Jacqueline Peschard
El Universal
22/08/2016
Cada vez es más palpable la inconformidad que existe en la opinión publicada por los elevados costos de la organización electoral. Pero, no parece ser del dominio público a qué obedecen las altas cifras que eroga el INE, ni quiénes son los responsables de que haya crecido tanto el gasto público en esa materia. Al INE hay que exigirle cuentas de cómo ejerce sus recursos para cumplir con la función de Estado que implica organizar elecciones.
Después de que en el 2000 ocurrió la alternancia en el Ejecutivo Federal, que fue la prueba de que habíamos logrado tener elecciones libres y competidas, mucho se insistió que el siguiente paso debía ser disminuir el costo de la organización de las elecciones. Se pensaba que ya no sería necesario tener una estructura y procesos con mecanismos de doble y triple control para que los ciudadanos confiaran en la autoridad electoral, pero no fue así, la desconfianza de los mismos actores políticos exigió mantener y hasta extender tales controles.
Hoy, más de tres lustros después, nuestras elecciones son aún más costosas. El presupuesto de este año del INE es de más de 11mil millones de pesos, sin considerar los 4 mil millones del financiamiento de los partidos. Y ello se debe, en gran medida, a que la estructura ha crecido y los esquemas de vigilancia son más complejos, sin que ello haya redundado en una mayor confianza en el desempeño de nuestras instituciones electorales, aunque los comicios se realicen puntualmente y los ciudadanos elijan quiénes deben ocupar los cargos públicos.
El INE transparenta regularmente el ejercicio de su presupuesto, así lo exige su propio diseño institucional, pero publicitar la información no es suficiente para garantizar que los recursos se gasten bien y para probar que son indispensables para lograr los objetivos esperados. Así, la decisión del INE de invertir mil cien millones de pesos en la construcción de nuevas instalaciones no ha logrado que la opinión pública lo vea como un gasto de inversión con una mirada de ahorro a largo plazo para reducir la carga que año con año implica rentar edificios alternos para alojar a las oficinas y empleados creados en los últimos años.
En un contexto de contracción del gasto público, los volúmenes de recursos que eroga el INE lo vuelven blanco de fuertes críticas y al final lo que tenemos es un autoridad electoral muy cuestionada, que a nadie conviene, pero siempre hay quienes apuestan a un árbitro debilitado para llevar agua a su molino.
Hay que recordar que en 2014, la reforma constitucional, exigida por los partidos de oposición, le asignó al INE más de 70 nuevas responsabilidades, derivadas de su transformación en un organismo nacional que lo obligaron a crear áreas administrativas y a contratar personal adicional. El INE, hoy, fiscaliza a los partidos y candidatos en las contiendas federales y locales, monitorea todas las campañas en medios electrónicos y se encarga del nombramiento de los consejeros electorales de los órganos locales de todo el país. Además, en este año se le han encomendado tareas adicionales como la elección extraordinaria de Colima y la de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Nos enojamos por el alto costo de la estructura electoral que siendo nacional, sigue manteniendo intactos a los órganos locales, sin recordar que el diseño fue una decisión de los legisladores de todos los partidos. Lo que sí es responsabilidad de la autoridad electoral es explicar con el mayor detalle posible los gastos de su compleja y costosa operación cotidiana. A la sociedad nos toca analizar puntualmente cómo y en qué se gastan los recursos para que las elecciones sigan siendo una vía pacífica para que los ciudadanos decidamos quién debe gobernarnos y representarnos.