May 5, 2016

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¿IFE vs. INE?

¿IFE vs. INE?

José Woldenberg

Reforma

05/05/2016

Hace unas semanas un grupo de estudiantes del ITAM nos invitó a Lorenzo Córdova y a mí a una conversación sobre la autoridad administrativa electoral. E imagino que para “darle sabor al caldo” la titularon “IFE vs. INE”. Se trataba de elevar la temperatura del debate y qué mejor que presentarlo como una pelea. Por ello dije, de manera anticlimática, que resultaba muy difícil la comparación. Por dos razones: a) las nuevas tareas y líneas de tensión que debía administrar el INE y b) el ambiente político-cultural en el que ambos institutos desarrollan o desarrollaron sus actividades. Explico lo primero.

Al IFE y al hoy INE se les han venido multiplicando sus facultades y no siempre de manera sensata. Da la impresión que algunos piensan que entre más atribuciones tenga una autoridad más fuerte será. Y no es así. Si esas tareas no son pertinentes tienden a erosionar a la institución. La idea original del IFE era la de una autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones. Encomienda crucial que cumplió y cumple a cabalidad. Es más, hoy los eslabones que integran el proceso electoral (casi) no se discuten: padrón, organización, capacitación, PREP y súmele usted, que en los años noventa estuvieron en el centro del debate público, hoy son rutinas bien aceitadas que se efectúan (casi) sin fricciones.

Pero luego se decidió -y pongo solo tres ejemplos-, que el IFE administrara los tiempos del Estado en radio y televisión durante las precampañas y campañas electorales. Lo que ha cumplido sin duda. No obstante, le abrió una línea de tensión con los usufructuarios de las concesiones mediáticas. Ahora, es además el encargado de fiscalizar los ingresos y gastos de campaña no sólo en las elecciones federales sino también en las estatales; además lo debe hacer en un tiempo extremadamente corto porque el rebase en los topes de gasto puede ser causal de nulidad de la elección. Lo que hace que la línea de tensión con los partidos esté más sobrecargada que en el pasado. El INE ahora puede -ojo, es una potestad no una obligación- “asumir, atraer o delegar” facultades de los institutos locales, además de que nombra a los consejeros de los mismos y los puede remover. Lo cual abre una zona de fricciones con esos organismos. Y la lista se puede ampliar sin problema. Sin embargo, se trata de misiones de las que ha salido o puede salir bien librado.

No obstante, el encargo que más lo está desgastando es el de ser juez de los litigios entre partidos. Como si no contáramos con tribunales -que precisamente se crean para desahogar conflictos-, se ha venido transformando a una autoridad administrativa en un tribunal…sin serlo. El IFE y el INE han mostrado con creces que cuando se trata de los eslabones del proceso electoral, la autoridad puede apostar de manera cuerda a alinear al conjunto de los partidos en una misma dirección: puede suponer que a todos conviene una lista de electores sin “fantasmas” ni “rasurados”, una organización sin sesgos, una capacitación profesional, una distritación guiada por criterios técnicos, etcétera. Es decir, puede apostar a resolver de manera razonable y razonada, con el concurso de los representantes partidistas, la agenda central de una elección.

Pero cuando el partido A acusa al partido B de lo que usted guste y mande, el INE, por definición, no podrá quedar bien con ambos. Y el conflicto tarde o temprano estallará. A querrá que se sancione y B clamará por ser absuelto. Y haga lo que haga ese “juez” de primera instancia, el litigio acabará en la mesa del Tribunal, que además ha establecido la mala costumbre de “pelotear” los casos con el INE, en lugar de resolverlos en definitiva. Así no solo se multiplican las tensiones con los partidos sino también con el Tribunal. El caso de los procedimientos especiales sancionadores es más que ilustrativo. Los legisladores, en la última reforma, establecieron que el INE -en esos litigios- sería una especie de ministerio público que armaría el expediente, y que sería el Tribunal quien resolviera. Pero las llamadas “medidas precautorias” quedaron en manos de una comisión del Consejo General del INE -que por ejemplo puede bajar o no, a petición de un partido, un determinado spot en radio y televisión-. Otra vez, se le encomienda al INE ejercer como juez…cuando, insisto, no lo es. Pregunto: ¿Por qué no todas las querellas van desde un inicio a los Tribunales que para eso están? Ese pequeño ajuste redundaría en un deslinde de los campos que acabaría fortaleciendo al INE.

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