María Marván Laborde
Excélsior
17/03/2016
Por instrucciones de algún funcionario de la Sedesol, los beneficiarios del programa Prospera ya no tendrán hambre, al menos eso es lo que deberán decir cuando contesten la encuesta de evaluación del programa.
La semana pasada, algunos medios impresos y electrónicos, entre ellos El Siglo de Torreón y Sinembargo.mx, recogieron la noticia de que un funcionario público de este programa en Coahuila, concretamente de Piedras Negras, había emprendido la humanitaria tarea de acabar con el hambre por decreto.
No queda claro si el funcionario Alberto Cabrera Aguilar actuó motu proprio o por instrucciones superiores. Lo que es clarísimo es el audio que grabó alguno de los asistentes. Se escucha la voz del funcionario diciéndoles a quienes van a contestar la encuesta de evaluación qué deben decir para evitar “errores”. Es necesario mostrar que el programa sirve, todos digan que no tienen hambre. ¿Tienen hambre? Y a coro repite un grupo de voces femeninas: ¡No!, ¿qué van a decir mañana?, ¡no!
En la grabación hay una amenaza explícita. Les advierte que si ellos dicen que tienen hambre, el Inegi le va a decir a los diputados que el programa no sirve y eso los pone en riesgo a todos, inclusive a él mismo porque también es parte del programa. La grabación se puede escuchar en la siguiente dirección:http://www.sinembargo.mx/10-03-2016/1634443
La noticia no es una anécdota graciosa, especialmente cuando las evaluaciones hechas al programa no han sido favorables. El año pasado el Coneval puso en cuestión la eficacia de los muchos programas de Sedesol que comprenden la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los índices que miden la pobreza y pobreza extrema no parecen mejorar al través del tiempo.
La Auditoría Superior de la Federación tampoco evaluó favorablemente el ejercicio del gasto en ese rubro. El informe de la cuenta pública de 2014, entregado a la Cámara de Diputados hace apenas unas semanas, tiene una visión muy crítica sobre los resultados del programa. A pesar de contar con un presupuesto de 160 mil millones de pesos, no se tienen pruebas contundentes de que haya avances para erradicar el hambre.
En agosto de 2015, Rosario Robles, después de que el Coneval publicó sus resultados, salió de la Sedesol y entró el actual secretario José Antonio Meade quien, al parecer, reconoció los malos resultados, ya que anunció, unos meses después, en noviembre, la necesidad de hacer un relanzamiento del programa. Debería haber un mejor acompañamiento de la Sedesol a los gobiernos locales a fin de lograr, efectivamente, el empoderamiento de los beneficiarios de los programas.
El Coneval es el organismo público autónomo que tiene como misión la evaluación de la política de desarrollo social con el objetivo de mejorar los resultados. En pocas palabras, revisa que el dinero que se invierte en cada programa arroje los resultados esperados. En el caso de los programas involucrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que se busca es el acceso a una adecuada alimentación que elimine o, al menos, disminuya el hambre y, de ser posible, la desnutrición.
Uno de los instrumentos de evaluación es hacer encuestas entre los beneficiarios. Es evidente que el cuestionario levantado el viernes pasado no servirá para tales propósitos, porque al menos una porción de los encuestados contestaron bajo presión del funcionario que entrega los beneficios del programa.
En México, la rendición de cuentas es un tema relativamente nuevo y la construcción de indicadores del desempeño ha sido una materia difícil en la administración pública. Ahora han sembrado la duda no sólo sobre el programa Prospera, tampoco podremos confiar en los resultados de, al menos, esta evaluación. ¡Con hambre y desperdiciando el dinero! Eso también es corrupción.
PUNTO Y APARTE: el día de hoy, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana, entregaremos al Senado las más de 120 mil firmas que respaldan la iniciativa Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3 de 3. Un logro colectivo que refleja que una buena parte de la sociedad está harta de las malas leyes que propician la corrupción y la impunidad.