La izquierda: democracia y reforma social
Nexos, 257, septiembre, 2007
Era una tradición de la antigua izquierda, comenzar el examen de la realidad observando la escena internacional. De lo que en ese escenario aconteciera se extraían coordenadas, líneas de interpretación, esa visión de conjunto que hace más sencillo el estudio particular. Entonces, y no hablo de muchos años, la situación estaba determinada por el conflicto Este-Oeste, es decir, por la confrontación cotidiana de las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Dos grandes adversarios frente a frente, en una lucha a muerte que admitía, sin embargo, peligrosos equilibrios nucleares. El análisis --aunque en él se emplearan categorías ideológicas poco objetivas---, era entonces más sencillo y satisfactorio: se sabía donde estaba la línea divisoria entre dos formas de entender la vida y la moral. Pero un día eso terminó, arrasando en la caída a plomo sentimientos, valores y formulaciones ideológicas que, en conjunto, pertenecían a la izquierda y no sólo a los partidarios del comunismo.
La crisis fue brutal. La derrota catastrófica. Obligada a replegarse en todo el orbe, la izquierda osciló entre varios extremos: el rechazo convertido en fórmula de identidad, la improvisación como discurso, o el rápido reciclaje para metamorfosease en su opuesto, el Otro. A lo más, se aspira a ganar tiempo, sin ahogarse bajo la enormidad de la ola que se vino encima.
No debería olvidarse que, junto con el socialismo real, declina también una forma de ser del capitalismo, la cual había sido impugnada y reformada tanto por las izquierdas (liberales, nacionalistas o marxistas) como por los movimientos sociales del siglo XX; se evapora, al menos en la ideología victoriosa, el rostro conocido de cierta modernidad occidental, fundado en la igualdad jurídica de los estados nacionales, en la noción de bienestar y, por qué no, en el anticomunismo rabioso de la guerra fría. Y se concede vía libre a la expansión del gran capital transnacional que estructura la globalización, ese plus ultra del capitalismo, a través de la cual se modulan a su vez los intercambios culturales planetarios, es decir la vida en sociedad. La “revolución neoliberal”, como la llama Perry Anderson, hace el intento (hasta hoy incompleto o fallido ) de anular la soberanía nacional de los estados, a cambio de la universalización de cierta visión supranacional de la democracia y los derechos humanos, cuya racionalidad depende de la integración a la realidad global, concebida como un “nuevo orden mundial” bajo la égida de los Estados Unidos, única potencia objetivamente soberana.
En ese camino, los grandes temas de la izquierda se desvanecen o, sencillamente se presentan como falsos problemas, indignos del esfuerzo teórico requerido para fijar los verdaderos saldos de esa historia. Con excepciones notables, como las de Erick Hosbwamn, Norberto Bobbio y otros autores, se le dedican muy pocas energías intelectuales a realizar el balance necesario para saber, a ciencia cierta, qué es irrecuperable y cuál es la realidad del capitalismo sobre la cual, a pesar de todo, debe reconstruirse la crítica de izquierda. Tal esfuerzo del pensamiento teórico, que debiera ser obligatorio para los partidos, es insustituible pero se despliega aún con suma lentitud.
En México, paradójicamente, el momento fundacional del partido más importante de la izquierda, se corresponde en el tiempo con una doble crisis que, sin duda, le afecta: la del nacionalismo revolucionario y la referida del marxismo como pensamiento político. Sin embargo, salvo por el hecho, relevante en sí mismo, de que el socialismo desaparece de sus banderas, no hay en el nuevo partido una revisión crítica, autónoma, en torno a esos temas. Es más, algunos todavía identifican bajo el discurso democrático “la hidra de la revolución”, como si la historia hubiera sido encapsulada en un gran paréntesis que el tiempo acabaría por quitar. La mayoría, empero, prefiere dar el paso adelante impuesto por el realismo político, sin cargar demasiado las tintas ideológicas en un difícil ajuste de cuentas con el pasado reciente.
