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El debate público

El circo de los gobernadores

María Marván Laborde

Excélsior

17/11/2016

Todas las semanas un gobernador corrupto llega a las primeras planas de los diarios. Parecía que la nota de la semana se la iba a llevar Padrés Elías cuando decidió entregarse, sin embargo, Javier Duarte fue capaz de ganarle con la carta que se entregó en el Congreso de Veracruz. El lunes a primera hora de la mañana, Jorge Ramírez Tubilla, primo de Karime Macías Tubilla, esposa del gobernador fugado, entregó un documento en el que supuestamente exigía al Congreso su inminente regreso a la gubernatura.

Con mucha prudencia los diputados veracruzanos dudaron de la veracidad del documento y decidieron que para darle validez debería presentarse Javier Duarte a ratificarlo y reconocer su firma. Hasta el momento eso no ha sucedido y probablemente no suceda en los 13 días que le quedan como gobernador con licencia.

Llama poderosamente la atención que los medios le hayan dado tratamiento de una broma, especialmente porque el mensajero es pariente político del exgobernador, pero lo que más extraña es que la Procuraduría General de la República no haya reaccionado a pesar de que existe una orden de aprehensión en contra de Duarte. Si el documento es falso, podemos suponer que Ramírez Tubilla está cometiendo un delito al entregar un documento apócrifo en la sede de uno de los Poderes del estado de Veracruz. Por el contrario, si el documento es auténtico, parecería prudente interrogarlo para saber del paradero del prófugo.

Después de la entrega voluntaria de Guillermo Padrés Elías, el miércoles por la mañana ya le dictaron auto de formal prisión por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Los días posteriores a su entrega, Lozano Gracia, su abogado defensor, se dedicó a recorrer todos los noticieros matutinos alegando la inocencia de su defendido. Sus argumentos suenan convincentes, tan es así que en una estrategia mediática casi desesperada, abogado y defendido decidieron subir a internet el juicio de amparo presentado ante el juez, que quedó sin efectos en virtud de la entrega voluntaria del acusado. Entre los argumentos que hacen dudar a cualquiera de la acusación, está la denuncia en dos juzgados distintos de un mismo delito.

Menuda presión la que está sobre el nuevo procurador Raúl Cervantes. Tiene que convencer a los mexicanos de su capacidad para perseguir los delitos de estos dos gobernadores y muchos más, Rodrigo Medina, Ángel Aguirre, Roberto Borge y César Duarte, etcétera. Al mismo tiempo tiene que probar que no está haciendo un uso faccioso de la procuración de la justicia. Un panista a cambio de un priista y quedamos a mano.

Los juicios mediáticos son relativamente sencillos, dichos y documentos aparecen como pruebas contundentes, pero cuando éstas llegan al juez no siempre se prueba su veracidad, las fechas se falsean, los casos terminan por escurrirse y la sensación de impunidad crece con la indignación de la sociedad.

Es urgente que el procurador, que aspira a fiscal, dé resultados y demuestre que el Sistema Nacional Anticorrupción puede funcionar. Considero que la premura crece por el triunfo de Trump en Estados Unidos.

Hasta ahora ha habido prudencia de parte del gobierno de Obama para no presionar por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como la que se instaló en Guatemala en el año 2007 bajo la presidencia de George W. Bush. Si bien es cierto que la CICIG provenía de la ONU, no es menos cierto que Estados Unidos tuvo un papel definitivo para que ésta fuera aceptada. También hay sospechas fundadas sobre su apoyo para que el comediante Jimmy Morales pudiese llegar a la Presidencia una vez que el presidente desaforado Otto Pérez Molina fue encarcelado por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como La Línea”.

México estará en una posición intrínsecamente débil para negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el tema de los migrantes, pero si empiezan a salir las dudas, por ejemplo, sobre los gobernadores de Nuevo León, Aguascalientes o Guanajuato que con actos de corrupción atrajeron inversión para plantas automotrices, nuestra posición será indefendible.