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El debate público

Justicia y seguridad al tuntún

 

 

 

Jorge Javier Romero

Sin Embargo

10/05/2018

Lo dicho: ninguno de los candidatos sabe de lo que está hablando cuando habla de seguridad y justicia. Si en el primer debate se mostraron improvisados y titubeantes cuando ese era uno de los temas que centraría la discusión, resulta mucho más preocupante que en un foro como el Diálogo por la Paz y la Justicia, convocado por diversas organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, seguridad y justicia, los candidatos asistentes se hayan mostrado tan limitados y poco informados, pero sobre todo tan carentes de ideas y propuestas.

La ausencia de Margarita Zavala fue una toma de posición en sí misma, pues la convocatoria al encuentro traía implícita una crítica a las políticas que en estas materias impulsó su marido durante su gobierno, pero los cuatro que sí asistieron dejaron la impresión de que ninguno de ellos sabe qué hacer para enfrentar uno de los asuntos más graves de la vida nacional. Los cuatro comparecientes reconocieron, de una u otra manera, que el modelo actual es un fracaso, pero ninguno fue capaz de delinear una política de Estado, o al menos un programa de corto o mediano plazo, para frenar la sangría, reconstruir lo arrasado por el desastre y plantear un modelo de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. De ninguno de los cuatro se oyó un compromiso serio con la construcción de un sistema de justicia profesional, eficaz e independiente. Tampoco hubo en sus intervenciones propuestas para revertir la militarización.

Si bien todos fueron críticos con la situación actual, ninguno ha siquiera volteado a ver a la prohibición de las drogas como detonante del desastre. Solo a pregunta expresa, se refirieron titubeantes al tema. Anaya se mostró dispuesto a discutir y dijo que convocaría a un foro regional para abordar la prohibición, como si no se hubieran hecho ya infinidad de foros y no se contara con la evidencia suficiente para poner en el centro del cambio de política el abandono del paradigma prohibicionista. López Obrador, como siempre, eludió una toma de postura diciendo que lo sometería a consulta. Meade repitió que acabar con la prohibición no acabaría con la violencia, de una manera que muestra su ignorancia sobre el papel que la política de drogas ha jugado en la crisis en la que estamos inmersos.

La ignorancia y los prejuicios respecto al tema de las drogas fueron denominador común en las cuatro comparecencias. Pero tampoco en el resto de las aristas de nuestra crisis de justicia los candidatos se mostraron informados o duchos. Si bien Meade presentó una cantidad de información que parecía producida por alguna de las organizaciones civiles más críticas con las políticas de los últimos doce años, a la hora de las propuestas resultó el más timorato, el menos innovador. El candidato que presume de mejor preparado se muestra el más inseguro a la hora de proponer cambios; no es capaz de salirse del guion ni se atreve a cuestionar, con los mismos datos que él mostró, lo hecho por este gobierno o el anterior, en los cuales trabajó.

En cuanto a la militarización, ninguno de los candidatos fue capaz de presentar una crítica a la Ley de Seguridad Interior, que normaliza la presencia de las fuerzas armadas en la seguridad en contradicción con lo establecido por la Constitución; ninguno se comprometió a abrogarla, tampoco propusieron una ruta crítica para el regreso de los militares a sus cuarteles, como si le temieran a contrariar al ejército o a la marina. La profesionalización policial apenas si se asomó en la sintervenciones.

Los cuatro se mostraron aturullados cuando se les preguntó sobre si estaban dispuestos a aceptar un mecanismo internacional contra la impunidad con apoyo de la ONU o una comisión de la verdad como instrumentos de justicia transicional. Se trata de una propuesta polémica surgida de las organizaciones de defensores de los derechos humanos que se prestaba para mostrar el talante de estadistas de los contendientes, ya fuera a favor o en contra. Empero, pareció como si no entendieran de qué se trataba, aunque desde la convocatoria se les había dejado claro que se abordaría la cuestión y que en el encuentro estarían presentes grupos de víctimas de la violencia. Anaya fue confuso en sus respuestas, mientras López Obrador fue contradictorio, pues por un lado se mostró opuesto a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pero por otro se mostró dispuesto a aceptar la creación del mecanismo internacional. El candidato de MORENA sí se mostró dispuesto a impulsar una comisión de la verdad para investigar crímenes de los últimos 12 años, incluidos los cometidos por los agentes del Estado.

En cuanto a la autonomía plena de la fiscalía y a la participación de la sociedad civil en la selección del fiscal, el más claro fue Ricardo Anaya. Al menos en ese tema sí había hecho la tarea el candidato del Frente y se mostró comprometido con la reforma a los transitorios del artículo 102 constitucional, para eliminar el pase directo del procurador a fiscal y para evitar que el cambio de la Procuraduría General de la República a la nueva Fiscalía autónoma sea meramente cosmético. López Obrador, por su parte, ratificó su desconfianza de la sociedad civil y su idea de que la autonomía del fiscal será producto únicamente de la voluntad presidencial y dependerá de lo atinado que sea en la formación de la terna propuesta. Para el candidato puntero son las personas y no las instituciones las que determinan el desempeño.

El sabor de boca que dejó el encuentro fue en general amargo, pues lo que evidenció fue la falta de claridad y de preparación de los aspirantes presidenciales, incluido el payaso de relleno. Después del primer debate, uno de los intelectuales sumados a la campaña de López Obrador que más respeto académico y político me merecen decía en un tuit que era tan absurdo pretender que los candidatos supieran de todos los temas como pedirle a un director de orquesta que conociera la parte de cada instrumento. Se equivoca: un buen director de orquesta es capaz de al menos tararear cada una de las partes de la composición que conducirá, aunque no sepa tocar todos los instrumentos. Así, si bien un jefe de gobierno puede no conocer los detalles técnicos de todas las políticas, sí debe tener una idea del sentido general de estas. Hasta ahora lo que hemos visto en esta campaña es puro mariachi desafinado.