Primeras lecciones
Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada. 23/10/2008
En cuanto al acuerdo en referencia a la cuestión petrolera hay algunas lecciones que vale la pena destacar: la primera, y acaso la más importante: hay temas de la vida nacional cuya trascendencia obliga a que los cambios legales se discutan de manera pública y abierta, aunque moleste en ocasiones a quienes dueños del poder se creen también poseedores de la verdad. En una sociedad plural y clasista como la nuestra, el respeto a las formas democráticas no sería nada sin la voluntad de escuchar todas las voces, buscando los mecanismos más adecuados para que esto sea posible.
La segunda es que, ciertamente, todos los acuerdos suponen concesiones de las partes. Las victorias absolutas sólo existen como resultado de la “dictadura de la mayoría”, es decir, de la imposición de criterios que, finalmente, son frágiles y cuestionables. La aprobación de las leyes por el Congreso, con los ajustes que aún pueden hacerse para evitarnos futuras sorpresas desagradables, tiene un significado clarificador y positivo: sí vale la pena luchar por una causa justa; arrostrar las campañas infames lanzadas para liquidar al adversario, así como la descalificación instantánea de grandes plumas (y plumajes) que se dicen independientes. La democracia, al contrario de la idea bucólica de algunos, no cancela los conflictos ni tampoco tiene por qué edulcorarlos. Los consensos son posibles, pero no siempre serán viables. Lo más importante es eludir en cualquier caso la mayoría mecánica, fundada en la transa abyecta de concesiones espurias y no en negociaciones abiertas y transparentes
En ese sentido, más que un triunfo de las izquierdas, que lo es ciertamente, el acuerdo en una victoria nacional, justo porque viene a reafirmar la irrenunciable necesidad de defender los intereses generales frente a la ambición de unos cuantos. Contra los que argumentaron que ésta era una causa perdida y anacrónica en tiempos de globalización, la realidad de la crisis ha venido a probar que estaban equivocados al diseñar la estrategia de integración a ciegas que por desgracia domina la visión de los gobernantes.
Todavía hoy, cuando algunos de los partidarios de la privatización lloran por el acuerdo que llaman light olvidan que el tema a debate era y es si la modernización imprescindible de Pemex es un recurso para proteger el patrimonio nacional o una simple coartada para rematarlo a las grandes empresas que, en efecto, representan al poder trasnacional que ha llevado al mundo al borde del desastre.
Les preocupa que Pemex no se abra a los capitales privados nacionales y extranjeros, pero no les inquieta con parecida intensidad la inexistencia de una política fiscal capaz de reordenar las finanzas públicas sin exprimir los ingresos provenientes del petróleo. Y, sin embargo, como afirmaron con argumentos muy sólidos los especialistas en los foros del Senado, ninguna reforma en el sector energético será suficiente sin la reforma fiscal que durante décadas se ha venido posponiendo para alentar un esquema que no ha traído crecimiento y sí la ampliación de la desigualdad en México.
Por lo pronto, como planteaban varios economistas en una encuesta realizada por el suplemento de La Jornada Morelos, El Correo del Sur, la gran tarea pendiente, además de cortar el cordón umbilical con Hacienda, es asegurarse la más completa y rápida modernización de Pemex (la cual implica desde ahora un plan de emergencia), atendiendo también desde ahora la gran cuestión de definir los términos de la “transición energética”, un asunto clave que está en el horizonte de la actual generación.
Naturalmente que instrumentar una reforma con estas características llevará tiempo, pero sobre todo hará necesaria que se mantenga la fiscalización pública, pues los ajustes no son menores y hay que evitar a toda costa que en el camino se tuerza la ley, como es costumbre. En otras palabras: no hay que bajar la guardia.
Una consideración final: el debate en torno a la cuestión petrolera obliga a pensar si no deberíamos tomarlo como ejemplo para otros asuntos de interés nacional. Pienso, por ejemplo, en la educación. ¿Por qué el gobierno no hizo de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación la columna vertebral de una discusión nacional, donde todos los interesados pudieran expresarse con absoluta libertad, en lugar de negociarla de espaldas a la nación? ¿No es hora de que el Congreso asuma que los problemas del magisterio no son temas gremiales (o meramente sindicales), sino asuntos políticos derivados del modo como el SNTE (y otras corporaciones) ejerce el poder que les otorga una viciada y viciosa relación con el poder?
