ahora se preocupen por los alcances legales del trabajo del comité, y por las facultades que ellos mismos tienen frente a la Junta de Coordinación Política. Alegan que por un prurito jurídico no pueden circunscribir su dictamen a las recomendaciones del Comité; ya veremos si a la hora del nombramiento por el Pleno será tomado en cuenta o no. Urge que el fiscal quede nombrado para echar a andar la Fiscalía, piedra angular del Sistema Nacional Anticorrupción.