En defensa propia
Historias incompletas sobre el miedo.
Quisiera iniciar esta entrega ofreciendo una disculpa a los lectores por volver sobre asuntos que algunos ya consideran definitivamente resueltos, pues aunque no me referiré a los resultados de las elecciones del 2 de julio ni tampoco al debate jurídico suscitado por ellas, si me he propuesto examinar ciertas cuestiones que a mi entender nos ayudan a comprender mejor dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. En particular, me interesa recordar cómo fue que el Estado trató de impedir que la izquierda ejerciera a plenitud sus derechos mediante el escandaloso desafuero de Andrés Manuel López Obrador y, más adelante, gracias a la creación de una terrible “mentira ideológica”, si tal expresión existiera, al calificar como un “peligro” a quien era entonces sólo un legítimo adversario político. Ese trato derogatorio, impensable en las verdaderas democracias, alentó en forma increíble la crispación pública y nos ubicó en una ruta de colisión. Me hago cargo de que estamos en una crisis de gran envergadura cuya solución exigirá de todos los protagonistas un enorme coraje y claridad de miras.
El peligro de llamarse López Obrador
Hay un aspecto (no el único) que a la hora del ajuste de cuentas luego de las elecciones se olvida o se malinterpreta: me refiero a la noción, creada para justificar el desafuero más allá de los argumentos legales, en el sentido de que el lopezobradorismo representaba –y lo es todavía para otros- un “peligro para México”. Desplegada por el PAN, con el apoyo explícito de varios grupos empresariales inclinados en forma activa a la derecha, se pasaba al usarla indiscriminadamente en los medios de una forma de competencia ríspida, sin contemplaciones, entre dos partidos y dos candidatos que una vez formaron filas en la oposición, a un calculado mecanismo descalificador, claramente antidemocrático, tardíamente suspendido por la autoridad correspondiente. Difiero, pues, de la opinión vertida por Luis Salazar (Nexos ) al criticar que el máximo tribuna electoral se convierta en “garante de calidad” de la propaganda en vez de circunscribirse sólo a vigilar la legalidad de tales actos. Esa, está claro, no es su función. Pero dejar intocados los contenidos que podrían implicar incluso la comisión de un posible ilícito, sería absolutamente incomprensible e injusto, sobre todo cuando se pide sin tregua a los partidos que por piedad eleven el ínfimo nivel intelectual de sus acciones y propuestas, evitando, además,que la polarización se instale en todas las contiendas de aquí en adelante Sin embargo, pese a todo y a fin de cuentas, el Tribunal resolvió no acreditar ese tipo de quejas como probable causal de nulidad, dejando las cosas como estaban, tras argüir de modo evasivo la imposibilidad material de probar los efectos de las campañas sucias ( y la aplicación de enormes recursos públicos oficiales) sobre el ejercicio del voto ciudadano.
Sin embargo, esa resolución, al igual que otras tomadas con carácter definitivo, no debería impedir la valoración política de un problema real, cuyo lugar no puede ser el tapete bajo el cual se esconde toda la basura del conflicto postelectoral. La noción de que Andrés Manuel López Obrador era –y es-- un riesgo para la convivencia civilizada, introdujo un dardo envenado en la vida pública, distorsionó la visión del enfrentamiento político entre izquierda y derecha, como si en verdad se tratara de una guerra donde solo la segunda podía ganar con legitimidad.
Antes, como ya es de sobra conocido, con la complicidad del Congreso, la Procuraduría General de la República y algunos jueces ya había puesto en marcha el plan maestro para excluir al perredista de los comicios, violando así todo compromiso ético con la idea de un país de pleno derecho. Nadie en México ignora que la responsabilidad última de estos actos pertenece al Presidente Fox quien se irá sin pena ni gloria en unas semanas más, así como al Partido de Acción Nacional que tratará de iniciar el sexenio en medio de un grave crisis política, sobre todo si sus consecuencias siguen ignorándose olímpicamente. De cualquier forma que se le vea, éste es el mayor saldo negativo se un gobierno decepcionante: quedará para la historia el hecho de que las famosas reglas del juego, a las que se suele aludir con respeto bíblico para desmentir el fraude denunciado por López Obrador, no fueron rigurosamente cumplidas por el Jefe del Estado, cuya irresponsable actitud puso en tela de juicio la norma de oro de la transición, a saber: la no intervención del Estado en el curso de los proceso electorales, la desviación y el uso de la ley para dañar a un adversario político..
