Jul 13, 2017

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Falsa ilusión de la equidad

Falsa ilusión de la equidad

María Marván Laborde

Excélsior

13/07/2017

De entre los muchos desaciertos que ha tenido el legislador mexicano, quizá uno de los más graves y dañinos es haber facultado a las autoridades administrativas y jurisdiccionales a determinar qué pueden decir partidos y líderes políticos, cuándo pueden decir qué, qué uso de la pauta es válido y cuál no.

Nuestras leyes electorales son un catálogo de prohibiciones que ningún partido está dispuesto a cumplir; especialmente desde 2007, cuando inventamos el modelo de comunicación política. El activismo de los jueces electorales, azuzado por las quejas de políticos remilgosos, ha generado una ¡basta! y, en muchas ocasiones, contradictoria jurisprudencia.

En la gran mayoría de los países democráticos existe la obligación del Estado de garantizar condiciones competitivas a los partidos, se espera que ni el marco legal ni el dinero determine al ganador y que no haya un solo partido que arrase con todos los puestos en disputa. Por ello se justifica el financiamiento público y se fiscalizan los recursos. Ésta es también la razón por la que en México se ha garantizado que todos los partidos y candidatos tengan acceso, de manera gratuita, a la radio y a la televisión.

Sin embargo, aquí hemos construido la fantasía de una equidad imposible y quizá indeseable. Pareciera que de verdad creemos que la equidad no sólo significa garantizar un arranque parejo, sino también mantener condiciones estables en todo momento. No hemos caído en cuenta de la enorme contradicción implícita. Las campañas políticas están hechas para romper el equilibrio y alterar las preferencias de los votantes.

En nombre de la equidad definimos artificiosamente tiempos ordinarios, inicio del tiempo electoral, precampañas, intercampañas y campañas. Legisladores y jueces han asignado a cada momento prohibiciones específicas y uno que otro permiso. Prohibimos, pero no castigamos los actos anticipados de campaña. A ver qué deciden los jueces ahora que ya hay reelección.

Recientemente, Margarita Zavala se quejó frente al Tribunal Electoral porque el presidente de su partido “abusaba” de los anuncios, a los que tiene derecho el PAN, para promoverse como candidato. Como no pudieron resolver el problema internamente, han ordenado al INE a emitir lineamientos que digan quién, cómo y cuándo puede aparecer en los spots de radio y de televisión.

Los liderazgos y las candidaturas se construyen con el tiempo, están en pugna desde mucho antes que inicien los procesos electorales. ¡Legítimamente buscan darse a conocer, pero nuestro puritanismo equitativo los condena a la hoguera! ¿De verdad queremos llevar a las últimas consecuencias esas condiciones “equitativas” inventadas por legisladores y jueces? ¿Por qué no mejor exigimos que los candidatos salgan de una rifa en la que sólo participen los militantes que nadie conoce? Sería un método más efectivo para garantizar la anhelada equidad.

En las elecciones de 2016 inventamos una nueva modalidad de queja. A raíz de un spot particularmente violento en el que participaba un menor, ahora se regulan, desde el derecho electoral, las condiciones de participación de niños y niñas en los spots. Puedo ser empática con cierta regulación que atienda el interés superior de los niños y de las niñas, pero estoy convencida que eso es materia del derecho civil y del derecho laboral, acaso de la Secretaría de Gobernación, pero jamás debió ser asunto de las autoridades electorales. Abierta la puerta, sucedió lo obvio, se convirtió en pretexto para impugnar anuncios incómodos de los contrincantes.

Otra vez, ¿queremos solucionar el problema de raíz? Prohibamos de manera tajante que aparezcan menores en la propaganda política y ya, de paso, saquemos todos los spots de la barra infantil. Por lo menos las reglas serían más claras.

Soy de la idea de que lo único urgente para nuestras reglas electorales es un franco proceso de liberalización. Necesitamos tomarnos más en serio la libertad de expresión y sacar a la autoridad de juzgar el contenido de la propaganda electoral y política. Salvo en casos extremos, en los que algún candidato enarbolara un discurso de odio o conminara a la guerra fratricida, no debería existir tal cosa como “el uso indebido de la pauta”.

 

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