Ricardo Becerra
La Crónica
23/10/2016
Tarde o temprano tenía que pasar. Las instituciones que produjo el cambio democrático acaban corrigiendo replicando a un fósil, sedimento del viejo México corporativo.
Allí lo tienen: el salario mínimo se convirtió en controversia de dos realidades incompatibles: una nación que se quiere fundar sobre derechos esenciales, frente a otra, que se basa en acuerdos cupulares (tripartita, se dice). La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), símbolo del México antiguo, ha entrado en colisión con las instituciones que la democracia ha creado, con ese cúmulo de instituciones que trabajosamente se integran a través de pesos y contrapesos que representan el complejo pluralismo mexicano. Y el salario mínimo está en el centro de esa colisión. Veamos.
1) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ha corregido la plana al Señor Basilio González (Presidente de la Conasami desde hace 25 años) por querer ocultar los estudios que él mismo propuso para estudiar el aumento del salario mínimo. Divulgar tales documentos “tensaría la relación obrero-patronales” decía la Conasami. Pero el INAI entendió perfectamente que el salario de los mexicanos, y su evaluación técnica, económica, son del más alto interés público. Deben formar parte de la deliberación nacional y ordenó publicar esos estudios.
2) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de atraer un amparo que una trabajadora de limpieza interpuso en contra del miserable decreto que la Conasami eyectó en diciembre pasado, y por el cual el salario mínimo se ubica en ¡73 pesos al día! La Suprema Corte entiende que éste es un asunto de enorme relevancia y que debe ser corregido incluso por la forma en que se decreta. Y por ello, atrajo en la cumbre de la justicia mexicana, el tema de los ingresos de los más pobres.
3) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló hace unos meses una de sus más agrias reprimendas contra la Conasami, señalando que sus “estudios” (144 entre 2001 a 2014) son una vacilada inconexa, incoherente, “sin metodología” pero que le han costado a los mexicanos 539.6 millones de pesos. Es decir: los salarios mínimos en México no se decretan con profesionalismo ni seriedad técnica, sino con los prejuicios ideológicos dictados por Hacienda y ahora por el Banco de México, mediante una escandalosa captura institucional.
4) Lo más grave ha sido señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): resulta que la desdichada Conasami ha incumplido su mandato constitucional sistemáticamente, desde hace un cuarto de siglo… y tan campante.
No solo eso, el estudio realizado por la Sexta Visitaduría revela que México incumple con al menos 20 tratados internacionales al decidir ese sueldo que no alcanza ni para adquirir la canasta alimentaria. O sea: la Conasami y sus decisiones provoca la pobreza extrema de millones de trabajadores que –ellos sí- trabajan dura y honestamente.
¿Lo ven? Es todo un síntoma: las instituciones modernas, producidas o modificadas por la democratización (INAI, SCJN, ASF y CNDH) han reprobado el trabajo de la Conasami durante tres décadas.
El presidente Peña y el confuso Secretario del Trabajo deben tomar nota: el decreto de los salarios mínimos, este diciembre, ya no puede hacerse como en los viejos tiempos. Los salarios mínimos dejaron de ser un asunto del México corporado y se colocan por derecho propio, como un tema medular de nuestra democracia.