Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
23/05/2016
La iniciativa presidencial para reconocer el matrimonio igualitario es un triunfo de la sociedad activa. Pero ella no se ha dado cuenta. A los variados grupos ciudadanos que defienden derechos humanos y pugnan por el reconocimiento de las preferencias de las personas, la propuesta que modificaría el artículo cuarto de la Constitución y numerosos artículos del Código Civil les ha resultado tan sorpresiva que contemplan, pasmados, las reacciones en contra. Les resulta difícil reconocer que, en este caso, el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido un acierto.
Esa reticencia para admitir el enorme avance en beneficio de las libertades ciudadanas que significa la iniciativa presidencial forma parte de las apreciaciones esquemáticas y maniqueas que siguen dominando en los segmentos críticos (por decirles de alguna manera) de nuestra sociedad. Ese silencio está propiciando que el espacio público sea dominado por quienes, desde posiciones intolerantes, se oponen a que sea reconocido el matrimonio de personas del mismo sexo.
El matrimonio de esa índole se sustenta en el reconocimiento de dos derechos esenciales: libertad e igualdad. Las personas en edad adulta pueden hacer de su existencia lo que quieran mientras no afecten derechos de otros. Tienen derecho a emparejarse, cohabitar, compartir y hacer lo que quieran y con quien quieran. Y tienen derecho a que el Estado reconozca esa unión, para todos los efectos legales que pueda tener. Hasta ahora, la definición que concibe al matrimonio únicamente como el enlace entre una mujer y un hombre es discriminatoria de quienes quieren practicar otras formas de convivencia.
El presidente Peña Nieto presentó su iniciativa en una reunión con miembros de las comunidades lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual el martes 17 de mayo en Los Pinos. La reforma que propone incorporar al 4º constitucional diría: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.
Esa propuesta se complementa con una interesante colección de reformas al Código Civil Federal que despejarían obstáculos para el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitirían que esas parejas tengan derecho a la adopción. Otro conjunto de reformas al Código Civil facilitan y reglamentan el divorcio cuando uno de los cónyuges así lo solicite.
Esa iniciativa es congruente con las resoluciones de la Suprema Corte que ha considerado inconstitucional la prohibición en las leyes locales al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta ahora, de acuerdo con la iniciativa, el matrimonio no heterosexual ha sido reconocido en la Ciudad de México, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo. Hace pocos días se aprobó en Michoacán. Pero no hay disposiciones expresas que lo admitan en toda la República Mexicana. Por eso es pertinente la iniciativa de Peña Nieto.
De ser aprobada, la Constitución y el código federal constituirían un paraguas jurídico para facilitar el reconocimiento del matrimonio y la adopción igualitarios en todo el país. Una siguiente etapa sería la actualización de los códigos civiles en cada estado.
La iniciativa presidencial trae al escenario público uno de los temas que remueven con mayor aspereza los ánimos fundamentalistas que aún hay en todas las sociedades y la nuestra no es la excepción. El desarrollo cultural y cívico ha promovido el respeto y la tolerancia como valores esenciales de la convivencia en una sociedad definida por la diversidad en todos los aspectos. Pero todavía hay quienes consideran que los demás tienen que comportarse como ellos quieren y que creen que todas las familias deben ser iguales.
Cada quien tiene derecho a sus propios prejuicios. Pero no tiene derecho a imponérselos a otros. Por eso, en temas como el matrimonio igualitario se define el talante de las sociedades contemporáneas. El reconocimiento de los derechos individuales es parte esencial de las decisiones que hacen que una sociedad sea respetable, al respetar la diversidad de sus integrantes.
Pero el respeto de los derechos de las personas no se encuentra tan arraigado como tendría que propiciar el espíritu liberal que ha predominado en la historia y la sociedad mexicanas. La defensa de las libertades personales todavía pone a prueba las convicciones democráticas de todos los actores de la vida pública.
Aunque se reclama heredero de esa tradición liberal, en la trayectoria del Partido Revolucionario Institucional se pueden encontrar numerosos momentos, ayer y ahora, de incongruencia con la defensa de las libertades. La iniciativa de Peña Nieto es un desafío en su propio partido.
Lo es más, evidentemente, en Acción Nacional. Aunque las hay, las convicciones liberales de algunos de sus integrantes con frecuencia son atemperadas por sus conveniencias políticas. Esos panistas suelen guardar silencio acerca de tales temas para así contemporizar con los grupos de espíritu conservador que también hay en ese partido.
La propuesta de Peña Nieto tendría que haber encontrado inmediato y unánime aplauso en el Partido de la Revolución Democrática, en cuya Declaración de Principios se reivindica al matrimonio igualitario. Pero a ese partido, que prefiere parecerse a lo peor del viejo PRI en vez de comprometerse con una política de reformas, le cuesta demasiado trabajo reconocer méritos en iniciativas del gobierno.
El matrimonio igualitario es un tema incómodo para Morena. Aunque allí hay militantes convencidos del reconocimiento de tal derecho, el propietario de Morena ha dicho que “no es tan importante”. No obstante que se dice identificado con la tradición liberal, en ese y otros asuntos relacionados con los derechos de las personas López Obrador es profundamente conservador.
En contraste con el desconcierto del mundo político y el silencio de la sociedad crítica, la iniciativa para el matrimonio igualitario desató inmediato rechazo de la Iglesia católica. Aunque con tiento, la Conferencia del Episcopado Mexicano dijo el mismo 17 de mayo: “ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad”. Varios dirigentes eclesiásticos como el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez: sostienen: “Los niños y las niñas tienen derecho a tener un papá y una mamá. Si se atenta contra ese derecho se pone en riesgo la armonía de la familia, que es el fundamento de la paz social”.
El matrimonio igualitario confirma las incapacidades estructurales de la iglesia católica para renovarse al mismo ritmo que el resto de la sociedad. Hace seis años, el 22 de junio de 2010, cuando ese derecho estaba por ser reconocido en Argentina, el arzobispo de Buenos Aires dirigió a las monjas carmelitas de aquella ciudad una carta que luego sería pública: “está en juego la identidad, y la supervivencia de la familia: papa, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios”. Según ese clérigo, el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo sería culpa del diablo: “No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”.
Aquel arzobispo se llamaba Jorge Mario Bergoglio y hoy trabaja como Papa. La Ley de Matrimonio Universal se aprobó en Argentina pocos días después, igual que ha ocurrido con el reconocimiento al matrimonio igualitario en otros sitios del mundo.
En esa ocasión, frente a la intolerancia de quienes sólo admiten a las familias tradicionales, en Argentina se desarrolló una creativa discusión; 611 investigadores, la mayor parte miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el equivalente al Conacyt y al SNI mexicanos, suscribieron un detallado documento a favor de la Ley de Matrimonio Universal. Redactado por el doctor Carlos Figari, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en ese extenso escrito se explica la evolución en el concepto de familia, se reivindica al matrimonio como una elección de personas libres y se desmiente, con abundantes referencias académicas, la patraña de que hay diferencias en la crianza de los hijos a cargo de parejas heterosexuales y homosexuales.
Aquel esfuerzo de elaboración y concertación de los investigadores argentinos podría servir de ejemplo para que en la sociedad mexicana haya expresiones capaces de apoyar la iniciativa para el matrimonio igualitario. No será menor la oposición a esa propuesta por parte de quienes también confrontan a la libertad en otros flancos. Ojalá no sea mucho esperar que la importancia de esa reforma permita superar mezquindades y miopías en los partidos, así como entre los grupos ciudadanos. Esta iniciativa del presidente Peña es pertinente y avanzada. Hay que decirlo así. Hay que respaldarla.