María Marván Laborde
Excélsior
19/05/2016
Si algún mal aqueja a nuestro país es la pésima procuración y administración de la justicia. Los crímenes quedan impunes y, al mismo tiempo, se fabrican culpables cuando lo necesitan las autoridades o cuando los medios lo demandan.
Hace ocho años se aprobó una reforma que debería transformar el sistema penal en todos sus aspectos. Se tuvo la esperanza de que, al pasar del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, entraríamos en un nivel de desarrollo democrático y de respeto a los derechos humanos, hasta ahora desconocido en nuestro país.
Hubo tiempo para preparar e instrumentar la transición. No sólo lo hemos desperdiciado, además, hay contrarreformas importantes y eventos emblemáticos que sólo han de servir para documentar nuestro pesimismo. Estacionados a la mitad del cambio, cada paso que intentamos dar, lejos de avanzar, nos hunde en el pantano más y más.
No hemos podido contener, ya no se diga evitar o castigar, las investigaciones negligentes o las sentencias por consigna. A la ineficacia y falta de ética de las autoridades se suman abogados convertidos en auténticos coyotes, por si fuera poco los medios publican su sentencia previa. La ligereza de reporteros y analistas puede destruir vidas o acabar con el futuro de personas que, a su parecer, son culpables.
Esta semana, en Milenio, escribió Diego Fernández de Cevallos que los linchamientos mediáticos “son verdaderas canalladas”, sin conocer el expediente ni la ley, sin escuchar a los imputados o averiguar si hay pruebas, se cargan del lado mediático y ofrecen megáfonos a versiones que no tienen idea si carecen de sustento. Si la noticia vende, ¡adelante!
Jamás reconocerán los medios que señalar “culpables” en los medios, identificarlos por nombre, apellido y fotografía niega la posibilidad a los inculpados de tener un juicio justo. Para defender sus acciones argumentan que ellos no tienen por qué hacer el trabajo de los ministerios públicos, no son policía investigadora y no son Poder Judicial. Sin embargo, sin toga ni conciencia, se erigen en jueces. Sus yerros no generan responsabilidad, por eso no piensan en las consecuencias.
Sólo en esta semana tenemos dos casos que ejemplifican, pero no agotan, lo que sucede cotidianamente a este respecto. El caso del conductor Andoni Echave y el del kínder Montessori Matatena.
El primero, señalado por una periodista norteamericana como su agresor en la colonia Condesa. Como escribió él mismo en el periódico El Universal (16 de mayo 2016), después de la gafe mediática-judicial quedó “estigmatizado, endeudado y sin una disculpa pública”.
El segundo, el caso de Rafael Duarte, esposo de Patricia Guitián, dueña del kínder Matatena, está en la cárcel, el juez ya dictó auto de formal prisión por un caso de supuesto abuso sexual, en donde los medios se unieron al coro de “crucifíquenlo, crucifíquenlo”, sin pruebas y sin reparar en inconsistencias importantes. Los medios, con tal de no perder la nota, dan voz a una sola de las partes y, cuando pueden, agregan de su cosecha. El expediente habla de tres niños, algunos medios han llegado a decir que son ¡16!
Cada vez es más frecuente ver cómo los medios inclinan la balanza del lado de lo políticamente correcto. Este es el caso de las denuncias de abuso sexual, especialmente en las escuelas. La falta de profesionalismo de las autoridades les impide resistir la presión mediática. No se actúa conforme a derecho, se actúa por consigna para autoprotección y no en una búsqueda por la verdad, entre otras cosas porque las carencias para investigar siguen siendo una de las muchas debilidades de nuestro sistema judicial.
El mundo, especialmente el mundo católico, se ha arrepentido, con razón, de no haber escuchado a las víctimas de abuso sexual. En México, después de lo que podríamos llamar “el fenómeno Maciel”, toda denuncia es creíble y explotable mediáticamente. Ahora, como antaño, las autoridades renuncian a hacer su trabajo.
No es cierto que en México eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario y tampoco es cierto que todos tienen derecho a un juicio justo y al debido proceso. Cuando los medios juzgan y sentencian, también contribuyen a la podredumbre de nuestro sistema judicial.