Dic 11, 2018

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La construcción política de la confianza

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA CONFIANZA.

 

  • El cambio político en México debe basarse en la confianza y exige un diálogo genuino.
  • El pueblo es el pluralismo y no una masa homogénea.
  • El respeto a los procedimientos: clave para la transformación.
  • Derechos humanos, desigualdad y contra la corrupción: los ejes irrenunciables.
  • La información, los datos, las cifras, censos y padrones deben ser erigidos por instituciones independientes y objetivas.

 

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) presenta una primera evaluación del cambio político ocurrido en México en este año que termina.  Es una suma de definiciones y preocupaciones ante una situación que nos ha colocado en los límites del sistema de partidos creado por la transición democrática al menos, desde 1997.

             Este documento es una visión sobre el presente y el futuro político, fruto de una discusión colectiva. Es también una reivindicación de las prácticas democráticas, los principios del pluralismo y el fortalecimiento de instituciones arduamente construidas como vehículos para transformar -en paz- la realidad social y expandir con libertad el ejercicio de los derechos ciudadanos.

            Es un llamado a repensar nuestra política, las instituciones y la democracia mexicanas, sin prisa, de modo abierto, sin prejuicios y sobre todo para mejorar el tipo de deliberación pública que necesita un país con problemas inmensos, extremadamente desigual, sumido en un periodo violento como no había visto desde la Revolución e inevitablemente influido y afectado por un contexto mundial convulso y proclive a los extremismos.

          En estos días acudimos a una nueva transferencia pacífica del poder político, la tercera alternancia en cuatro elecciones presidenciales celebradas después del proceso histórico de transición democrática (fechada por nosotros de 1977 a 1997). Esta transferencia del poder ha sido posible porque fue habilitada por elecciones genuinamente democráticas. La llegada del nuevo gobierno es la prueba viviente de un esfuerzo colectivo, histórico, mediante el cual México construyó un marco institucional que hace posible el ejercicio efectivo, el cuidado y el cómputo de la voluntad soberana de los mexicanos.

            Luego de más de cinco meses de acciones, dichos, reacciones y debates más o menos caóticos, acalorados y hasta iracundos durante el periodo de tránsito hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, creemos que la situación merece una amplia revisión, una crítica fundada en principios y argumentos, no en adjetivos. Apostamos a la conversación pública, al debate racional y, sobre todo, a una re-conducción de la vida política y de gobierno para avanzar en los asuntos medulares de nuestro tiempo: derechos humanos y seguridad; pobreza y desigualdad; combate a la ilegalidad y la corrupción, al tiempo que se fortalece nuestra democracia.

            Con ese ánimo, hemos querido hacer pública nuestra posición acerca de los dichos y los hechos del nuevo gobierno que a partir del primero de diciembre ha asumido la responsabilidad de conducir nuestro país.

I.- ¿ADIÓS AL PLURALISMO?   

Si algo define el cambio político del año 2018, es la enorme y brusca modificación en la competencia y la representación políticas de México. Desde 1997 –año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y que Cuauhtémoc Cárdenas ganó para la izquierda la capital del país- el escenario político se definía, por sobre todas las cosas, como un avance de la pluralidad y en épocas recientes, por una creciente fragmentación.

            Pero los partidos, dirigentes, líderes y corrientes políticas tomaron nota y reaccionaron a ese escenario, evaluado negativamente por buena parte de la opinión pública y analistas de toda índole por ser, supuestamente, “productor de parálisis gubernamental”. La respuesta consistió en una reagrupación de partidos (en ocasiones difícil de explicar) que desembocó en tres grandes referentes para la elección de 2018. En lugar de asistir en singular, con siglas y banderas clásicas de cada partido (como ocurre en los regímenes parlamentarios), se apiñaron solo tres grandes coaliciones cuyo objetivo primordial era precisamente ese: eludir la fragmentación. En lugar de 4, 5 o 6 opciones (tal y como ocurrió en el año 2000, 2006 y 2012), se presentaron a la boleta presidencial solamente tres candidatos (más un independiente, indebidamente registrado por el efecto de una sentencia del Tribunal Electoral).

           Los datos gruesos son elocuentes y ayudan a comprender el brusco viraje sucedido ese primero de julio. Los tres partidos que habían escenificado los primeros 20 años de la democracia mexicana (1997-2018) perdieron con estrépito:

  • En relación a la votación presidencial del año 2012, el PAN disminuyó 2 millones, 736 mil sufragios.
  • El PRI perdió 8 millones 677 mil
  • El PRD fue drenado, con 9 millones 519 mil votos menos que en 2012.

              El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), triunfó con el 53.19 por ciento, es decir, 30 millones 113 mil 483 sufragios. Morena le aportó al candidato ganador el 44.5 por ciento de los votos; el PT, el 6 por ciento y Encuentro Social el 2.7 por ciento.  Hasta ahora, es el presidente más votado en México en números absolutos. Su legitimidad democrática está fuera de toda duda. En su justa dimensión uno de cada dos ciudadanos mexicanos que acudieron a las urnas, votaron por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fruto de elecciones libres y equitativas, ellas mismas, fuera de toda duda.

