Jacqueline Peschard
El Universal
11/07/2016
La justicia es quizás el terreno en donde se expresan con mayor dramatismo las grandes deficiencias de nuestra vida pública, tales como la impunidad y la arbitrariedad.
Uno de los grandes cometidos de la reforma constitucional de transparencia de 2014 fue ampliar las obligaciones de la apertura informativa a todos los entes públicos, así como a quienes reciban o ejerzan recursos gubernamentales para darle armazón a la rendición de cuentas en el país. La idea fuerza era someter a los tres poderes y a los organismos autónomos a las mismas exigencias de transparencia para reducir las asimetrías de información existentes entre ellos.
La transparencia es una de las palancas por excelencia para impulsar la integridad de quienes tienen el cometido de impartir justicia, por ello, un tema central de debate en las legislaciones secundarias de la reforma de transparencia fue que todos los que desempeñen una función pública publiciten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, lo que popularmente se ha llamado la Ley 3de3.
No se alcanzaron los acuerdos y ni la Ley General, ni la Federal de Transparencia incorporaron tal obligación, pues los legisladores determinaron que fuera la Ley General de Responsabilidades Administrativas la que la incluyera, lo cual al final tampoco sucedió. Sin embargo, la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, fiel a la tradición de vanguardia que en esa materia ha tenido la ciudad capital, sí la estableció expresamente. En su artículo 121, dicha ley señala que son obligaciones de transparencia que todos los servidores públicos y sus colaboradores entreguen sus tres declaraciones, en una versión pública.
Los jueces y magistrados de los tribunales de la CDMX pretenden ampararse frente a esta norma, porque consideran que la publicidad de sus bienes y propiedades hace vulnerable su función de aplicar la justicia, porque tal información puede ser utilizada para someterlos a presiones, o chantajes al momento de emitir sus sentencias, en particular en el contexto de exposición al crimen organizado como el que vivimos.
Los jueces y magistrados saben bien que no hay razón para defender su privilegio a la secrecía y que el riesgo de ser amenazados por criminales que estén involucrados en algún juicio no depende de la difusión de sus tres declaraciones, sino de las fracturas institucionales de que adolece nuestro sistema judicial. Además, el hecho de que la ley contemple la elaboración de versiones públicas para resguardar datos personales, tales como los números de las cuentas bancarias, garantiza la protección. En cambio, extender las obligaciones de transparencia a quienes imparten justicia puede ayudar a que ésta no esté sujeta a sesgos, o a favoritismos; a que haya un mayor control sobre posibles enriquecimientos inexplicables o desproporcionados de jueces y magistrados, al amparo de la opacidad. En suma, la transparencia serviría para robustecer al sistema en su conjunto.
¿Por qué reclaman los jueces y magistrados seguir manteniendo su privilegio a la secrecía? Mientras el acceso a la justicia en México siga estando reservado para quienes tienen recursos para pagar, o para comprar una defensa eficiente, o para quienes gozan de relaciones con funcionarios en altos cargos a fin de inclinar un fallo a su favor, es decir, mientras el anonimato siga siendo el mayor obstáculo para acceder a un debido proceso, la transparencia de las ganancias y propiedades de los jueces será una herramienta útil para reducir los márgenes de discrecionalidad y de arbitrariedad que subsisten en los distintos eslabones del Poder Judicial.
La Ley de Transparencia de la CDMX debe mantenerse intacta, como muestra de hacia dónde hay que avanzar en esta materia respecto funcionarios y jueces. La sociedad así lo demanda.