La educación es tan decisiva e importante que no puede dejarse a la voluntad arbitraria de quienes sexenalmente toman las decisiones o de los que a perpetuidad cabalgan sobre los maestros. Que la enseñanza sea obligación del Estado obliga, no exime, a la sociedad de discutir sus problemas, todo lo contrario.
¿Puede México avanzar en el terreno educativo sin depender de la maestra y sus socios? ¿Pueden los maestros de México hacer en democracia su aportación a la calidad de la educación sin el yugo de la burocracia sindical? ¿Podemos todos hacer algo sin quebrantar los derechos legítimos de los maestros, respetando su trabajo y con sensibilidad hacia sus condiciones de vida? Por lo menos asumamos que ése es un problema político y bastante grave.
Victorias y derrotas en la Reforma Petrolera
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma. 26/10/2008
Formado más que su opositor Andrés Manuel López Obrador en la política de corte convencional, el presidente Felipe Calderón es más ducho en su ejercicio: trocó en victoria la casi cabal derrota de su proyecto de reforma energética. En simetría paradójica, el dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo se mostró renuente a admitir que sus posiciones centrales salieron avante y convirtió en derrota un triunfo que había comenzado a serlo desde que el Senado imprimió un ritmo y un contenido diversos al planeado para discutir en abril las iniciativas presidenciales.
Todavía es tiempo de que López Obrador enmiende la errónea percepción que ha propagado sobre el desenlace de este prolongado y profundo proceso político y legislativo. Podría hacer que la resistencia civil pacífica que el jueves pasado intentó sin éxito impedir la aprobación de los dictámenes respectivos no reiterara esa pretensión en la Cámara de Diputados, donde está previsto que el martes sean aprobadas las minutas senatoriales. Él mismo y sus compañeros y seguidores podrían realizar un vigoroso acto de presencia, de protesta por la consumación de la reforma, pero no procurar dentro ni fuera del recinto que se suspenda la sesión ordinaria, en que se presentarán los dictámenes propios de los diputados, que serán votados a favor por una amplia mayoría, proporcionalmente semejante a la que se expresó en el Senado.
Como se hizo allí el jueves pasado, sin obtener respuesta siquiera, se buscará en San Lázaro que López Obrador sea recibido por diputados que escuchen su propuesta de adición al artículo 60 de la Ley Orgánica de Pemex, que ya fue planteada en comisiones y en el pleno del Senado y que busca prohibir expresamente que sea exclusiva la operación de contratistas en las áreas que les sean asignadas para explorar y producir crudo. Se trata de una expresión solicitada ad cautelam, por las dudas, porque no hay en el proyecto aprobado autorización en sentido contrario, pero que López Obrador y senadores perredistas propusieron para que la aplicación de la ley no genere sorpresas surgidas de una interpretación amañada de lo permitido.
Aunque es remota la posibilidad de que el dirigente opositor sea recibido y escuchado, su insistencia en este punto puede ser expresada en la sesión de la Cámara, pues no son pocos los legisladores que están en posición y disposición de presentarla, aunque con mayor razón que en el Senado la moción será desechada por la mayoría de panistas y priistas. Admitirla ahora significaría devolver el proceso a Xicoténcatl, extremo al que nadie está dispuesto a llegar. Pero ni aun esa negativa justificaría presiones políticas y físicas que buscaran reventar la sesión desde la calle o tomando la tribuna, porque el texto que se busca adicionar no contiene un riesgo expreso, real y presente para los intereses que defienden los proponentes de ese agregado. Esas presiones, por lo demás, serían estériles. Como ocurrió en abril, como sucedió el jueves pasado, los trabajos continuarían en una sede alterna, en que los opositores a la reforma perderían por ausencia el uso de la palabra, instrumento esencial de su función.