            Ahora bien, la oscilación fue también amplia y drástica (tratándose de un partido nuevo) en el Congreso de la Unión. Morena obtuvo en el Senado 37.5 por ciento de la votación y en la Cámara de Diputados, 37.2 por ciento, es decir, algo más que un tercio en el conjunto de la representación congresual. No obstante, la distancia con el segundo lugar (el PAN) es notable, pues este partido obtuvo el 17.59 por ciento en una y el 17.93 por ciento en la otra.

             Es una constante en casi todos los diagnósticos sobre aquella elección: en su tercer intento para alcanzar la presidencia del país, López Obrador captó una gran parte de los malestares, miedos, esperanzas, ilusiones e irritaciones de los mexicanos (insistimos, uno de cada dos votantes) pero –y este es nuestro punto de partida- ese enorme viraje no despidió de nuestra historia a la pluralidad política del país, pluralidad legítima y genuina, un hecho social e histórico que convirtió a la democracia en una absoluta necesidad nacional.

             La diversidad política está ahí, tanto que el tercio obtenido por Morena en sus votos fue convertido en mayoría absoluta dentro de las Cámaras –a las buenas y a las malas, dando vuelta a la Constitución la cual establece que entre votos y escaños no puede existir una diferencia mayor del 8 por ciento en la Cámara de Diputados-. Así inscribieron militantes propios en las listas de los partidos aliados y tuvieron que ir en busca de otros partidos para poder alcanzar la mayoría (50 por ciento más uno) en ambas Cámaras pues por sí solo, el partido del Presidente electo no lo habría logrado.

            Los datos no dejan lugar a duda: la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES) logró el 43.65 por ciento de los votos en el Senado, pero tendrá el 53.9 de los escaños. Mientras que, en la Cámara de Diputados, la misma coalición cosechó, sumada, el 43.5 por ciento, pero tendrá el 61.6 de las curules. En todo caso, es importante recordar que seis de cada diez electores reales, optaron por fuerzas distintas a la Coalición de Morena, para ambas cámaras del Congreso de la Unión.

            Con esta re-visita de los datos queremos poner en perspectiva el inédito fenómeno electoral del 2018. Veamos.

           De las 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, Morena logra sus primeros gobiernos estatales en tan solo cuatro años de existencia (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz). El PRI en cambio sufrió una derrota en toda la línea con la pérdida de sus gobiernos en juego ( dos de dos, Jalisco y Yucatán). El PRD padeció la misma derrota en 3 de 3 gobiernos locales (Ciudad de México, Morelos y Tabasco), mientras que el PAN pudo mantenerse estable en 2 de 3 gobiernos (Guanajuato, Puebla y perdió Veracruz) pero alzándose con el triunfo en otro (Yucatán). Destaca, por supuesto, Movimiento Ciudadano que obtuvo su primera gubernatura: la del estado de Jalisco.

           La pluralidad está aquí, entre nosotros: 27 gobernadores de México no pertenecen a Morena y militan en otros cuatro partidos –sobre todo en el PAN y en el PRI-, con Jalisco para Movimiento Ciudadano y Michoacán gobernado por el PRD.

      Pero el pluralismo se expresa aún con más fuerza en el último peldaño de la gobernabilidad: alcaldías y municipios donde se reveló una diferenciación del voto mucho mayor y una fragmentación que en este caso es dominante y contrastante frente a la mayoría que testificamos en la elección presidencial.

          Los liderazgos inmediatos, cercanos, pesaron más a tal punto que la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC) gobernará 367 municipios de los que estuvieron en disputa, mientras que “Juntos haremos historia” lo hará en 302 y “Todos por México”, en 154 casos.

         Por partido, esa relación es otra, pero todavía más diversa: el PRI triunfó en 302 ayuntamientos, seguido del PAN con 98 y el PVEM con 72. Más atrás se ubican MC con 54, PRD con 49, Nueva Alianza con 51, Morena con 30, Partido del Trabajo en 14 y Encuentro Social en 1 localidad. Otras combinaciones de alianzas lograron 71 municipios y pudimos ver 20 victorias para candidaturas independientes, cosa que no alcanzaron en ningún otro nivel de esta enorme contienda.

        En resumen: de los mil 598 municipios disputados en México durante 2018, 347 fueron ganados por Morena o por su Coalición (el 21.7 por ciento del total). Aún no sabemos cómo acabarán alineándose los alcaldes y los cabildos locales, pero su explosión plural es un hecho político a tomar en cuenta en la discusión actualísima sobre nuestro federalismo constitucional.

      De modo que, al analizar cuidadosamente los datos, junto al triunfo amplio y claro de López Obrador para la presidencia, con menos visibilidad, pero no menos realidad, seguimos viviendo en un México heterogéneo, disímil y en muchas ocasiones, discorde y opuesto a la corriente hoy dominante. Mientras más descendemos en los niveles de gobierno, más fragmentada y plural aparece la voluntad nacional. Incluso, es posible afirmar que la elección de 2018 sea la mayor demostración del voto diferenciado en la breve historia democrática de México.