No obstante, la realidad del mundo se impone muy pronto de la mano de la apremiante integración al mundo global. La suscripción del TLC, pese a las protestas de la izquierda, es la lógica continuación del curso inaugurado con el ajuste y la apertura del comercio, es decir, al darse el cambio de rumbo que marca, en definitiva, el presente mexicano.
La acelerada actualización de la agenda democrática, originada en esta fase por la resistencia de la izquierda al fraude de 1988, no se tradujo en el fortalecimiento inmediato del nuevo partido. En parte, por la persecución del Estado, pero también por los errores de apreciación que subrayaban la debilidad inaugural del gobierno, sin comprender la profundidad de las reformas que se estaban desplegando bajo la hegemonía del pensamiento neoliberal y los cambios que éstos habrían de traer en la configuración del Estado.
Desde entonces, mucho agua ha corrido bajo los puentes, pero el tema de la globalización continúa sin despejarse. ¿Nos referimos a un fenómeno “estructural” pero reversible, como sugieren algunas voces? ¿Podemos vislumbrar hoy un orden mundial sin la supremacía absoluta del derecho de las corporaciones a obtener beneficios, (Parenti)? ¿Es posible y no sólo deseable una perspectiva que eluda la barbarie y no sea mera aproximación utópica? No hay respuestas simples, pero si éstas cuestiones ya no son pura retórica, ello se debe a las cuarteaduras objetivas aparecidas en el edificio del neoliberalismo. Si bien no estamos al borde de la crisis del sistema, la situación exige cuestionarnos qué democracia y qué economía son factibles en el marco actual, sin salir del capitalismo, pero recreando a partir de nuestra experiencia una forma del Estado social y democrático que en cierta forma retoma el sentido de la Constitución General de la República..
Llevamos en México más de un cuarto de siglo tratando de alcanzar la modernidad siguiendo las pautas dictadas por las grandes agencias económicas y financieras, pero no avanzamos lo que se puede y es necesario. Urge un cambio de rumbo. Utilizando la expresión de Rolando Cordera se trata de pugnar por la “nacionalización de la globalización”, no como la fatalidad que vendrá a rescatarnos de nosotros mismos, que es lo que pide la derecha, sino como la expresión democrática del interés nacional, de cuya existencia hoy se duda, o se sataniza, al aludir al populismo (aunque luego se pida la unidad nacional bajo la férula presidencial). México dejaría de ser lo que es si se conformara con la idea colonial de que su gran esperanza sea la de esperar a que el mundo desarrollado nos transforme a su imagen y semejanza, pero nadie hará el trabajo por nosotros. Sin embargo, en éste como en otros puntos, la respuesta de la izquierda está rezagada en el plano político intelectual, como si no se hubiera asimilado la fuerza del terremoto popular que se expresó el 6 de julio del año pasado. En este territorio, es obvio, aún falta mucho por descubrir, cómo se advierte en Latinoamérica, donde la sacudida contra las frágiles élites dominantes ha desatado otras fuerzas y nuevas e inesperadas vías al desarrollo nacional y popular, cuyo desenlace, es verdad, aún es incierto.
Qué democracia.
Durante muchos años, esta corriente ha acreditado en lo esencial su compromiso con los mecanismos y los objetivos de la democracia, ha participado en los procesos electorales, ha ganado y ha perdido, gobierna en varios estados y municipios y tiene la mayor representación a nivel federal y estatal de su historia. Más de quince millones de votos respaldan esa presencia, acreditando a la izquierda como un actor legítimo y necesario en la vida pública. Aunque es indiscutible el predominio del PRD, ésta corriente tiene una composición diversa, nacional (con obvias limitaciones) y plural. A ella pertenecen partidos con registro y un sin fin de organismos políticos y/o intelectuales carentes de militancia formal. Los liderazgos son fuertes y reconocidos, si bien existen razonables dudas acerca del funcionamiento interno y no pocas interrogantes sobre su futuro. A la vez, en sintonía o siguiendo sus propios ritmos, la izquierda existe y actúa en la sociedad impulsando el ejercicio de los derechos humanos y sociales de grupos excluidos o maltratados que el orden imperante hace invisibles.
