Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
05/10/2015
Los negocios de Joaquín López-Dóriga
La disputa entre su esposa y una destacada empresaria hizo evidente el tráfico de influencias que practica el periodista más notorio de México. Pero ésa no ha sido la única causa que maltrata la presencia pública de Joaquín López-Dóriga. Durante casi medio siglo ese informador ha mantenido una perseverante carrera profesional que desde hace tres lustros incluye la conducción del noticiero más importante de la televisión mexicana. Se trata de un gran esfuerzo, que implica responsabilidades que ese periodista no necesariamente ha cumplido.
Lo que informa López-Dóriga, pero también los negocios que hace al amparo de su celebridad e influencia, son asuntos de interés público. Por eso llamó la atención el chantaje que pretendía imponer un abogado al servicio de la esposa de ese periodista. La historia ha sido muy conocida. La señora Adriana Pérez Romo encabezó a los vecinos que se oponían a la construcción de un edificio en Polanco, a cargo de una compañía propiedad de la empresaria Asunción Aramburuzabala. El abogado de Pérez Romo pidió cinco millones de dólares a cambio de la anuencia de los vecinos, según se aprecia en un video muy difundido. Por su parte, la empresaria asegura que López-Dóriga la amenazó con una campaña mediática para “destrozarla” si hacía público ese litigio. Hace diez días un tribunal dictaminó que la obra puede continuar.
A esa acusación contra López-Dóriga por emplear su ascendiente en los medios para defender intereses personales se añaden las gestiones que él, o su esposa, hacen para obtener publicidad. La agencia a cargo de la señora Pérez Romo desde hace años comercializa el programa de radio de ese periodista. Los anuncios pagados son indispensables para que los medios sean negocio y subsistan. Pero el hecho de que un periodista, o su cónyuge, vendan publicidad para espacios de información y comentarios, compromete su independencia editorial.
En días recientes se han difundido cheques por montos muy altos a favor de López-Dóriga. Si son auténticos, se trata de pagos que implican compromisos financieros y políticos. En todo caso, hay registros confiables de los elevados montos que el gobierno federal y gobiernos estatales desembolsan para pagar anuncios en espacios de ese periodista.
Cuando un gobernador, o un secretario de Estado, compra publicidad en el noticiero radiofónico o en el sitio web de un periodista, será difícil que ese informador difunda noticias incómodas para el funcionario que ha sido tan generoso en esa contratación publicitaria. Por otra parte, esos gastos con recursos fiscales pudieran contravenir las disposiciones constitucionales que prohíben que los funcionarios públicos se promuevan pagando publicidad oficial.
López-Dóriga no es el único periodista que vende publicidad en sus espacios informativos. Esa práctica se ha incrementado con la creación de sitios en internet manejados por columnistas y conductores que aprovechan su notoriedad en otros medios para tener ese negocio adicional. La discrecionalidad en el manejo de la publicidad gubernamental propicia esa relación comercial. No es una práctica ilegal, o no lo es en todos los casos. Pero tiene implicaciones éticas. Y estéticas.
Carmen Aristegui, aventurada demanda
El reportaje que permitió conocer los compromisos financieros alrededor de la residencia de la familia Peña Nieto sigue cosechando reconocimientos. Ahora Carmen Aristegui recibió en Medellín el Premio de Periodismo García Márquez. Allí anunció que denunciará al Estado mexicano por “denegación de justicia” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de una medida judicial, pero sobre todo política, arriesgada e incierta. Implica el reconocimiento de que en las instancias judiciales mexicanas se agotaron las posibilidades para que esa periodista y sus compañeros sean reinstalados en MVS. Además, la nueva demanda obligaría a la Corte Interamericana a forzar la interpretación de sus propias normas.
La Convención Americana de Derechos Humanos ampara el derecho a la justicia, específicamente en sus artículos 8 y 25. Esa protección implica que los tribunales y jueces resuelvan en procesos justos y que los argumentos de cada parte sean tomados en cuenta, dentro de plazos razonables. En abril pasado, Aristegui presentó una demanda de amparo contra las medidas de MVS en relación al noticiero que conducía, aprovechando las nuevas disposiciones que en algunas ocasiones permiten utilizar ese recurso para impugnar decisiones de un particular. MVS, por otra parte, presentó una demanda de carácter mercantil.