      Llamamos la atención sobre un último dato que resulta ejemplar: López Obrador obtuvo en seis estados la mitad de su votación total nacional (en Veracruz, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Puebla). Si excluimos a Veracruz (donde no se celebraron elecciones municipales) aparece el fenómeno señalado: de las 605 alcaldías disputadas, Morena y su Coalición se alzó con el triunfo en 150, es decir, en el 24.7 por ciento de los casos. Traducido a votos, quiere decir que en esos cinco estados (que fueron su principal cantera), 4 millones 360 mil votaron por opciones para alcaldes o presidentes municipales distintas a las del Presidente electo.

     No nos parece irrelevante, sino al contrario: de abajo hacia arriba, también hacia los lados (con los otros poderes constitucionales y las instituciones autónomas), el mapa político de México sigue siendo abigarrado y complejo, sujeto a fluctuaciones, nuevos humores públicos, contrapesos organizados y sin mandatos unívocos.

       La pluralidad no es una argucia retórica, sino un hecho demostrable precisamente en los mismos estados que le otorgaron la mayor cantidad de votos al licenciado López Obrador. Este registro debería ser una de las bases de la discusión política en curso. Dicho en breve, “el pueblo” es sinónimo de pluralismo, “el pueblo” es en realidad una sociedad vasta y heterogénea. Son las instituciones políticas todas, los órganos representativos en su conjunto, los depositarios legítimos del mandato y la soberanía popular.

      Las condiciones regionales, sociales, culturales, económicas y políticas (apenas reseñadas aquí) no nos permiten suponer siquiera la posibilidad (ya no digamos la virtud) para la construcción de una utopía híper mayoritaria (con el apellido que sea) o de una sociedad orgánica donde el pueblo habla en tono uniforme, a través de un solo intérprete. Y todo intento para volver uniforme este país múltiple, está condenado a provocar nuevos conflictos o la quiebra de relaciones federales e institucionales sobre las que descansa la estabilidad política, el poder y la legitimidad del Estado, incluyendo, por supuesto, del poder ejecutivo federal.

      En suma: un Presidente electo por el voto de la mitad de los ciudadanos. Un Congreso federal con mayoría absoluta de Morena permitido por viejas fórmulas de traducción de votos en escaños y a una operación política que sobre-representa a esa fuerza. 27 gobernadores que provienen de partidos distintos al del Presidente y una abigarrada diversidad en el archipiélago municipal de México. Esta es la realidad de la política sobre la que deberá actuar –y está actuando- el proyecto de López Obrador, una realidad que, por eso, seguirá exigiendo el expediente del diálogo y de los acuerdos políticos con “los otros”, si no por virtud, por la apremiante necesidad de gobernar.

II.- ¿DESTRUCCIÓN INSTITUCIONAL? LA RESPUESTA AL GRAN MALESTAR.

Se han ofrecido ya muchos razonamientos y marcos que tratan de comprender el triunfo 2 a 1 del candidato de la coalición “Juntos haremos historia”.

      Las constantes son la decepción y el hartazgo generalizado con los políticos y los partidos vistos como un todo. Los sucesivos escándalos de corrupción a lo largo del sexenio que termina y en muchos estados del país (como Chihuahua y Veracruz, en donde los latrocinios y desvíos alcanzan dimensiones inverosímiles, o las decisiones discrecionales o ilegales en asuntos tan delicados como el ejercicio presupuestal para la reconstrucción, luego de los sismos de 2017). La frustración, el estancamiento de la economía, la certeza -vivida ya por una generación completa- de que esta economía no tiene posibilidad de resolver la pobreza ni de suscitar el ascenso social, y por supuesto la crisis general de violencia y de seguridad con sus horrores cotidianos.

      Desde la primera alternancia a la presidencia en el 2000, hasta el año pasado, la tasa media de crecimiento anual de la economía mexicana ha alcanzado apenas el 1.9 por ciento según datos del INEGI. Más aún, si se considera la dinámica poblacional el crecimiento per cápita al año es de un pálido 0.62 por ciento. En suma, vivimos en una democracia que sortea su suerte sobre una economía prácticamente estancada.

        Hace dieciocho años, la población en situación de pobreza representó el 54 por ciento del total y para 2016 –cuando se levantó la última encuesta de ingreso oficial disponible- la cifra era del 51 por ciento. Pero como la población pasó de 98.8 millones a 122.7 millones de personas, los mexicanos en pobreza aumentaron de 53.3 millones a 62.5 millones, esto es, durante estos años de democracia acumulamos 9.2 millones de pobres adicionales.

      Mientras todo esto ocurría en amplísimas franjas sociales y en vastas regiones, nuestras élites económicas, políticas y también algunas capas intelectuales y vertientes del periodismo diario, o bien alimentaban la misma pulsión anti-política (todos son lo mismo) o celebraban el camino único, el “éxito de su modelo” cuyas promesas de prosperidad se posponen siempre hasta la consecución de la siguiente “reforma estructural”.