Desde que la Convención Nacional Democrática lo designó presidente legítimo, quedó claro que López Obrador ejercería ese modo particular de oposición en dos vías, con dos instrumentos, dualidad que sería eficaz en la medida en que se complementaran y que resultaría lo contrario en cuanto se estorbaran y chocaran.
La movilización social y la acción parlamentaria -ésas son las dos herramientas de que dispone esa vasta corriente política- consiguieron frenar el espíritu privatizador de la reforma calderonista que esa porción de la sociedad juzgó lesivo para el país. Los legisladores del PRD se sintonizaron con López Obrador a pesar de que la mayoría de ellos, en una y otra Cámaras, son reticentes a las posiciones del ex candidato presidencial dentro de ese partido. Durante meses, en que el perredismo ha vivido discordias extremas, el único espacio común que compartían las corrientes antagónicas -Nueva Izquierda e Izquierda Unida, esta última afín a López Obrador- ha sido el de la defensa del petróleo. Por eso se explica que, tras el debate social conseguido por esa unión de fuerzas, la actuación propiamente legislativa se nutriera de la participación social auspiciada por López Obrador: un comité de expertos preparó una propuesta ciudadana bendecida por los dos polos del instrumental de esa porción de la izquierda, al punto de que fue acogida y presentada como iniciativa suya por el PRD (y el PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, FAP). El propio comité de expertos fue llamado por los grupos parlamentarios que le habían expresado su confianza para que los acompañara con su asesoría en la discusión de los dictámenes. De ese modo, tal comité se convirtió por aprobación implícita de la movilización social y los legisladores en aval de lo que estos últimos acordaran y en garantía de que no procedieron "en lo oscurito", en la penumbra donde se pacta la ilegalidad. Y el inequívoco, clarísimo veredicto de los expertos, fue que la reforma "puede respaldarse plenamente".
No dejaron de señalar pendientes y riesgos, y aun de enumerar líneas de acción para enfrentarlos, pero resultaba claro que la movilización social no debería recorrer rutas distintas de la acción parlamentaria. Y sin embargo, López Obrador no acogió la recomendación de los ciudadanos en los que confió y no respaldó "plenamente" la reforma, sino que condujo al rumbo contrario a la asamblea informativa donde ese dictamen había sido expuesto, a desconocer que su movimiento y sus legisladores, juntos, habían obtenido "un resultado que conjura el peligro privatizador, imposibilita los contratos de riesgo -desnudos o con disfraz- y elimina la mayor parte de las características más lesivas de la iniciativa oficial", para decirlo en palabras del embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, que durante más de 30 años sirvió de otros modos y en otros espacios a la misma causa nacional a la que ahora contribuye con su saber y pasión.
En vez de permitir que se ahonden las diferencias entre el sector radical de su movimiento y los legisladores, y aun con el partido que presidió, el curso futuro de las acciones de López Obrador debería incluir la cosecha de la semilla de concordancias que la defensa del petróleo le propició con sus antagonistas dentro del partido. Reticente como es a la negociación, desdeñoso con razón de las conductas convenencieras, no debe refugiarse en la zona estrecha y marginal contraria a la acción parlamentaria sino recuperar la eficacia del uso de sus dos instrumentos. No puede permitirse angostar el espacio de su acción política manteniéndose a las afueras del Congreso, impugnando y descalificando su funcionamiento siendo que puede contar para sus propósitos explícitos con una fuerza parlamentaria que podría no perdurar después de las elecciones de julio próximo.
Tendría que actuar en ese ánimo si no conciliatorio al menos no rupturista para frustrar a sus adversarios que ya paladean su arrinconamiento en el PRD y hasta una fractura que lo deje fuera. Al reaccionar hábilmente ante su derrota parlamentaria, a la que vistió de victoria para festejarla, Calderón alentó las diferencias internas en el PRD felicitando expresamente a su fracción senatorial por haberse sumado a la reforma. A los oídos de los extremistas eso constituye el beso del diablo, la más cabal demostración de que los legisladores de Nueva Izquierda son colaboracionistas traidores, a pesar de que la evidencia en este caso los muestra como eficaces negociadores de un propósito compartido por el segmento radical.
