María Marván Laborde
Excélsior
03/09/2015
Cuando se dice que en México no tenemos una cultura de la legalidad, lo que afirmamos es que tenemos una muy mala relación con las leyes y no nos tomamos en serio la obligación de obedecerlas. Todas las encuestas que miden nuestra actitud frente a la ley reportan que los mexicanos consideramos que las reglas son para romperse.
Justificamos nuestro ánimo de desacato en la tradición colonial y en dos premisas que, sin necesidad de probarlas, creemos en ellas a pie juntillas. Las leyes (siempre) están mal hechas y en México nadie cumple la ley. La conclusión de nuestro falso silogismo es que tenemos permiso para transgredir las normas cada vez que lo consideremos conveniente. Así, todos los días alimentamos el círculo vicioso de nuestro débil Estado de derecho.
El desapego a la legalidad es un mal endémico que se agrava cuando comprobamos que los legisladores de este país son los primeros que violan, sistemáticamente, la Constitución y muchas de las leyes que de ella emanan. Académicos del grupo de periodismo del CIDE, encabezados por Ricardo Raphael y Roberto Duque, de la UNAM, se dieron a la tarea de investigar compromisos no cumplidos por el Congreso. Contabilizaron plazos vencidos de los artículos transitorios de reformas constitucionales que, desde la legislatura 60 (2006-2009) hasta la 62 (2012-2015), se han dejado pendientes para un mejor mañana.
Inventaron el violómetro constitucional y lo subieron a internet. Esta página presenta 22 relojes de arena que están en rojo, marcan sendas violaciones que, en tiempo real, miden cuánto dura ya su incumplimiento. Si sumamos las horas acumuladas de los plazos vencidos, el Congreso tiene más de 47 años de atraso. Este tablero da cuenta tanto de leyes aún no escritas así como de nombramientos olvidados. http://periodismocide.org/eventos/violometro/
Entre las leyes que nos deben está la legislación sobre el uso de la fuerza legítima, la Ley de Asilo y la ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución (que habla sobre las causas de expulsión de los extranjeros). Leyes cuya trascendencia para el efectivo respeto a los derechos fundamentales salta a la vista. También faltan leyes de carácter económico, por ejemplo la Ley de Transición Energética, misma que resulta necesaria para la implementación de la tan cacareada reforma en esta materia.
Hace siete años, ocho meses y 20 días debieron haber aprobado la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, que limita la propaganda gubernamental. Prohíbe expresamente la promoción personalizada de todo servidor público, incluido el Presidente de la República. Más tardó el Congreso en aprobar esta limitante que los políticos en arrepentirse de ello. Para remediar su exabrupto introdujeron en el Cofipe y ahora en la Legipe, un artículo a todas luces inconstitucional que les permite hacer propaganda personalizada antes y después de cada informe. La repetición de la inconstitucionalidad nos permite asegurar que el error fue con premeditación, alevosía y ventaja. Es una violación con todas las agravantes. La negligencia del Congreso ha lastimado ya tres elecciones federales.
Hace apenas dos días inició una nueva legislatura. Los recibimos con la mala noticia de que están en deuda, sus predecesores les dejaron 22 pendientes que deben incluir en la agenda legislativa con carácter de urgente. Cuando juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, nunca imaginaron que la nación estaba organizándose para demandarles que su juramento no fuera una ceremonia hueca y sin sentido. El violómetro es una herramienta de exigencia ciudadana.
El PRI con el PVEM gozan de mayoría absoluta y, por tanto, tienen en sus manos la mayor responsabilidad de acabar con el rezago, la oposición deberá exigir que las leyes aprobadas se hagan con visión de Estado y para proteger el interés general. Basta de cuotas en los nombramientos y prebendas para los poderes fácticos.
Las acciones del parlamento afectan a la democracia tanto como sus omisiones. No hay democracia sin parlamento, el corazón del sistema representativo está precisamente en el Poder Legislativo, por ello cada vez que violan la Constitución arriesgan la consolidación democrática.