En varias ocasiones la periodista y partidarios suyos celebraron las resoluciones judiciales que le favorecían aunque, a la postre, un tribunal colegiado falló en su contra. Si hubo juicios, será difícil alegar que hubo denegación de justicia. Otra cosa es el desenlace de esos juicios, que va más allá del procedimiento que puede ser impugnado en la CIDH.
Si examina el fondo de la querella de Aristegui y sus compañeros, la Corte Interamericana tendría que resolver si una empresa privada puede ser obligada a dar espacio a un periodista que no comparte su línea editorial. Es fácil imaginar las implicaciones de una decisión, cualquiera que sea, sobre ese tema.
Lo mejor sería que Carmen Aristegui encontrara en la radio el espacio que sus muchos simpatizantes han exigido. Si no es en una emisora comercial, allí están los medios públicos, aunque en ellos las restricciones financieras son mayores que en una empresa comercial. Por cierto, esa periodista se beneficiaba directamente de la venta de publicidad (de la cual cobraba un porcentaje fijo) para el noticiero que conducía.
Canal 22, oportunidad a la diversidad
La pluralidad que no siempre hay en los medios privados tendría que ser invariable en los medios públicos. En el Canal 22, el empleo de medidas de autoridad por encima de la conciliación desembocó en el despido de varios reporteros y en la protesta que mantuvieron contra el director de esa televisora. Pionero en el estudio de los medios, con larga trayectoria en la comunicación institucional, Raúl Cremoux tuvo que renunciar.
Lo reemplaza Ernesto Velázquez Briseño, cuyo compromiso con la televisión pública incluye 11 años en la subdirección de Programación en el Canal 22 y otros tantos en TV UNAM. Hombre culto y cordial, Velázquez presidió la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales. Ahora tiene el reto de mantener la proverbial calidad en las producciones del 22 en una época que será de restricciones financieras. A diferencia de los años 90, cuando Velázquez fue subdirector del canal, ahora existe mayor libertad —y exigencia pública— para que el 22 sea espacio de reflexión y crítica.
Canal Once, torpeza y retroceso
Los cambios que anoche anunció el secretario de Educación Pública incluyen el reemplazo de la periodista e internacionalista Enriqueta Cabrera por la ingeniera Jimena Saldaña Gutiérrez en la dirección del Canal Once. La nueva directora no tiene experiencia alguna en temas de televisión y mucho menos en televisión pública. Su designación es un desplante grosero y autoritario en contra de los trabajadores, los televidentes y la historia de esa noble televisora.
El desempeño profesional de la señora Saldaña transcurrió, por décadas, a la sombra de Mario Vázquez Raña. Fue directora adjunta a la presidencia en la Organización Editorial Mexicana, en donde se ha practicado un periodismo adocenado y oficialista. El movimiento #YoSoy132 surgió hace algo más de tres años, precisamente, debido a la información tendenciosa que los diarios de esa cadena publicaron sobre la visita del entonces candidato Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana.
Vázquez Raña personificó al periodismo adosado al poder político que predominó en México durante la segunda mitad del siglo pasado. Saldaña también lo acompañó en la burocracia que controló al deporte mexicano y que tuvo influencia en el deporte mundial. Ha sido vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, secretaria ejecutiva de la Organización Deportiva Panamericana y miembro del Comité de Solidaridad del Comité Olímpico Internacional. En febrero pasado, el PRI la postuló como candidata a diputada plurinominal, en la cuarta circunscripción. A última hora fue eliminada de esa lista.
La señora Saldaña Gutiérrez es hija de Jorge Saldaña, el conocido conductor que murió hace casi un año. Ese es el único vínculo conocido que ha tenido con la televisión. Su nombramiento constituye una torpeza mayúscula del secretario de Educación o de quien le haya dado esa instrucción. En ese caso a la televisión pública, en vez de respaldarla, se la desdeña.