Sin embargo, a la izquierda, en particular al PRD y por extensión al movimiento político social encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se le cuestiona, precisa e interesadamente, por su falta de compromiso con la democracia y la legalidad. Se ha llegado al grado de decir, como lo ha hecho Enrique Krauze, que la izquierda, en efecto, era una fuerza liberal ante el fin del estado autoritario, (“el fugaz acercamiento”) pero ha dejado de serlo una vez avanzada la transición (con el neozapatismo y el neocaudillismo) Ver: Raforma, 6-05-07). Otros, en cambio, dan por supuesto que la izquierda mexicana siempre fue autoritaria, dadas sus afinidades con el socialismo real o al populismo, siguiendo en ello a los grupos empresariales (y al panismo) cuando aún el bipartidismo les parecía la única fórmula democrática. Ambas posturas, al final, arriban a la conclusión común que marcó la campaña la derecha en 2006: tras la piel de oveja de la izquierda se esconde el lobo autoritario, es decir, “un peligro para México” que no puede dejarse pasar.
No es, por tanto, la izquierda quien debe rendir cuentas por las conductas antidemocráticas o ilegales, sino todos aquellos que, comenzando por el Presidente, siguiendo por el entonces candidato del PAN, trataron de excluir a la izquierda del juego electoral, con el beneplácito o la complicidad de quien a la sazón presidía la Suprema Corte de Justicia. Tampoco se puede liberar de culpas al Tribunal Electoral de la Federación, pues éste tenía en sus manos la posibilidad de resolver la crisis postelectoral mediante una resolución justa y atendible, pero prefirió hacer una interpretación formalista a de la ley, sin visión alguna de Estado, desatando la incertidumbre y la polarización en que hemos vivido desde esas fechas. Peor aún, los magistrados traicionaron abiertamente el espíritu de la norma al exonerar al Presidente Vicente Fox y a otros personajes por la comisión comprobada, detectada por ellos mismos, de una serie de gravísimos delitos electorales que jamás se sancionaron, en perjuicio de la credibilidad y la salud de las instituciones de justicia. El presidente Fox en un alarde sintomático, admitió hace poco esa grave e incalificable violación al Estado derecho que tanto se invocara durante su mandato.
Los críticos de la izquierda abusan de un argumento pueril: la democracia se ejerce solo por intermedio de las instituciones. Pero callan al probarse que éstas o son obsoletas e ineficaces o, sencillamente, se instrumentalizan, convirtiéndolas en correas verticales de orden y control. Señalar como una falta democrática la oposición “entre la calle y el Palacio”, significa ignorar que la ciudadanía no se limita al ejercicio del voto, pues incluso éste acto presupone un grado de conciencia, el impulso que mueve a los individuos a participar en los asuntos públicos que les conciernen, a deliberar con independencia del curso que sigan sus reclamaciones en los tribunales, si es que las tienen. Juzgar la resistencia pacífica como un recurso per se ilegal, no solamente es una demostración de intolerancia, sino también la negación de la política, que es actividad propia de los ciudadanos como tales y no posesión exclusiva de los organismos (partidos) especialmente constituidos con el fin de disputar el poder y la representación.
Por lo demás, la experiencia ha venido probando que la formación de las mayorías, tema crucial de toda democracia, requiere eficacia electoral pero es inseparable del modo cómo se reproducen las “ideas dominantes” sobre el electorado medio. Por eso, tan crucial resulta vigilar los procesos electorales para evitar los fraudes, como fiscalizar las formas mediante las cuáles se crea la mayoría a través de los medios electrónicos, los programas de Estado utilizados en forma clientelar y el despliegue de la influencia de las grandes empresas para modular, no siempre en forma lícita o democrática, el gusto y las preferencias del “público”.