El triunfo de la política, de la negociación en que por convicción o respondiendo a presiones lícitas se da y se pide, se logra y se concede, que es el balance positivo de este episodio, se vio disminuido y afeado por la presencia de Genaro García Luna en el Senado. El secretario de Seguridad Pública no es el jefe de la Policía Federal Preventiva y por lo tanto infringió la ley todavía vigente de ese cuerpo al dar órdenes a quienes no le están subordinados y agredían a diputados sin derecho a entrar a la sesión senatorial pero con derecho a no ser golpeados.
Reforma Petrolera:(una posición desde el PRD)
Javier González Garza
Reforma. 01/10/2008
La democracia no se puede resumir en un solo día de elecciones, la democracia de nuestro país se robustece diariamente con la constante y creciente participación social de la ciudadanía en los asuntos públicos. Dicha participación impidió la privatización de Pemex que propuso Calderón.
Esa sociedad movilizada tiene rostros de mujeres y hombres organizándose en la resistencia civil, en zócalos llenos una y otra vez, en tribunas tomadas y también en el trabajo legislativo eficiente y por la unidad de la izquierda.
El 8 de abril Felipe Calderón presentó al Senado su propuesta privatizadora, por esa razón las bancadas del Frente Amplio Progresista iniciaron el movimiento de resistencia civil que ocupó las tribunas durante 16 días en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Las acciones dentro y fuera del Congreso informaron al país sobre este tema y convencimos. Levantamos la protesta tras lograr un acuerdo para celebrar el debate nacional sobre la reforma de Petróleos Mexicanos. Los 72 días de discusión constituyeron uno de los procesos más importantes de la historia legislativa contemporánea de México. La consecuencia fue una sociedad enterada que rechazaba la privatización.
El 25 de agosto, legisladores del Frente Amplio Progresista y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo presentamos una iniciativa alternativa, en la cual participaron destacados intelectuales y expertos en energía. Propusimos la autonomía de Petróleos Mexicanos, eliminar los Pidiregas y usar el superávit de la paraestatal para inversión, además de la construcción de una nueva refinería. Añejas propuestas del PRD, en las que ahora nos han dado la razón.
Debemos decir de esta experiencia legislativa que un asunto de enorme importancia se trató con la responsabilidad que ameritaba, sin precipitaciones, dándole el tiempo para que el resultado valiera la pena y significara una mejora en las reglas con las que opera Petróleos Mexicanos.
Al concluirse el proceso legislativo en el Senado, se eliminaron los elementos privatizadores del dictamen final. Además, conseguimos que se diera a Pemex autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Respecto al gobierno interno de Pemex, aceptamos la incorporación de cuatro nuevos consejeros profesionales, pero a diferencia de lo que proponían otros, logramos que dichos consejeros fueran ratificados por el Senado y estuvieran sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se aceptó la flexibilización de normas para adquisiciones y obra pública por parte de Pemex, pero simultáneamente se impuso mayor vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, ampliando las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Otro gran tema fue la regulación, a profundidad y detalladamente, del alcance de los contratos que puede firmar Pemex. A diferencia de los contratos de riesgo que pretendían, cuyo fin privatizador apenas estaba encubierto, conseguimos que todo contrato sea pagado en efectivo, sin comprometer el control y la propiedad de los hidrocarburos, tampoco se compromete el uso de la renta petrolera, la cual queda plenamente protegida como propiedad exclusiva de la nación.
Existen varios aspectos particulares incluidos en los dictámenes, en los que no estuvimos de acuerdo. Tales cuestiones podrían haber sido corregidas durante el proceso de dictaminación, pero la terquedad o los intereses del PRI y del PAN lo impidieron. Por ello, la denuncia en las calles no sólo es correcta, también es legítima.
