José Woldenberg
Reforma
13/07/2017
La interrupción legal del embarazo por motivo de violación es legal en todo el país. No hay estado de la República cuya legislación contradiga dicho precepto. Y resulta lógico y justo. La violación es uno de los delitos más aberrantes porque implica no sólo violencia física contra la víctima, sino secuelas psicológicas y anímicas difíciles de superar. Se trata de un delito bárbaro que por desgracia sucede todos los días y de norte a sur. Y cuando además tiene como derivación el embarazo, parece existir un amplio consenso en que la mujer debe tener el derecho de interrumpirlo en las mejores condiciones sanitarias posibles.
Ahora bien, cuando ese ruin delito sucede contra menores de edad, el castigo contra los infractores debe revestirse de todos los agravantes y por supuesto permitir que las niñas y jóvenes víctimas puedan abortar sin tediosos, complicados y agresivos trámites. A las niñas ese evento (o eventos) traumático les quebranta la vida, las priva de su infancia (o juventud), tiende a estigmatizarlas, a imponerles responsabilidades ajenas a su edad y cancela las posibilidades -pocas o muchas- que abre el futuro.
Pues bien, como en muchos otros terrenos en nuestro país, entre las disposiciones legales y la realidad media un océano del tamaño del Pacífico. GIRE (el Grupo de Información en Reproducción Elegida) documentó, acompañó y resolvió casos de niñas violadas que cursaron un auténtico laberinto burocrático para lograr interrumpir sus respectivos embarazos.
Lo primero que salta a la vista en el informe de GIRE son las edades de las víctimas: 10, 12, 13, 14, 16 años. Después, los victimarios: novio, padre, conocido, padrastro, abuelo, familiar. Y luego, la insensibilidad de los ministerios públicos y la actitud insolidaria de médicos y enfermeras que laboran en las instituciones de salud.
Transcribo un caso solo para ilustrar lo dicho: «Rosa -el nombre es ficticio pero la historia no-, 14 años, Estado de México, 2014. Rosa fue violada casi un año por su padre, que la amenazó con hacerle daño a su mamá si decía algo. Su madre, al percatarse de los cambios en la conducta de Rosa y su pérdida de interés por ir a la escuela e incluso a salir a la calle, le preguntó si sucedía algo y le pidió a su madrina que la llevara al médico, tras lo cual se supo que Rosa estaba embarazada. Tras contarle a su madre lo sucedido, acudieron juntas al ministerio público a denunciar. Debido a que su embarazo sobrepasaba las 12 semanas, no podía interrumpirlo, pues el Código de Procedimientos Penales del Estado de México entonces vigente, establecía ese plazo para emitir la autorización. Rosa se trasladó a la Ciudad de México con el apoyo de DDSER y GIRE. Ahí se determinó que el embarazo implicaba alto riesgo a su salud y pudo interrumpirlo. A pesar de que su agresor sigue en libertad, Rosa ha podido vencer su miedo a salir de su casa, gracias a las terapias psicológicas y al apoyo de la secundaria técnica a la que asistía, por lo cual pudo retomar sus estudios y terminar secundaria. En la actualidad cursa bachillerato». (Violencia sin interrupción. 2016).
Con información oficial, es decir, de las procuradurías locales y la Procuraduría General de la República, GIRE encontró 70 mil 630 denuncias de violación entre enero de 2009 y 30 de junio de 2016. Se trata de una cifra disminuida puesto que infinidad de agresiones sexuales no se denuncian. Pero, en contrapartida, documentó que abortos por violación en el mismo lapso en las instituciones de salud públicas solo existían registrados 61.
Se trata invariablemente de casos difíciles, dolorosos. Pero precisamente por ello debieran existir ministerios públicos capaces de atender con tacto y conocimiento de causa a las víctimas, mientras las instituciones de salud deberían «simplemente» atender la norma (NOM-046-SSA-2005) que establece la interrupción legal del embarazo en casos de violación, sin tener que pasar por el infierno de las procuradurías y los jueces como requisito previo.
A fin de cuentas, construir y cursar vías para atender las más aberrantes agresiones contra niñas y niños es condición necesaria para construir una convivencia medianamente civilizada. Y es difícil imaginar un infierno peor que el de una violación a una menor que deriva en embarazo.