         Este es un punto crucial del que hemos hablado demasiado poco: mientras las élites no acepten que tienen una importante responsabilidad en la agudización o en la indiferencia frente a los problemas esenciales de México (especialmente frente a la pobreza y la desigualdad), difícilmente se comprenderá el fenómeno de Morena y el triunfo electoral de López Obrador.

         La rabia que mueve a una gran parte de la sociedad (y que se expresa con nitidez en las redes sociales) contra un arreglo económico y político que benefició a un puñado de personas extremadamente ricas y que ha traído tanta desigualdad como corrupción, está en la base del “humor social” de la decisión electoral mexicana.

       Por lo demás, es un estado de ánimo compartido por muchas otras sociedades en el mundo. Veamos el Latinobarómetro de 2018: “Los temas económicos son la principal preocupación en la región. 84 por ciento está insatisfecho con el funcionamiento de la economía; el 79 por ciento cree que el país está gobernado por unos pocos que lo hacen en su propio beneficio y solo un 16 por ciento considera justa la distribución de la riqueza”.

        Son algo más que las secuelas de la crisis de 2008 (salarios en retroceso, mayor inseguridad vital, desempleo al alza o trabajo precario); en nuestro caso se trata de una generación completa de mexicanos que no ha podido vivir siquiera la experiencia del desarrollo, del crecimiento económico y que a la pregunta ¿podrán sus hijos vivir mejor que sus padres? 78 por ciento responde sombríamente, “no”.

          De modo que “la situación” es un todo de problemas inmensos y sin soluciones tangibles. Y de allí se conforma una corriente que se expresa en las urnas (como en su vida cotidiana) contra un status quo insensible y cada vez más ajeno.

        Si en 2017 el Latinobarómetro nos informaba de una cierta “diabetes democrática” (degeneración progresiva), el respaldo hacia ella ha seguido cayendo hasta el 48 por ciento de la ciudadanía este año, cinco puntos menos que el anterior.

       En específico: 54 por ciento de los mexicanos declaró como “muy mala” la situación económica del país; solo el 14 por ciento se considera satisfecho con su condición material y solo el 38 por ciento sigue creyendo que la democracia es el mejor sistema político. 62 por ciento admite otras posibilidades de gobierno. Lo más importante: después del 2010 la trayectoria histórica de todas estas percepciones, en México y en América Latina, es descendente.

           No estamos ante grandes cataclismos sociales sino ante una “lenta acumulación de hechos” que van conformando un cuadro de debilitamiento de los Estados democráticos y de todas las herramientas, leyes e instituciones que lo hacen posible.

          López Obrador no puede ser equiparado con Donald Trump ni con Jair Bolsonaro, pero resulta obvio que sus victorias se han alzado sobre condiciones sociales, económicas y anímicas similares (dicho sea de paso, nosotros creemos que el Presidente de México, está obligado a proyectar un fuerte contraste internacional con esos extremismos de derecha y también de “izquierda”, como con el régimen venezolano de Maduro).

         ¿Quiere decir que una demanda autoritaria –de cualquier signo- recorre el mundo? O alternativamente ¿hay en nuestros países una demanda por populismo, sea de derecha, izquierda o convenientemente indefinido?

          Este mismo año se publicó un estudio[1] que contabiliza el crecimiento del voto “populista” en países democráticos luego de la crisis financiera. En 2010 los partidos extremistas (anti-inmigrantes, anti-política, anti-partido, anti-intelectuales y anti-elites) recibían el 7 por ciento de la votación en las naciones de occidente. Para 2017, esa masa rozaba ya el 35 por ciento. Y apunta: “de hecho, ese aumento sólo se había observado durante las décadas de 1920 y 1930” con su pico exultante en 1939: el 40 por ciento de los votos para ellos.

           ¿Quiere decir todo esto que las grandes recesiones económicas provocan tal malestar que termina minando las bases de la democracia? Es difícil establecer esa causalidad, pero es cierto que la sombra de la crisis siembra una interrogante vital para cientos de millones de personas: la certeza o la intuición de que ellos y sus hijos ya no podrán vivir mejor, habrá futuro, pero no habrá prosperidad.

          La crisis financiera incubó, a escala mundial, un huevo de resentimiento en el que todos los que se ven ajenos, excluidos o ninguneados de la presuntuosa etapa “cosmopolita” y globalizadora, cobran venganza del status quo indiferente. Acto seguido, votan por quien represente claramente su oposición, su contraposición.

         De esa manera surge la “demanda por populismo”. El sentimiento de abandono tan generalizado, anudado al malestar previo (en México, acumulado ya por décadas), la ansiedad y el miedo al futuro, conforman un cóctel social empeñado en encontrar líderes fuertes que ofrezcan protección ante la inclemencia de una época sin alma, esto es, sin confianza y sin porvenir.

