Dic 27, 2018

Enviado por en El debate público | 0 Comentarios

La política del nuevo gobierno

La política del nuevo gobierno

 

 

 

Jorge Javier Romero Vadillo

Sin Embargo

27/12/2018

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas está a punto de cumplir un mes. En estas escasas tres semanas y media, sin embargo, el nuevo presidente se ha empeñado por imprimir su sello de cambio tanto en las formas como en el fondo. Sus gestos simbólicos han sido de cara a la galería: austeridad personal, el coche sencillo, la apertura de Los Pinos al público y su abandono como residencia oficial, los viajes en vuelos comerciales; todos ellos con el objetivo de presentarse como un presidente sencillo, alejado de la solemnidad y el boato que caracterizaban a sus predecesores. Con su retintín demagógico ya muy conocido, usa sus conferencias matutinas lo mismo para zaherir a sus adversarios como para justificar sus decisiones tentaleantes o corregir supuestos yerros y pocas veces para responder con precisión a lo que los periodistas asistentes le preguntan. La representación ya tuvo su ensayo general en los tiempos en que fue Jefe de Gobierno de Ciudad de México y le ha servido para ser él quien fija la agenda cotidiana de la política mexicana.

Fuera del escenario principal, donde la estrella capta los reflectores, en las pistas aledañas del circo, se toman las decisiones de calado: la iniciativa para crear la guardia nacional, la ley de remuneraciones máximas, la ley orgánica de la Fiscalía General, la ley de ingresos y el presupuesto. Es en ellas donde se comienza a delinear el perfil de un gobierno que pretende ser distinto, pero no con base en reformas de largo plazo que modifiquen las inercias más dañinas de nuestra trayectoria institucional, con diseños de largo plazo para reducir la desigualdad, la violencia, la corrupción, la inseguridad y la depredación del medio ambiente, sino con políticas efectistas resultado de las ocurrencias largamente fraguadas en la mente del líder. Más allá del equilibrio presupuestal sin reforma fiscal, que se parece mucho al dogma neoliberal al que pretende sustituir, detrás de la mayoría de las iniciativas presentadas al Congreso o de las decisiones adoptadas por el ejecutivo no parecen existir diagnósticos bien fundamentados, con evaluaciones de costo–beneficio, sino posturas empecinadas resultado de un diseño personal sin mayor sustento que la voluntad.

El caso de la Guardia Nacional es especialmente preocupante. El nombre del engendro es un reflejo de la fijación de López Obrador con los símbolos del siglo XIX, de ahí que una y otra vez hubiera una y otra vez anunciado su creación en campaña. Sin embargo, lo que ha anunciado es la creación de una policía militarizada, muy distinta a los cuerpos de civiles armados para defender el territorio que se encuentran latentes en la Constitución y que durante el siglo antepasado sirvieron precisamente para limitar a los militares. El diseño presentado en la iniciativa presidencial desdeña toda la evidencia presentada una y otra vez por académicos y activistas de derechos humanos y rechaza lo planteado por diversos organismos internacionales, para llevar a la Constitución lo que la Suprema Corte declaró inconstitucional en su fallo sobre la Ley de Seguridad Interior.

Tanto las iniciativas legales como las decisiones de política parecen basadas en ideas preconcebidas que no se atienen a análisis de evidencias ni se corresponden con un diseño con objetivos bien calculados. El presidente decide que va a ganar 108 mil pesos y que nadie más en la administración pública podrá ganar más que eso. ¿Por qué esa cantidad? Porque a él, gran decisor, le parece lo justo.

La cancelación del aeropuerto se convertirá en un caso de estudio de las decisiones de política tomadas arbitrariamente y sigue desatando especulaciones y controversias sobre sus razones. El Tren Maya, en el otro extremo, también parece más una ocurrencia que el resultado de estudios que muestren su eficacia como detonante del crecimiento y que justifiquen sus enormes costos ambientales. La eliminación de un plumazo de los puestos contratado por honorarios, sin lancear opciones de regularización laboral y sin el análisis público que lo justifique dependencia por dependencia solo se entiende como parte de un recorte en el gasto pensado con el objetivo exclusivo de sacar de aquí y de allá los recursos para financiar el listado de programas de reparto de recursos anunciados durante la campaña, los cuales parecen más orientados a formar una red de clientelas propias que a generar reducción de la pobreza y la desigualdad o a disminuir la violencia de manera sustentable en el largo plazo.

He militado en partidos de izquierda desde que tenía 18 años y durante la última década en la que no he tenido participación partidista he sido defensor de causas que considero progresistas desde organizaciones civiles. Muchos califican a este gobierno como de izquierda. Sin embargo, con excepción de un par de iniciativas promovida no por el presidente, sino por la secretaria de Gobernación en su breve paso como senadora, y que por lo visto se quedaran en mero proyecto, nada de lo que ha sido impulsado por la coalición en el poder desde su triunfo electoral me hace identificarme con ella. Lo que veo es un intento de reconstrucción hegemónica demasiado centrada en el arrastre del caudillo civil que López Obrador pretende ser. Una política para consolidar redes de clientelas, no para desarrollar derechos. Es muy pronto para saber cuáles serán los resultados, pero no me siento para nada esperanzado.

Se ha cerrado los comentarios