Mar 10, 2016

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¿La guerra ha terminado?

¿La guerra ha terminado?

Jorge Javier Romero Vadillo

Sin embargo

10/03/2016

En la clausura del tercero de los foros del debate sobre la mariguana a los que convocó el gobierno, Osorio Chong hizo una nueva declaración promisoria de un cambio en la política de drogas: afirmó que en la mal llamada guerra contra las drogas se partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente.

El dardo del secretario de Gobernación iba dirigido contra el gobierno de Felipe Calderón, quien no tardó en reaccionar con su domingo siete. Según el ex Presidente, no fue la acción estatal la que provocó el crecimiento exponencial de la violencia, con su cauda desproporcionada de muertes y desapariciones; sin embargo, ni su gobierno ni el mismo Calderón pudieron dar una explicación verosímil de las razones por las cuales la tasa de homicidios creció a niveles de veinte años antes precisamente cuando se puso en marcha su estrategia “para que la droga no llegue a tus hijos”, como la cacareó machaconamente al menos durante los primeros tres años de su gobierno. La única explicación que daban sus funcionarios, sobre todo el siniestro Genaro García Luna, era que la violencia se daba entre los propios cárteles, que peleaban por control territorial en la medida en la que el Estado los perseguía. Entonces la violencia sí ha sido una reacción a la estrategia, se quiera o no.

Si bien algunos estudios, como los del economista colombiano Daniel Mejía, han tratado de relacionar la epidemia de violencia en México con factores exógenos, como los cambios en los cárteles colombianos de la cocaína, la mayor parte de la investigación académica disponible sí establece una relación causal entre la política del gobierno de Calderón y la espiral de violencia de la que el país no ha salido. Vale la pena preguntarle a Osorio Chong por qué ha mantenido la misma política, con cambios menores, si ésta fue diseñada con base en un diagnóstico erróneo y se ha basado en una estrategia equivocada, porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto ha sido más de lo mismo.

Osorio también acierta cuando dice que es necesario distinguir entre los daños que causan las drogas y los que causan las políticas de drogas equivocadas. En efecto, después de cien años de prohibición y más de cuarenta de guerra declarada, ha quedado claro que peor que cualquier daño provocado por sustancia alguna ha sido la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema de justicia penal como mecanismos centrales de la estrategia anti drogas, no sólo por la violencia que ha generado, sino por sus efectos nefastos sobre la salud y los derechos de los consumidores, perseguidos, estigmatizados y expuestos a prácticas de alto riesgo en su consumo por la clandestinidad del mismo.

¿Las declaraciones de Osorio Chong significan que el gobierno mexicano ha aprendido la lección y que ahora sí se va a aplicar en el diseño de una política de drogas basada en la evidencia, que deje de criminalizar a los usuarios, se base en estrategias de reducción de daños, regule las diversas sustancias de acuerdo a su peligrosidad relativa y le quite el negocio a los delincuentes? Eso significaría hacer un recuento serio de los daños, que, en descargo de Calderón, no empezaron en el pasado gobierno, sino que son producto de varias décadas de prohibicionismo administrado a la manera tradicional del PRI, con negociación iterada de la desobediencia, lo que le garantizó a las bandas de especialistas en mercados clandestinos una acumulación originaria con la cual pudieron acopiar armas y reclutar ejércitos para retar al Estado no sólo en el mercado de sustancias restringidas, sino también en el control territorial y con otros delitos depredadores.

Si Osorio va a ser consecuente con sus dichos, entonces debería estar dando pasos serios en la revisión integral de la política de drogas, para plantear un nuevo modelo capaz de contraer con eficacia el mercado negro de sustancias, con un control eficaz de los riesgos asociados al consumo de sicoactivos. Sin embargo, más allá de los discursos, lo que se ha visto es una actitud tentaleante que ni siquiera se atreve a entrar a fondo en una regulación sensata de la mariguana. A lo más a lo que parece dispuesto este gobierno es a avanzar con una tibia legalización de los derivados farmacéuticos de la cannabis y a una revisión de los umbrales establecidos como posesión con fines de consumo en la Ley General de Salud. Si el gobierno actual se queda en eso,a pesar del consenso creado a favor de una regulación integral de la mariguana, el resultado de los foros, anunciado desde el principio con sus declaraciones prohibicionistas por el Presidente de la República, será un parto de los montes.

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