Un avance sería reformar la legislación electoral con el fin de suprimir las mayores aberraciones en este campo, pero la lucha de ideas es una tarea permanente que no se cumple apelando a la neutralidad de los medios. Aquí, al igual que otros asuntos, la izquierda tiene que renovarse o morir. Utilizar la tecnología para educar y difundir una visión racional e ilustrada, sin menoscabo de las demás tareas de orden político o intelectual. Cierto que la ciudadanía se fortalece con la movilización, pero ésta requiere ser acompañada de una cierta pedagogía. Y debe marcar diferencias, haciendo a un lado el anti intelectualismo y otras fobias persistentes. La uniformidad política, teórica o programática no es signo de la madurez que todo lo iguala. Por el contrario, la tendencia a la indiferenciación política que se observa en el plano electoral cancela el fundamento racional de la democracia, a saber: el derecho de los ciudadanos a elegir entre opciones diferentes, no entre productos semejantes con marcas diferentes.
Una tarea ideológica imprescindible consiste en fijar el papel de la izquierda en la eclosión de la aspiración democrática. Sin ese recuento de los arrojos, aciertos y terribles errores de la izquierda, la democracia la memoria será pura ideología. Esa historia resume la resistencia contra la arbitrariedad y la represión durante el priísmoy el rechazo a la discrecional aplicación de esa quimera llamada “estado de derecho”, cuya inexistencia ha impedido formar una tradición positiva de respeto a la ley. A eso se refería Rafael Galván, cuando decía que la legitimidad Estado la defendía el pueblo justo en contra de quienes por ley debían sostenerla. Sin la protesta sindical de los años cincuenta, el movimiento estudiantil de 1968 o la sucesión de 1988, la transición sería una abstracción inexplicable. Sin embargo, la derecha ha procurado adueñarse de la “paternidad” de esa historia ante la pasividad de sus adversarios.
Es verdad que la coincidencia en el tiempo de la crisis del socialismo real y del presidencialismo autoritario en México, creó la falsa ilusión (o la conmoción pasmada) de que se trataba de uno y el mismo proceso, de la misma ola transicional, con objetivos semejantes en cuanto a la reforma del Estado y la economía, sin poner atención en la historia y en la naturaleza de las complejidades de la disputa política mexicana durante el siglo XX. Cierto es que las transformaciones ocurridas en el mundo bipolar actualizaron la democratización mexicana, cuyo progreso quedó bajo observación internacional, como una exigencia planteada a la modernización desde fuera del país, pero el arranque y desarrollo de la transición se ubica, como queda dicho, en la resistencia al autoritarismo presidencial, muy anterior a la sinfonía coral del llamado Consenso de Washington que sintetiza, aunque no lo inventa, el pensamiento ahora dominante.
Mientras la izquierda se identifica ( o debería hacerlo) justamente con la tradición ilustrada, igualitaria y antidespótica inscrita en el liberalismo mexicano, la derecha reduce su esencia al laissez faire que en teoría sustenta las otras libertades, puesto que la democracia se concibe como la expresión “natural” de la libre concurrencia en el plano de las relaciones políticas. Pero si en otros tiempos, la crítica de la derecha parecía favorecer el pluralismo y la libertad respecto del estado autoritario, hoy se vuelve mera justificación conservadora del orden establecido. Su defensa del binomio mercado/democracia, más la descalificación recurrente del papel del Estado, aunada a una visión formalista del derecho y a la defensa de los paradigmas del neoliberalismo impiden verla de otra manera. El problema, para decirlo rápido, no es si hay o no formas de gobierno democráticas distintas de “izquierda” o “derecha”, sino el hecho de que al oficializarse la democracia liberal como un valor universal jamás se cuestionó la naturaleza del orden social y económico que debería sustentarla. Y eso si es grave, ya que la derecha ve en la democracia la oportunidad para una suerte de restauración ideológica que a su vez exige un cambio fundacional dirigido, precisamente, a borrar del mapa cualquier herencia incómoda.
