Jacqueline Peschard
El Universal
30/03/2015
Es imposible no respaldar los reclamos presentados ante el INE por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Las razones de sus agravios son indisputables, los padres dolidos que hoy integran la Asamblea Nacional Popular sostienen que no deben realizarse elecciones en Guerrero, ni en todo México, porque no hay condiciones para una verdadera participación ciudadana, debido a que no se ha hecho justicia, pero demandar la cancelación de las elecciones de este año y pretender realizar en su lugar asambleas populares no es una solución viable ni deseable. Impedir que se realicen elecciones es obstaculizar el ejercicio de un derecho político fundamental y quebrar la continuidad institucional que es necesaria para reparar el daño infligido a las familias y avanzar en las reformas de leyes y procedimientos que requerimos con urgencia.
En el documento que entregaron a Lorenzo Córdova hablan del contexto en el que vivimos, donde los partidos han caído en un fuerte descrédito, aunado a los millonarios gastos de las campañas electorales; la inseguridad que priva en varios estados genera temor y el Estado de derecho está en entredicho por las desapariciones forzadas. Un listado contundente, pero, la conclusión a la que llegan se antoja más producto de la desesperación por mantener vivo su movimiento que como una propuesta factible para lograr la renovación de los poderes.
Los padres de Ayotzinapa propusieron al INE que se nombre a las autoridades bajo el régimen de usos y costumbres, es decir, por la vía de asambleas populares, o consejos ciudadanos en los que participen y sean electos directamente miembros de la comunidad y no candidatos que respondan a los intereses de los partidos políticos. El consejero presidente se comprometió a analizar su requerimiento y darle respuesta, aunque adelantó que un cambio de régimen de elecciones en Guerrero es competencia del Congreso local, pues requeriría una reforma constitucional.
Pensar en autoridades nombradas directamente por la comunidad implica formar gobiernos de asamblea en los que se decide por aclamación. Hoy sabemos que esta fórmula tiene serios inconvenientes, pues concibe a la sociedad como un ente homogéneo, en el que no tiene cabida ni la diversidad, ni la disidencia y en donde la presión del colectivo anula las preferencias personales. Además, por tradición, las mujeres han estado imposibilitadas para ocupar algún cargo.
Es cierto que en México el artículo 2º constitucional reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación sobre sus formas de convivencia y de organización política. Pero, está pensado para municipios indígenas que tienen prácticas y procedimientos históricamente arraigados, aunque al estar basados en reglas y costumbres suelen chocar con el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.
En Oaxaca, el llamado “sistema de normas internas” que se implantó en 2001 para los municipios de población indígena que así lo han solicitado, ha mostrado que no es una fórmula exenta de conflictos para resolver quién gobierna. La controversia más reciente de este régimen de elección municipal fue el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, hoy destacada diputada federal del PAN, a quien en 2007 se le invalidó el resultado de la asamblea municipal en Oaxaca, justamente por ser mujer. Ganó la tradición en contra del derecho a la igualdad de las mujeres, en cambio, su participación en el régimen representativo le ha dado un espacio para pelear por los derechos de las mujeres indígenas y hacerlos vigentes en los municipios de normas internas.
Puede ser que las elecciones no resuelvan la crisis de confianza que padecemos, pero hoy por hoy son el mejor mecanismo con el que contamos para garantizar una participación amplia y libre de todos los ciudadanos.