María Marván Laborde
Excélsior
23/07/2015
En nuestro país, la Justicia, sí, justicia con mayúscula, no funciona. En noviembre del año pasado, después de Tlatlaya y Ayotzinapa, el Presidente, desde el Palacio Nacional, entregó el famoso decálogo que incluía la solicitud de un estudio sobre lo que él llamó la justicia cotidiana, es decir, todo aquello que no fuera la justicia penal.
Hace meses el CIDE entregó sus conclusiones con 217 recomendaciones puntuales surgidas de un desolador diagnóstico fundamentado empíricamente. Evidenciaron que la cadena de administración y procuración de justicia está podrida. Los jueces no hacen su trabajo, el atraso en la resolución de conflictos es bestial, el sistema de peritos no funciona, la falta de ética de los abogados es un problema. En resumen, el Estado mexicano es incapaz de proveer al ciudadano seguridad y justicia.
El tema de la justicia quedó subyugado al narcotráfico, todo se redujo a la delincuencia organizada y a la justicia penal. Cualquier otro tema de justicia está en el más absoluto abandono. Afortunadamente el CIDE no sugirió una reforma legal que, cual varita mágica, transformara la realidad. En México se han desatendido las políticas públicas que deberían garantizarnos acceso a la justicia. Esto pone en riesgo al Estado mismo.
Los últimos hechos nos confirman que ni la justicia cotidiana ni la justicia penal funcionan en nuestro país, es decir, no es que se haya abandonado la primera y que la segunda funcione como reloj suizo. Ambas son un verdadero desastre. Para muestra, sobran botones.
Lorena González, La Lore, presunta secuestradora de Fernando Martí, fue liberada hace unos días porque, después de siete años, el Ministerio Público no pudo demostrar que hubiese estado involucrada. Si lo estuvo y no lo pudieron demostrar, malo, pero si no lo estuvo, peor. Se fabrican culpables a conveniencia que terminan siendo víctimas.
La reciente fuga de El Chapo nos confirma, una vez más, que el sistema carcelario es un desastre. La cárcel de alta seguridad que, a decir del secretario de Gobernación, ha recibido toda clase de certificaciones, es vulnerable. Nadie se hizo cargo de custodiar los planos de la cárcel que ahora están en manos del crimen organizado.
Un estudio, también del CIDE, revela que a las cárceles les falta hasta lo más indispensable, como el agua potable; la comida se vende a los presos y sus familiares acaban siendo proveedores del sistema carcelario (Miguel Carbonell, El Universal). En las cárceles manda el dinero y, a través de él, se consigue lo necesario para vivir, pero también lo que haga falta para huir o delinquir desde la comodidad del encierro.
Esta semana, la Procuraduría General de la República recontrató a Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de la entonces SIEDO, quien fue acusado por el fracasado programa de testigos protegidos de tener vínculos con el narcotráfico. Otra vez, si nunca estuvo vinculado y fue injustamente acusado, malo, si lo estuvo, pero no lo pudieron probar, peor; pero si no tienen elementos que prueben fehacientemente su inocencia y lo están recontratando, peor en superlativo.
Volvieron a recurrir al expediente fácil de echar la culpa a las recomendaciones de Derechos Humanos, aunque más tarde eliminaron esta justificación. En 1989 se creó en la Segob la Dirección General de Derechos Humanos, en 1992 se fundó la CNDH y en 1999 se le dio autonomía constitucional. Es increíble que, después de 26 años, todavía no podamos hacer justicia conforme a derecho. Las autoridades no pueden respetar los derechos de los seres humanos e impartir justicia eficientemente. El pretexto falaz, hace daño a la justicia y a los derechos humanos.
Me hago cargo de que hablo de responsabilidades tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial; están entremezcladas cuestiones de orden local y federal, pero la ineficiencia de la justicia es compartida y a todos atañe encontrar soluciones.
A manera de colofón: ¿qué sucedió con Plataforma México? ¿Es cierto que Mondragón la desmanteló? Si no funcionaba, ¿por qué no se le fincan responsabilidades a García Luna? Si funcionaba, ¿por qué no se le fincan responsabilidades a Mondragón? Si hubiese estado funcionando, ¿se habría escapado El Chapo?