Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
20/06/2016
Con un abrazo a quienes iniciaron y a quienes mantienen, durante ya dos décadas, esta fructífera aventura diaria que es Crónica
Nuestros legisladores, hasta cuando hacen cosas buenas, las hacen de tal manera que resultan malas. Así puede sintetizarse la tortuosa y torpe aprobación de las leyes contra la corrupción. Una reforma largamente preparada, con apoyo de grupos ciudadanos muy calificados, en un proceso deliberativo que parecía ejemplar y que atendió a la exigencia más enfática que ha levantado la sociedad respecto del poder político, terminó desfigurada por la soberbia y la irreflexión de la mayor parte de quienes integran el Senado de la República.
La negativa para que sean públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios fue sintomática del ensimismamiento en el que se encuentran muchos legisladores. Aunque ése no era el rasgo principal de la reforma, sí constituía el que alcanzó mayor visibilidad.
Ante los grupos ciudadanos que diseñaron buena parte de esa reforma y propusieron que el #tresdetres fuese obligatorio, los legisladores que terminaron rechazando esa propuesta nunca ofrecieron una argumentación sólida contra ella. A lo más, dijeron que la privacía de los servidores públicos sería afectada si se difundían sus ganancias y patrimonio.
La vida privada es un ámbito siempre defendible excepto cuando resulta afectada, y sobre todo cuando es beneficiada, por el uso de recursos públicos. Sostener que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios tienen que permanecer en secreto, o que su difusión estará sujeta a la decisión discrecional de cada uno de ellos, equivale a establecer un nuevo fuero. En aras de la privacía, resulta imposible la transparencia en el empleo de recursos públicos.
En cambio, los senadores no hicieron diferencia alguna entre negocios públicos y privados al imponer la extraña disposición para que toda empresa o persona que reciba recursos fiscales tenga que hacer sus declaraciones patrimonial y de intereses. La obligación para hacer su #tresdetres igual que los funcionarios, llevó a manifestarse en la calle a uno de los grupos empresariales más beligerantes. La Confederación Patronal de la República Mexicana dice reivindicar antes que nada el combate contra la corrupción. Pero a sus dirigentes les inquieta lo que llaman “ocurrencias de madrugada”. Independientemente de sus posturas por lo general conservadoras y harto discutibles, en este caso la Coparmex tiene razón.
Sin que hubiera formado parte de la agenda discutida entre los senadores y antes con los grupos sociales, la obligación para que todo aquel que reciba recursos públicos presente declaraciones no parece estar diseñada para enfrentar la corrupción. Su escasa utilidad fortalece las acusaciones de quienes han dicho que, con esa disposición, los senadores cobraron revancha contra los grupos empresariales que participaron en la campaña por el #tresdetres.
Esas decisiones han construido un velo de confusión y estruendo que oculta los méritos, que no son pocos, del paquete de reformas contra la corrupción.
La nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece un tribunal y una fiscalía especializados en tales asuntos. El Sistema Nacional tendrá mecanismos para documentar y evaluar las conductas deshonestas en el sector público. Su órgano directivo será encabezado por uno de los miembros de un Comité de Participación Ciudadana. Ese Comité, integrado por cinco personas, propondrá criterios para fiscalizar al propio Sistema. Se trata de un entramado de instituciones y reglas cuyo funcionamiento habrá de ser, en todos los sentidos del término, saludable.
El conjunto de reformas para el Sistema Anticorrupción fue aprobado en el Senado, la noche del martes 14 de junio, con 116 votos a favor. Solamente votaron en contra 4 senadores del Partido del Trabajo, que en realidad son seguidores de Morena: Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Héctor Menchaca y Layda Sansores. El amplio consenso que tuvo esa aprobación se rompió, sin embargo, cuando se discutió la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La #tresdetres fue la propuesta de la discordia. Todos estuvieron de acuerdo en hacer obligatorias, para los servidores públicos, las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Pero en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se incorporó una excepción: “Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”.
Hay senadores y funcionarios que recelan de la publicidad negativa que recibirían si se conocieran sus propiedades. Otros temen a la delincuencia. Por su parte, los grupos ciudadanos que impulsaron la legislación anticorrupción consideran que la sociedad tiene derecho a conocer el patrimonio de quienes trabajan en el sector público.