Dile que no al populismo
A dichos ataques, la campaña de la derecha unió la crítica al populismo, planteada sin originalidad alguna, asumida como simple repetición mecánica de las que hace tiempo refritean los sepulcros blanqueados desde la derecha, dispuestos como nunca a enterrar a los viejos fantasmas del nacionalismo y otros ismos del pasado, seguidos en esa obra por viejos mentores que aún se dicen de izquierda. Sin embargo, el debate, en sí mismo importante, se extinguió cuando comenzaron a sonar los tambores de los publicistas rentados. Gracias a la mercadotecnia se trazó un retrato oscuro de la oferta lopezobradorista, destinado crear por simple asociación negativa incertidumbre, temor, sin atender ni por un momento a la situación política y social que le daba peso y dirección a sus planteamientos. Junto a la denuncia del “peligro” populista, resurgió la crítica al caudillismo en el PRD, fustigado desde su fundación, cuando la Presidencia de Salinas decidió combatir como un solo enemigo ideológico a la vieja “nomenclatura príísta” y a los jóvenes turcos del sol azteca que encabezados por Cuautémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo habían peleado a muerte contra el oficialismo. En aras de su rápido desprestigio, se llegó a decir en tono doctoral que ese partido era la expresión anómala del proceso de crisis y recomposición del PRI, es decir, una falsa izquierda montada sobre los valores y las tradiciones de los antiguos grupos socialistas, cuya voz se apaga en 1989, en sintonía con la clausura histórica de la Unión Soviética y el campo socialista. La denuncia de tan hipotética “restauración” se mantuvo viva, pese al reconocimiento legal de la izquierda en todas las instancias competentes, pues formaba parte del mito vendido por el poder a sus nuevos socios empresariales para acreditare compensación contra la pobreza no identificable con el reformismo social impulsado, digamos, por Lázaro Cárdenas, borrado como un anacronismo del repertorio del Estado mexicano. El PAN, a la cola de la “modernización” adoptó completa esa visión a cambio de sus propios postulados doctrinarios hasta que la crisis nos alcanzó de nuevo a todos en 1994 y 1995 y el experimento de reformar la economía sin cambiar la política terminó abruptamente bajo la presión internacional que empujó hacia la reforma democrática de 1996, luego de asesinatos políticos sin nombre, el alzamiento zapatista y la manifiesta impotencia del gobierno para darle una salida viable a la crisis política inocultable del régimen. Si acaso, habría que más humildes en cuanto a los logros alcanzados en democracia y volver a revisar qué pasó entonces con esos millones de ciudadanos, cuyo desencanto ya se anticipaba a la alternancia, pues allí está presente el caldo de cultivo ético y cultural donde se fueron creando las condiciones para la crisis de credibilidad en que hoy nos hallamos inmersos.
Acaso ahora, a la luz de los recientes acontecimientos, entendamos mejor qué nos decían las encuestas sobre cultura política de hace unos años respecto a cuestiones controvertidas como la actitud ciudadana ante la ley o la preferencia por políticas públicas si estas mejoraban las condiciones de vida de la gente, incluso sin ampliar los márgenes de libertad. Ya sabíamos que las instituciones republicanas como el Congreso siempre han sido menos valoradas que la Iglesia, pero no tan poco como la policía que debe cuidar de nuestra seguridad. Saber que, pese a los avances conseguidos, la intolerancia persiste y con ella el abismo entre las ideas de la élite y lo que piensan los ciudadanos corrientes, sometidos como están a la prueba del ácido de vivir cotidianamente en un país más bien imaginario, inventado sexenalmente por sus gobernantes de turno. ¿Alguien se extraña por el descrédito de las instituciones o el persistente alto nivel de abstencionismo? dos cuestiones vitales que siguen sin respuestas convincentes.
¿Una sublevación en curso?