Los bonos ciudadanos de Pemex son otra forma de inversión. Su remuneración no está representada por una tasa de interés, sino que se vincula a los resultados de Pemex. Aunque los tenedores de esos bonos no tendrán derechos corporativos sobre Pemex, es decir, no podrán influir en las decisiones de la empresa, sí tendrán derecho a una parte de la renta petrolera, antes que todos los demás dueños, es decir, antes que todos los mexicanos.
El PRI y el PAN mantuvieron su negativa de agregar una última fracción al artículo 60 de la Ley de Pemex, donde se definen con detalle las características que deberán guardar los contratos que firme esa paraestatal. El texto propuesto para esa fracción es el siguiente: "No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas". No explicaron públicamente el porqué de su negativa a incluir este apartado en el articulado de la ley.
Otra gran objeción que sostenemos se refiere al dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se cambia la expresión "energía nuclear" por la de "materiales radioactivos". Ese cambio no sólo contradice el espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, sino que puede dar cabida a una posible privatización del uso de la energía nuclear.
Nuestra lucha pacífica, en la que no se rompió un solo cristal, demuestra a la sociedad y a nuestros críticos que luchar no implica destruir, sino construir. Los acuerdos logrados son huella de esto.
La cultura de la derrota: un déjà vu
Ciro Murayama
Reforma. 24/10/2008
El que buena parte de la iniciativa presidencial en materia energética se haya desechado y que, a cambio, las principales preocupaciones de la oposición se hayan atendido en la negociación de los grupos parlamentarios en el Senado no hacía sino recoger la realidad política y los equilibrios democráticos que marcan al país. La oposición de izquierda (esa que se quedó a menos de un punto porcentual de hacerse con la Presidencia de la República), con sus legisladores y con el recurso de la movilización popular -si bien el expediente de la "toma de tribunas" me resultó y resulta arbitrario e innecesario, no así por supuesto las marchas, mítines y asambleas-, pudo hacer valer su agenda, modificar la propuesta del gobierno y construir una salida satisfactoria. Podría decirse que en eso podría -o debería- consistir la "normalidad democrática" en un país dividido en el voto ciudadano: ni el gobierno impone ni la oposición es excluida de las decisiones fundamentales, y esa dinámica se expresa a través de las instituciones donde está genuinamente representada la voluntad popular, esto es, en el Congreso.
Hubiera sido deseable un escenario similar en otros asuntos nodales, por ejemplo, en la discusión de las reformas al ISSSTE. En ese caso, el gobierno avanzó sin que se diera una discusión abierta acorde con la importancia del tema, en el Congreso el PRD se opuso de una manera más bien testimonial, y las movilizaciones fueron dispersas, protagonizadas por organizaciones gremiales con un discurso extraviado desde hace tiempo.
Por lo anterior, el hecho de que se anunciara el martes de esta semana un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, que se hacía cargo de las demandas del FAP y de lo que había reclamado el movimiento encabezado por López Obrador, demostraba una ruta de política constructiva por la que, sin olvidar agravios -reales o inventados- y las profundas diferencias, podría transitarse en estos tiempos tan convulsos para el mundo.
Además, y no es menor cosa, el acuerdo donde el PRD jugó un papel activo podría ayudar a ese partido a recuperar el terreno perdido ante el PRI, que se había convertido en el fiel de la balanza legislativa y en el beneficiario electoral del encono PRD-PAN.
Pero lo que era una victoria para el PRD y López Obrador dejó de serlo en unas horas y se volvió nuevo tema de disputa interna, desgaste político y animadversión ajena.
El contenido de las iniciativas a votar en el Senado, que era "plenamente aceptable" de acuerdo con el embajador Jorge Eduardo Navarrete, a la mañana siguiente implicaba, según López Obrador, que: "se enajenan… kilómetros cuadrados de territorio nacional… para empresas extranjeras". O se trata de dos documentos diferentes, que no es el caso, o la opinión de los especialistas, convocados por el FAP y que participaron en los foros del Senado con una visión crítica de la iniciativa oficial original, al final resultó intrascendente para una estrategia que se revela preconcebida y, en buena parte, autorreferencial, donde las concesiones de los otros y el cambio de la situación poco pesan.