La reforma social
Para la izquierda el verdadero desafío no estriba en “adaptarse” a la
coyuntura (acomodarse, dice Perry Anderson), como en nombre de cierto progresismo piden algunos, sino en construir un conjunto de políticas (y coaliciones) que hagan viable la reforma social en favor de la mayoría vulnerable, sin por ello volver atrás al corporativismo, al aislamiento nacional o a la prédica del socialismo estatal. Tendríamos que admitir que el tema de la desigualdad, o para decirlo en términos clásicos, la “cuestión social” no es una variable económica independiente o un tema importante pero subsidiario referido a la estabilidad del Estado, es decir, a la gobernabilidad, sino la pieza clave de la reconstrucción democrática de la república y, por tanto, la piedra de toque de una izquierda realmente moderna. Pensar el Estado y la ciudadanía a partir de ese postulado obliga a cambiar las prioridades de la agenda nacional, a discernir otras fórmulas de relación entre la sociedad y las instituciones, asumiéndolas con la vía para crear y fortalecer las instituciones democráticas y formas de convivencia menos discriminatorias que las actuales. Durante mucho tiempo la izquierda se pensó a si misma más como una fuerza de oposición radical, más antigobiernista que reformadora, ahora, sin abandonar la oposición y la reforma del Estado, se trata de poner el énfasis en el asunto que en cierto modo es su razón de ser: la lucha por la igualdad.
Tiene razón Rolando Cordera cuando subraya:
“ La diferencia especifica de la izquierda no es el compromiso democrático, que corresponde a todos(...) Para la izquierda no debería haber equívocos: no hay superación efectiva de la pobreza si no se ataca de frente la desigualdad, no sólo en accesos u oportunidades sino en riqueza e ingresos. No habrá tampoco democracia productiva y eficaz, que no contemple explícitamente a la desigualdad como una amenaza central a su duración y reproducción. Insistir y demostrar esta centralidad “negativa” de la desigualdad para el desarrollo democrático es una misión de la izquierda; las tareas de la derecha y de sus aliados liberales ha sido la de soslayar dicha centralidad”.
En otra parte he dicho que no se trata de aplicar un "modelo" preexistente a la realidad, sino de realizar los cambios que ésta exige o anuncia de muchas maneras, por más que se busque encasillar la lucha política a la virtual defensa del orden establecido, aun si éste prescinde de la legalidad o la convierte en mera coartada conservadora. El respeto al pluralismo y, en general, a la democracia, la exigencia de un marco ético sustentado en el interés general, el énfasis en la deliberación pública y el diálogo por sobre la violencia, no presuponen identidades inamovibles, pero si podrían ser el punto de partida para una profunda renovación de la sociedad y el Estado, elaborada bajo una perspectiva social que asume la diversidad y, simultáneamente, confiere pleno valor a los derechos individuales. Esta posición, adelanto, implica, objetivar la voluntad popular, es decir, conseguir que las necesidades de los ciudadanos se expresen hasta que éstas se conviertan en derechos reales y ejercibles. Para las fuerzas democráticas la ilegalidad no es un camino legítimo, como tampoco lo puede ser la complacencia ante las interpretaciones formalistas y conservadoras que hacen de la ley un servil instrumento del inmovilismo.
Alianzas y convergencias
Hay que avanzar hacia la unidad política de la izquierda sin forzar artificialmente el momento organizativo, aunque para ello también es preciso tener un horizonte común, a la vez moral y estratégico hacia el cual dirigirse. El frente amplio progresista (u otro mecanismo de coalición político-electoral) es imprescindible para desarrollar un polo que atraiga el voto a la izquierda, reconociendo la diversidad de origen de sus componentes y, en general, profundizando las alianzas, lo cual, al parecer, es todavía una de sus asignaturas pendientes, según se observó en recientes comicios donde participaron las fuerzas del FAP. Tampoco se ve todavía esa instancia como el puente necesario entre la ciudadanía y los legisladores, una especie de alter ego del trabajo parlamentario en los espacios del debate público. Algo semejante se podría decir de la Convención Nacional Democrática, cuyos momentos luminosos se apagan en silencios demasiado prolongados. Allí está la reserva moral y humana del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya importancia política creció en los momentos más adversos. Pero no es suficiente, como tampoco lo es la actividad del Gobierno Legítimo cuya actividad aún no rebasa el ámbito de los más cercanos, si bien se anuncia la “credencialización” de millones. Sin duda alguna, el cerco informativo y las campañas descalificadoras, dificultan el proceso en su conjunto.