Ahora, la línea de ataque contra el lopezobraodrismo consiste en develar el carácter no democrático de su opción, atribuyéndole dos rasgos bien instalados en la mentalidad de la derecha convencional como esenciales en la izquierda mexicana, a saber: la radicalidad antisistema y la opción por la violencia. No hace falta recordar aquí, que por desagradables que resulte ese partido a los ojos de sus críticos, esa no la ruta emprendida desde hace 18 años por las fuerzas que fundaron el PRD, cuya contribución al desarrollo democrático del país es indiscutible y demostrable, pese a sus graves desaciertos y errores. Tampoco lo es ahora, si observamos que la primera medida tras disolver la Coalición por el Bien de Todos ha sido formalizar el registro del Frente Amplio y Progresista, una opción prevista por el Código Federal de Procedimientos Electorales cuyo peso podría crecer en la estrategia actual de los partidos que lo integran. Lo mismo puede decirse de los legisladores locales y federales que están cumpliendo con las obligaciones que la ley les impone. Además, las operaciones públicas de Lopez Obrador fuera del el DF han sido para apoyar a los candidatos de su partido en las elecciones de Chiapas y Tabasco, esto es, procesos institucionales consagrados por la ley. Así que más vale no confundir la ruptura política consumada con el régimen a raíz de las elecciones, cuya trascendencia no debería subestimarse ni confundirse, como hace la derecha, con un ataque general en clave revolucionaria a las instituciones sin excepción, es decir, con una “insurrección, como se ha exagerado en distintas oportunidades y medios. Sin duda, la estrategia planteada en la Convención Nacional Democrática tiene problemas aún no suficientemente abordados ni discutidos, es cierto. Pero el liderazgo se mantiene incólume, pese a errores en la formulación de algunas tácticas o en temas tan discutidos como los plantones en Reforma. No es un tema menor el reconocimiento de López Obrador como presidente legítimo, una cuestión controversial que no puede convertirse en una petición de principios, así se trate de un tema simbólico o moral de extraordinaria importancia, aprobado por más señas durante una reunión representativa del movimiento de resistencia civil. En el futuro próximo, el lopezobradorismo intentará fundar formas nuevas de hacer política, sin reducirse a cubrir el expediente de la oposición a la manera tradicional. Cuenta para ello con la movilización de masas y la posibilidad de seguir tejiendo una coalición con vocación de poder dispuesta a ser la mayoría nacional. Nada de esto es, en rigor, incompatible con la legalidad constitucional que rige el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Tampoco con la idea, muchas veces expresada por López Obrador, de guiarse por los dictados del mayor interés del pueblo que ha depositado sus esperanzas en él.
Una palabra más sobre la perspectiva. Mucho se ha estudiado el vínculo entre autoritarismo/democracia, que fue axial para comprender e impulsar la transición, pero no ocurre igual con la distinción izquierda/derecha, propuesta por Norberto Bobbio como una clave de la comprensión de la sociedad moderna y, a la vez, como el punto de partida para la configuración de una nueva y amplia coalición de izquierda capaz de proponerse metas de cambio a mediano y largo plazo. En La Jornada he dicho –y cito por no repetirme- que el futuro de nuestra democracia depende de lo que pase con la izquierda y su capacidad para generar opciones al orden cuando éste es injusto. En éstas épocas, nadie le regatea nada al formalismo jurídico, pero “sin esa crítica la izquierda es irrelevante, como lo es si no pasa de las palabras a los hechos y hace política contra la desigualdad y sus causas, pues es en ese universo donde se entierran los sueños de progreso de los mexicanos y se define su razón de ser como tal izquierda. Justo porque la democracia, en cuanto conjunto de normas y procedimientos, no es el mercado, la posibilidad de impulsar otra política económica, capaz de sustentar la reforma social necesaria, debatida y aprobada por la mayoría de los ciudadanos con pleno respeto al pluralismo es una tarea esencial para la izquierda. Sin embargo, la mera posibilidad de que eso pudiera ocurrir ha suscitado una reacción desmesurada entre aquellos que piensan la tarea del gobierno como fomento de la riqueza de los particulares posponiendo sine die el tema de la redistribución del ingreso del cual, en otros países capitalistas, depende en general la prosperidad de sus sociedades.
Finalmente la gran tarea planteada hoy a las fuerzas de izquierda es desplegar la propuesta reformadora que López Obrador representa, centrada en lo social pero sin descuidar la reforma democrática del Estado, misma que recibió el apoyo de quince millones de electores y ahora cuenta con un grupo parlamentario extenso para ser llevada al Congreso