             Y líderes como López Obrador han sabido leer -a su manera- ese ánimo que recorre gran parte de la nación. Pero ante esa demanda, con raíces comprensibles y legítimas, las reglas de la convivencia pluralista van apareciendo, para muchos, superfluas e intrascendentes si es que a cambio, van a ser sustituidas por una red de seguridades vitales y elementales. Construir o pertenecer a una clientela aparece como una alternativa válida ante tanta incertidumbre y tanta inseguridad vital. Y las reglas, los procedimientos, las instituciones de la democracia, como un expediente menor y desdeñable.

           El IETD está a favor de la edificación de la protección ciudadana, de programas sociales emergentes, pero sobre dos requisitos que le darán legitimidad: que apunten a la universalidad (no a las clientelas perpetuas) y cuyos listados de beneficiarios sean construidos con seriedad, objetividad y fuera del interés inmediato del gobernante o del partido, cualquiera que sea.

            Los votantes mexicanos (como los de muchas otras partes del mundo) han sufragado en un momento convulso. Alterados por circunstancias y fuerzas enormes, puede que no comprendan el núcleo del problema, pero lo intuyen. Después de años y años de pérdida de ingresos, indiferencia, distancia, maltrato, clasismo, menosprecio, y corrupción, ante los ojos de una mayoría aparecen con claridad y “se sabe” quienes son los culpables.

        Así, nuestra democracia ha adquirido un reto inmenso: debe ser capaz de afirmarse y erguirse sobre líderes y gobiernos que llegaron allí, precisamente porque existen las reglas y las instituciones de la democracia pero que, al parecer, no están dispuestos a condescender con sus imprescindibles minucias procedimentales.

          Si vemos al mundo, si revisamos lo ocurrido en los últimos cinco meses en México, quizás podamos encontrar algunas claves a defender en el futuro inmediato.

III.- EL “TONO” NO ES INOCENTE.

Contrario a muchas interpretaciones y discursos que aún circulan, la victoria de Morena representa el triunfo de una alternativa política con raíces profundas en el sistema de partidos existente, es decir, en el régimen heredero de la transición democrática. Si bien es un crítico ácido del sistema político y del “establishment”, Andrés Manuel López Obrador no es una figura política externa, ajena al propio mapa partidista, no es un outsider. Se trata más bien de un político profesional, de larga trayectoria en partidos establecidos (desde el PRI hasta Morena), quien nunca ha abandonado el juego institucional (pese a transgredir algunas de sus reglas, como el desconocimiento de su derrota o la toma de Reforma en 2006) y que fundó e instituyó su propio partido admitiendo las mismas normas que tanto critica.

          Por eso, el triunfo de Morena es y fue uno de los desenlaces que estaban en el universo de posibilidades políticas del sistema de partidos heredado por la transición. El régimen pluralista que se construyó estuvo cubierto y acompañado de la hegemonía neoliberal, su canon, sus prejuicios, sobre todo, su estancamiento casi forzoso y su premisa: una desigualdad extrema.

            La democracia mexicana lleva en su haber cuatro elecciones presidenciales y en tres ha experimentado la alternancia: 2000 (del PRI al PAN), 2012 (del PAN al PRI) y 2018 (del PRI a Morena). Si volteamos la mirada hacia lo que sucede en el mundo, esto es algo bastante típico en otros países que alcanzaron su democracia entre siglos: los ciudadanos votan por personajes o partidos y candidatos que ayudaron a expulsar la tiranía o el autoritarismo; votaron por la opción “A”, luego votaron por la “B” y al final, lo hacen por la “C”.

         El punto es trascendental: ninguna de las opciones heredadas desde el fin de la histórica transición satisfizo ni resolvió los problemas que importan: la mayoría ha visto sus ingresos estancados o reducidos, vivienda, sanidad y educación están degradados o en serio riesgo, la inseguridad se expande ennegreciendo la vida cotidiana de cada vez más ciudadanos y los vínculos entre los políticos y los partidos con gran parte de la sociedad, se han roto.

         Históricamente, Morena es la opción “C” en esa probable secuencia histórica y si fracasa –por su ambición desmesurada, orfandad programática, por errores continuos o por impotencia ante el cúmulo de condicionantes y restricciones, nacionales e internacionales- entonces sí, quizás, estaremos de frente a un escenario dominado por candidatos declaradamente antisistema, fuera del orden que hemos podido construir y de sus requisitos más elementales.

        Por eso, entre otras razones, el fracaso de López Obrador no es una apuesta deseable, todo lo contrario: deberíamos contribuir a que eso no suceda, pero con la misma claridad exigimos que él y su coalición se atengan –como todos- al marco y las leyes que, justamente, posibilitaron su triunfo. Lo deseable es que nuestra democracia a duras penas germinal, se fortalezca y no el ensanchamiento de una figura carismática del signo que fuese.

        En nuestra circunstancia el respeto hacia los procedimientos es decisiva pues el espejismo del “mandato unívoco” o su “fusión” con el pueblo caminan en sentido contrario y tienden a suplirlas. Además, el mensaje de López Obrador con su conducta y sus dichos no son nada ajenos a los valores e idiosincrasia mexicanas, comenzando por la creencia hacia el líder fuerte, salvador, que sabe mandar.