Da la impresión, acaso errónea, (y me disculpo por ello) de que al hablar de estas instancias nos referimos a proyecto paralelos, o al menos no complementarios y/o descoordinados. Con ello, me refiero, a la sobrestimación de la capacidad de colocar en la agenda nacional los temas y problemas que la izquierda considera fundamentales y al escaso seguimiento que luego se les concede a las propuestas formuladas. Pongo un ejemplo en dos capítulos. El primero es el debate a propósito de la despenalización del aborto, donde la izquierda en la Asamblea del Distrito Federal desempeñó un papel crucial. La reacción de la derecha fue la inclinación de la actual “clase gobernante” ante la jerarquía católica, a lo cual no se le dio una respuesta proporcionada: como si la defensa del Estado laico (que no “del aborto”) no fuera un causa de la mayor importancia para la propuesta de renovación de la vida nacional de la izquierda. Algo semejante ocurre con la “ley televisa”, donde a los errores de los diputados se suma el regateo inútil a los ministros de la Corte que la revisaron, sin ofrecer otra concepción acerca del papel de los medios en la vida pública. En ambos casos, se dejó pasar la oportunidad de cuestionar los vínculos “estructurales” entre la derecha y los poderes fácticos y su influencia sobre el Estado.
Como sea, el gran ausente es el Partido de la Revolución Democrática, cuya imagen pública vuelve a los niveles acostumbrados: la lucha de facciones, la imprecisión declarativa, en fin, el descuido como afirmación del burocratismo que disuelve las responsabilidades individuales. Eso, a mi modo de ver, tiene que cambiar. Ya no hay partidos-vanguardia. Tampoco titulares de la ideología. La identidades absolutas languidecen, pero el sectarismo adopta formas extrañas y se reproduce como un hongo tras la lluvia. Vuelve conservadores a los partidos, esteriliza la fuerza potencial del voto y hace de la movilización popular un recurso anodino, salvo para sostener liderazgos, privilegios de grupo o como simple ejercicio para hacer de los cargos el único objetivo verdadero. La izquierda acepta el principio de mayoría pero no lo sacraliza, en otras palabras no cambia los objetivos racionales que la impulsan con tal de obtener una ventaja cuantitativa. Ese es el límite para todo arreglo o alianza con otras fuerzas y con mayor razón en sus disputas interiores.
La diversidad, la explosión del secularismo, la creatividad popular, (o, en su caso, la inconformidad, el espíritu de lucha, la voluntad política) son indispensables, pero no bastan para “cambiar el modelo” que abarca la totalidad de la vida en sociedad. En México no tendremos una izquierda fuerte y madura si las fuerzas sociales, vale decir si los “contingentes populares” no se organizan para la defensa de sus intereses en organismos autónomos fuera de todo corporativismo partidista o estatal. Sin un cambio en ese espacio la democracia cojea y la reforma social se dificulta. Es complicado impedir reformas reaccionarias si los grandes sindicatos como el SNTE sirven a los fines de la derecha en el gobierno, si sus cuadros se despliegan por todo el país como peones en campaña a favor de la mafia que lo dirige y nadie les exige cuentas. Estos deberían ser temas permanentes de la lucha de la izquierda. La construcción de frentes de masas con fines políticos es importante, pero más lo sería si en el mundo laboral y educativo, en la empresa o en el hospital, los trabajadores supieran y pudieran ejercer sus derechos. Y eso no ocurre.
Veo, en ocasiones, a una izquierda sufrida o heroica pero poco interesada en abandonar la visión instrumental de las organizaciones sociales. El clientelismo, en cambio, sigue su camino. Y no me refiero con ello a las infames diatribas clasistas lanzadas por la derecha contra el “populismo” para denostar a los programas sociales, sino a la aceptación de las “técnicas” de captación a cambio de ciertas prebendas, las cuales son tan antiguas como la competencia electoral. Y junto eso, persiste, aunque bajo protesta, el voluntarismo que hace de cada movimiento social una pequeña insurrección, lista para incendiar la pradera entera aunque estéril como mecanismos de acumulación de fuerzas.