Frente otras medidas, la publicidad de la declaración patrimonial tiene una importancia limitada. De todos modos el Comité Ciudadano que formará parte del Sistema Anticorrupción podrá conocer esa información. Pero allí se estancó la discusión. Tanto una parte de los grupos que promovieron la reforma como los senadores más rígidos se parapetaron en posiciones que no permitieron conciliación alguna.
En las primeras horas del miércoles 15 los grupos parlamentarios del PAN y el PRD propusieron modificar ese apartado para hacer obligatoria la publicación de las declaraciones. La mayoría se negó a que esa reserva al artículo 29 fuera discutida. No se admitió a discusión por 59 votos en contra y 51 a favor, con una abstención. La diferencia la hicieron 7 senadores del PT que no votaron, la abstención de una más de ese grupo y la ausencia de 4 legisladores del PRD y una del PAN.
A favor de que se discutiera la apertura de la información sobre el patrimonio de los funcionarios estuvieron casi todos los senadores de PAN y PRD. En contra, casi todos los de PRI y PVEM, así como, con su ausencia, los senadores cercanos a Andrés Manuel López Obrador.
Quedó abierta la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales sean públicas si el Comité de Participación Ciudadana así lo decide. Esa atribución complicará la designación de quienes integren el Comité y le impone a dicho organismo una responsabilidad que distorsionará la apreciación pública de lo que haga y deje de hacer. El litigio que no resolvieron, los senadores se lo trasladan al nuevo Comité Ciudadano.
Resultó peor la disposición que trivializa el #tresdetres al imponérselo a una buena parte de la población mexicana. El senador Manuel Cárdenas Fonseca, que no forma parte de ninguna fracción parlamentaria, pero que estuvo décadas en el PRI, propuso una adición al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas que hace obligatorias las declaraciones patrimonial y de intereses para: “Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”, así como “las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.
Otros senadores al parecer habían presentado propuestas similares a la de Cárdenas Fonseca. Cuando conocieron la de ese legislador, los panistas Jorge Luis Lavalle (a nombre de 20 legisladores de ese partido) y Mariana Gómez del Campo dijeron que retiraban las reservas que habían sugerido a varios artículos, incluido el 32.
El cambio al artículo 32, junto con otras modificaciones, fue aprobado por 95 votos a favor y 7 en contra. Esa disposición que, si se cumple, obligaría a que presenten declaraciones todas las personas que reciben dinero público (beneficiarios de programas sociales como Prospera, becarios del Conacyt, proveedores del gobierno independientemente de la cuantía y el carácter de sus ventas) fue respaldada por 52 senadores del PRI, 19 del PAN, 15 del PRD, 6 del PVEM, 1 del PT y dos sin partido. En contra votaron tres panistas: Daniel Ávila, Raúl Gracia y Marcela Torres Peimbert, así como cuatro del PT.
En esa decisión no se expresaron las diferencias que había acerca del alcance de la transparencia. Todos, inclusive la mayoría de los senadores que proponían dar publicidad a las declaraciones patrimoniales, respaldaron esa obligación para todos los proveedores y cada uno de los trabajadores de tales empresas. Por ejemplo, en los medios de comunicación que venden espacios publicitarios al gobierno deberán hacer públicas sus declaraciones las empresas editoras o radiodifusoras y cada uno de sus reporteros, redactores, conductores, técnicos, empleados administrativos, repartidores, etcétera.
Si los senadores no evaluaron el formidable enredo burocrático que ocasionaría esa disposición, actuaron con irresponsabilidad mayúscula. Si a pesar de aquilatar esas consecuencias votaron a favor de ella, estamos ante una conducta preocupantemente disparatada. Los partidos políticos y el gobierno pudieron haber reconsiderado, pero el viernes 17 la Cámara de Diputados aprobó sin cambios las reformas que le envió el Senado.
Que todos hagan declaraciones patrimoniales es una manera de lograr que en realidad nadie declare o que, al banalizarlas, tales manifestaciones pierdan relevancia pública. Qué torpe manera de comenzar una reforma tan cardinal, y tan necesaria, como la que requerimos contra la corrupción