         Más bien nuestra democracia (división de poderes, federalismo, órganos autónomos, deliberación, acuerdos entre fuerzas muy distintas, prensa crítica y demás complejidades obligatorias), pertenece a un aprendizaje adquirido y asimilado con esfuerzo por una gran parte de los mexicanos.

         Por eso, y con la cancelación del futuro de gran parte de la población discutida más arriba y ante tantos fracasos recientes (inseguridad, violencia, rezago educativo, etcétera), López Obrador ha conectado con una forma de entender la vida pública de México como una necesidad de ejercer un estilo directo, imperativo, resolutivo, “una democracia del pueblo, una democracia de la gente” afirma, no de las élites, un gobierno dirigido por alguien de raigambre popular que realmente es y piensa como la mayoría de mexicanos decepcionados y erizados. Todo esto encuentra raíces en nuestra tradición de caudillos y no es solo patrimonio histórico de las derechas, sino que es compartida por una buena parte de la izquierda. Por lo demás, una idea de la democracia “directa” puesta de moda con fuerza en Latinoamérica, Estados Unidos e incluso en Europa.

      En cambio, la democracia realmente existente, ofrece un circuito de gobierno complejo y poco épico, condicionado a métodos, reglas, debates y procesos largos y cansados, porque tal democracia entiende que debe asumir decisiones difíciles con el mayor respaldo posible. Esta aspiración había pervivido hasta hoy, pero es precisamente este sistema y estos procedimientos los que desagradan a Morena y a su máximo dirigente. Aunque no sólo a ellos.

      En los años previos a la elección del 2018, buena parte de la élite empresarial, política, intelectual y periodística de derechas y de izquierdas, mostraba su hartazgo por las instituciones y las reglas y en no pocas ocasiones, llamaron a desmontarlas: “no a la representación proporcional, la partidocracia es el mal del país, regresar a la cláusula de gobernabilidad, menos contrapesos, más poderes al Presidente”, fueron algunas propuestas que escuchamos en un tono cada vez más irritado y frenético. Muchas de esas voces hoy se muestran preocupadas o alarmadas por los planteamientos y los continuos fraseos de Morena, pero lo que importa destacar aquí, es que los temas y “el tono” que configuró la opinión pública precedente a la elección, fue capitalizado mejor que nadie por Andrés Manuel López Obrador, precisamente.

       El problema es que en el camino quedan fuera millones de ciudadanos, sus representantes, partidos, organizaciones sociales, empresariales, colectivos de diversa índole y un largo etcétera que no acuden ni validan tales ejercicios porque la obvia ausencia de objetividad, seriedad y certidumbre. Tal tipo de “democracia directa” no solo padece de falta de legitimidad, sino que refuerza el encono y la división política y social, la sensación de atropello y abuso de una corriente que lo ejecuta exhibiendo el talismán de “su mayoría”.

         Dirigirse directamente al pueblo (como en ese remedo, mal llamado “consultas”) se piensa, corrige y perfecciona a la democracia representativa porque la hace más cercana, arrebatándola de las manos de “los privilegiados” y la devuelve a “la participación de la gente”, convocado ahora por una figura reconocible, un hombre común, que viaja en aviones comunes, que viste, actúa y habla como cualquier otro, sin ínfulas de riqueza o de superioridad. Esa retórica y práctica, sin embargo, es incapaz de asimilar y ofrecer cauce a “la otra parte”, a esas muchas “otras partes” que conforman la sociedad heterogénea y compleja que es México.

        De allí la importancia de cambiar el tipo de relaciones y de discusión pública y política, enconada, ofuscada y oscurecida en los últimos años, como en los últimos meses: su lenguaje, su virulencia, sus adjetivos, su deliberada falta de sustento. Moverse en un clima de confrontación estridente y con altas dosis de irracionalidad, aunque sea puramente discursiva, no es inocuo: favorece un tipo de política y pone en desventaja a la política democrática.

IV.- UNA NUEVA CONVERSACIÓN, EN TORNO A LOS INACEPTABLES.

Esta no es una convocatoria para que nadie deponga sus banderas, intereses, programas o visiones. Sino a comprender que, si seguimos en esta danza de posturas extremas y que no tienen la menor intención de escucharse y concederse legitimidad, el quiebre de la democracia mexicana aparece –por primera vez- como un escenario muy probable.

        Lo que la coalición de Morena ofrece no son certezas plenas sobre su compromiso con la Constitución y las leyes. Hay que decirlo claramente: inventar procedimientos y figuras paralegales sobre la marcha, ignorar, debilitar las normas escritas, es debilitar la democracia misma. Como recuerda el historiador T. Garton Ash: “el extremismo no está triunfando en el mundo porque fuera muy fuerte, sino porque la democracia era muy débil, más bien, la hicimos débil”.

          No hemos llegado, ni queremos llegar al punto en el que pueda extenderse la carta de defunción de nuestra difícil democracia. A nuestro modo de ver, el peligro político mayor es la dinámica de división, encono, desprecio a las reglas y a la discusión documentada, que se ha desatado y la sustitución del conocimiento por la precipitación y el capricho.