Para avanzar, se requiere una poderosa sociedad civil comprometida con la idea de construir un Estado socialmente responsable y un programa que le de coherencia a la lucha popular y a la acción ciudadana, al pueblo en su conjunto, organizado territorialmente con fines electorales por secciones y distritos a nivel nacional; hace falta,a la vez, una poderosa izquierda social dispuesta a ejercer sus derechos, a cambiar las condiciones de vida sin esperar las migajas del clientelismo. Y necesitamos una izquierda política y partidaria fuerte, rigurosa e innovadora. No es poca cosa, pero sin dar los pasos en esa dirección los avances podrían esfumarse.
Una palabra final en torno a la táctica. Coincido con Rosalbina Garavito cuando señala cierta “esquizofrenia” entre la apuesta “a un desfondamiento del gobierno de Calderón mediante la resistencia pacífica, y la presencia del gobierno legítimo que encabeza AMLO, y la actuación legislativa del PRD en el Congreso”(El Universal, 24-03-07). Aunque no es mi intención poner en su boca palabras que no son suyas, aprovecho dicha descripción para visualizar un problema que puede tener enorme trascendencia para el futuro, pues está implícito en la forma como se concibe la resistencia, pero también la actuación de los partidos del FAP en las instancias institucionales, el Congreso en particular.
Con razón, Rosalbina plantea la urgencia de que el PRD trabaje de manera unificada en el ámbito social y legislativo, haciendo la presión necesaria “para impedir la imposición del proyecto de derecha y abrir el camino a la transición democrática. Ello por supuesto requiere emplazar al gobierno de Calderón a negociar, la cual no es una mala palabra si se hace de manera transparente, de cara a la sociedad y con la agenda nacional en la mano.” (Ibid), escribe Rosalbina. Sin entrar al detalle, estoy de acuerdo con esa idea, aunque discrepo en un punto básico: no creo que el objetivo de la resistencia sea “el desfondamiento” del gobierno, por más que la izquierda no esté para hacerle el trabajo que solo a él corresponde, y suponiendo que ninguna hipótesis sea descartable. Me explico. La idea del derrumbe en mi opinión no corresponde a la realidad concreta de México. Además, justo por lo ocurrido el 6 de julio y después, tampoco es deseable: la izquierda debe proponerse derrotar al gobierno, a su partido y a las fuerzas que lo apoyan, sin abandonar, asi fuera por omisión nominal, los procedimientos democráticos y, por supuesto, sin renunciar a la resistencia pacífica, a la movilización y a la organización popular, creando y fortaleciendo una mayoría incontestable.
Apelar a la soberanía popular es un derecho legítimo consagrado por la Constitución, pero sería un grave error pretender que una parte de la nación, entre la cual se halla la más defraudada y excluida, pueda ejercerlo sin tener a su favor la inobjetable solidaridad de la mayoría en las urnas. Tampoco creo que una victoria semejante pudiera coronarse en las actuales circunstancias sin desatar un infierno de proporciones insospechadas.
La interrogante de hoy estriba en saber si la izquierda, para usar la terminología gramsciana, puede pasar de la “guerra de movimientos” a la guerra de posiciones, es decir, si se convierte en la fuerza impulsora de un proyecto cultural y moral comprometido con la tarea de crear una “hegemonía”, al tiempo que libra dos tareas íntimamente vinculadas: conducir la reforma democrática de las instituciones y pugnar por la reforma social que permita la acción organizada contra la desigualdad. Es éste un esfuerzo superior para transformar el país, asegurar la dignidad, el progreso nacional, la equidad y las libertades públicas y privadas de los ciudadanos. Se pretende disputarle a las fuerzas dominantes el monopolio de las ideas y los valores, es decir, ir más allá de la lucha inmediata por los votos, pero excluyendo (y evitando deliberadamente) la violencia como recurso final. Ser, en definitiva, una opción.