       Lo que la coalición mayoritaria ha hecho –incluso después de la toma de posesión- aparece como una acumulación de desplantes y demostraciones públicas que quieren mostrar los alcances de su voluntad y la capacidad de transgredir normas formales e informales de nuestra joven democracia. La invención de  procedimientos y figuras paralegales sobre la marcha, las imposturas democráticas en formas de consultas privadamente organizadas, las múltiples y discrepantes iniciativas lanzadas a la esfera pública han tenido hasta ahora un efecto predominantemente simbólico, pero comienzan ya a socavar pilares importantes de la coexistencia democrática: tolerancia mutua, una conversación pública racional y sobre todo: la oportunidad igualitaria de participación política en procedimientos imparciales.

             No obstante, el riesgo principal no son las iniciativas apresuradas sino la aparente disposición a escalar el conflicto político, transgredir normas y anular la legitimidad de sus adversarios. La responsabilidad principal recae en Morena y el Presidente, pero no sólo en ellos. Desde los demás partidos, medios intelectuales y medios de comunicación estamos olvidando un principio básico en cualquier circunstancia con tal potencial conflictivo: escuchar a la otra parte, tomar en serio las preocupaciones del otro.

            Tender puentes y establecer un entramado de comunicación y de concordia, parece lo más importante ya no sobre la base de “los acuerdos en lo fundamental” como parecía posible en otras circunstancias, sino sobre la base de lo que unos y otros, los muchos otros, no pueden aceptar, de lo inadmisible, si es que vamos a convivir y construir algo mejor en el futuro.

         Si este tipo de conversación no se establece pronto, el escenario inercial es el de una alta litigiosidad política y judicial, la multiplicación de impugnaciones, los desencuentros de todo tipo que colocarán en un lugar destacado a los jueces y no a la política. Todo lo cual augura un escenario tortuoso y empantanado, irritado y polarizado. El ejemplo de la indemnización a inversionistas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de los amparos a propósito de la reducción de sueldos, los desencuentros con gobernadores tan legítimos como el propio Presidente, son solo los primeros ejemplos.

             En pocos días de gobierno, el escenario político aparece ya congestionado por una suma de asuntos de gran calado y que merecen una reflexión mucho mayor. Está el caso de los cambios constitucionales que apuntan hacia una dirección preocupante: la creación de una guardia nacional (policía militarizada) construida apresuradamente, aumento de causales para la prisión preventiva oficiosa para muchos delitos incluidos los “hechos de corrupción” (que contradice los avances logrados); crear un nuevo régimen de extinción de dominio (una medida extraordinaria) en condiciones que  permitiría su uso político con facilidad y muy especialmente, la posibilidad de ampliar el arco de la consulta popular asociada a la renovación de  mandato. Si esa propuesta prospera, trastocará profundamente la operación del sistema político como lo muestran las reformas constitucionales de otros países de América Latina, una manera enrevesada de entender la “división de poderes” que favorece la centralización y cuya arquitectura es muy distinta a la democracia constitucional.

       El problema del arreglo federal es el elefante en medio de la sala: todos lo aluden, pero todos lo eluden. No es casual que luego de los pronunciamientos de varios gobernadores, el Presidente haya rectificado en el modelo de seguridad. La capacidad de los gobiernos de desplegar sus políticas choca con la confusa arquitectura federal donde es imposible distinguir que le toca a quien, con qué recursos y con qué rendición de cuentas. Tratar de solucionarlo mediante una centralización es una estrategia que ha probado su ineficacia.

            Para no sumir al país en un terreno tan convulso como infértil, el cambio que viene tendría que ceñirse a mínimos procedimentales, a las reglas más elementales de un acuerdo histórico que ha posibilitado el cambio escenificado este primero de diciembre:

  • El marco básico de la Constitución y de las leyes. Mientras no se modifiquen, es preciso procesar los cambios a través suyo, no al margen o en paralelo a ellas. En estas semanas hemos visto que se acude y respeta este expediente, pero en muchas otras ocasiones, no.
  • La división de poderes y el pacto federal, no son una enunciación, sino una ruta obligada, sin excusas ni atajos. Muchas cosas pueden cambiar en esas relaciones, pero insistimos: sin cruzar el camino constitucional, sin reformarla, todos estamos bajo su mandato.
  • La gran paradoja del momento es que, cuando más necesarios son, los partidos políticos están más desprestigiados que nunca. Pero en ellos radica, como hemos visto, una gran parte del ánimo nacional y expresan la pluralidad real del país (no la imaginada). La propia elección ha extinguido algunos, pero su importancia y reforma –política, intelectual y moral- son una obligación crítica para esta democracia.
  • Las instituciones independientes, autónomas, deben estar sometidas a la evaluación y a la crítica, pero su existencia y vigencia no pueden depender de las inclinaciones de corriente política alguna. Esas instituciones están allí, precisamente para que ningún poder se convierta, bajo ninguna circunstancia, en un poder absoluto. El poder judicial que es el garante del orden constitucional, pero tiene una enorme responsabilidad en clarificar la situación y deslindar los legítimos derechos de los inaceptables privilegios, empezando por sí mismos.
  • Todas las políticas, los programas, iniciativas de gobierno deben estar basadas en datos y evidencia bien documentada. No es aceptable ni razonable ni sustentable decidir hoy y dejar para después el estudio riguroso y científico, de sus consecuencias.
  • La información, los datos, las cifras, censos y padrones deben ser erigidos por instituciones independientes y objetivas. La política en general y sus programas concretos deben estar fundamentados en datos cuyo diseño, ejecución y evaluación corra a cargo de instituciones autónomas, especializadas, no sujetas al sesgo natural del gobierno, sea del partido que sea.
  • Respetar, cuidar y ejercer la libertad de expresión es, por supuesto, la más obvia de las condiciones, pero en el caso mexicano adquiere un peso doble: ni censuras ni autocensuras, y la comprensión de que no hay “dos” posturas en conflicto, sino una diversidad de puntos de vista que merece ser difundida y escuchada.
  • Y por supuesto, lo inadmisible de la política económica basada en el sometimiento y depresión de los ingresos de la gran mayoría. Los bajos salarios, empezando por los salarios mínimos, forman parte de ese grupo de “inaceptables” que distorsionan la economía y la sociedad de México. Un compromiso por fraguar una política económica que ofrezca un horizonte laboral a millones de jóvenes, decidida a atemperar la oceánica desigualdad y que disminuya la pobreza, sin más posposiciones ni disculpas, para una sociedad más cohesionada.
  • Asimismo, es inescapable reconocer que la fragilidad fiscal del Estado mexicano –que en parte refleja la poca legitimidad del Estado mismo para recaudar los impuestos-, es de tal magnitud que los derechos sociales consagrados en la Constitución no podrán ser garantizados, ni podrán atenuarse las inadmisibles brechas de desigualdad social. Una deliberación democrática madura, exige no sólo formular y cumplir promesas sino discutir obligaciones. Nos guste o no, el costo de los derechos es uno de los grandes temas de nuestro tiempo.

Hay otros asuntos medulares: la política de seguridad y la política anticorrupción para los que –desde el IETD- no tenemos una formulación acabada, pero sí creemos que pueden cincelarse ya una serie de inaceptables –para unos, otros y los demás- que posibiliten una salida, el virtual congestionamiento aparentemente irresoluble, lo mismo en su elaboración intelectual que en la política.

         Esta deliberación nueva, en otros términos, ha de comenzar en los medios de comunicación (si premian la tensión, la confrontación y la irracionalidad acabarán envolviendo la vida pública). Debe atravesar en las redes, las organizaciones sociales, la academia y las instituciones públicas.

            Pero, por sobre todas las cosas, creemos que es el Congreso de la Unión el depositario natural de estas preocupaciones, tan elementales como relevantes. Una nueva conversación nacional, una que haga la diferencia frente a los amenazantes y toscos gobiernos en nuestro continente (precisamente en los países más grandes y poblados, E.U. y Brasil) puede albergar ese diálogo, esa escucha genuina, dar garantías mutuas a todos los participantes y sobre todo, “cambiar el tono” encolerizado en el que se agita el actual no-diálogo de la nación.

 

Ricardo Becerra, José Woldenberg, Carlos Flores, Julia Carabias, Rolando Cordera, Enrique Provencio, Raúl Trejo Delarbre, Rosa Elena Montes De Oca, Sergio López Ayllón, María Marván, Mariano Sánchez Talanquer, Federico Novelo, Luis Emilio Giménez Cacho, Rosaura Cadena, Antonio Azuela, Jorge Javier Romero, Leonardo Valdés, Mauricio López, Hortensia Santiago, Salomón Chertorivski, Maite Azuela, Jaime Ros, Germán González, Javier Martín Reyes, Adrián Acosta, Rollin Kent, Anamari Gomís, Antonio Franco, Carlos Martínez, Christian Uziel García, Armando Sánchez, Laura Koestinguer, Jorge Hernández, Agustín Castilla, Carlos Garza Falla, Fernando Arruti, María Cruz Mora, Jesús Galindo, Salvador De Lara, Enrique Contreras, Jorge Bustillos, Elsa Cadena, Rosa Rojas, Fabián González, Pamela Rodríguez, Antonio Ávila, Arturo Balderas, Alonso Bassanetti, Paloma Mora, Patricia Ortega, Alfredo Popoca, Manuel Vargas Mena, Carolina Farías, Laura Reyna, Carlos Sánchez, Esperanza Carrasco, Clemente Ruiz Durán, Guillermo Ejea, Paulina Gutiérrez J., María de los Ángeles Pensado, Francisco Gómez y Fernando Tudela.

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.

Ciudad de México, 11 de Diciembre de 2018.

 

[1] Ray Dalio. Principles for Navigating. Big Debt Crises. Bridgewater Associates. 2018

 

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