La decisión de López Obrador me genera cierto déjà vu de una izquierda radicalizada, renuente a los triunfos. "La cultura de la derrota", denominó Ricardo Becerra a la actitud de los grupos ultras del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) luego de que una huelga (en el ya remoto 1987) consiguiera las dos demandas centrales del movimiento: la cancelación de las reformas (del entonces rector Jorge Carpizo) y la celebración de un congreso general universitario. Costó mucho levantar esa huelga, pues había una extendida lógica de que reconocer la victoria propia podría entrañar el riesgo de "desmovilizar y hacerle el juego a rectoría". Por supuesto, la reforma universitaria importaba nada. Años después, cuando el radicalismo estudiantil se hizo hegemónico, esa experiencia tuvo un segundo episodio que fue a peor: el llamado Consejo General de Huelga (CGH) en 1999 se constituyó en la UNAM para frenar una "reforma neoliberal" del rector Barnés -cobrar cuotas a los estudiantes que las pudieran pagar-. De nuevo, tras una huelga, la demanda del movimiento se cumplió y la reforma fue cancelada. Pero la huelga no se levantó… nunca. Casi un año con la Universidad cerrada por un movimiento cada vez más ultra, cada vez más violento incluso. Y es que la cultura de la derrota, instalada en el "todo o nada", tiene una derivación directa en posiciones autoritarias, así sea autodestructiva. Ese movimiento estudiantil se desprestigió, engulló a sus propios líderes y perdió toda brújula. No supo ganar.
Hay un problema ético en la política cuando los fines justifican los medios, pero también cuando los medios son el único fin. En la política tradicional ese es el caso de quienes buscan el cargo público, el puesto, o el poder en sí mismo y no por lo que se puede hacer desde él. Cuando la movilización es el propio fin el problema ético no desaparece, pues las causas se desdibujan o son meros pretextos.
Hay que honrar, eso sí, a quienes pusieron su talento en la construcción de una propuesta de consenso. Y, por supuesto, a los legisladores del PRD que respetaron la palabra empeñada y el acuerdo transparente.
Promete Kessel recuperar crudo (Una posición desde el gobierno)
Mayela Córdoba y Alma Hernández
Reforma. 30/10/2008
Con la aplicación de contratos incentivados contemplados en la reforma aprobada por el Congreso, Pemex podrá recuperar su producción de 3 millones de barriles diarios al término de la presente Administración, aseguró Georgina Kessel, Secretaria de Energía.
"No digo que en este momento, pero sí es factible alcanzarla. La meta de 3 millones de barriles, incluso un poquito más, la podemos alcanzar hacia 2012", dijo en entrevista.
La funcionaria descartó que vaya a revisarse ese objetivo a la baja, aunque aclaró que el próximo año es muy difícil lograr un repunte en la producción.
"Esperaríamos que vaya creciendo la producción hacia los niveles que teníamos programados, ahora, esto también dependerá mucho del análisis que realice el Consejo Nacional del Petróleo en materia de tasa óptima de explotación y qué tenemos que estar haciendo en materia de restitución de reservas", subrayó la funcionaria.
Explicó que el nuevo sistema de contratación le da mayor flexibilidad a Pemex y puede utilizarse para todas las actividades de la industria petrolera, incluso para la nueva refinería anunciada por el Presidente Felipe Calderón.
"La construcción de la refinería puede ser algo que se contrate para realizarse por privados, ya de hecho desde ahora".
Aclaró que de acuerdo con el artículo 60 de la virtual Ley de Pemex, todas las actividades de la industria petrolera no restringidas por la ley pueden echar mano del nuevo esquema de contratación.
"Estos contratos aplican a todas las actividades de la industria petrolera; en todas las que están definidas por la ley, refinación, transporte, almacenamiento, petroquímica; en todos los que requiere Pemex para que su trabajo sea más eficiente", planteó.
Detalló que el modelo de contratos incentivados podría llevarse entre 8 y 12 meses, lo que significa que será hasta 2010 cuando se pueda tener el primero, ya firmado, aunque los resultados se verían entre tres y cinco año.
El esquema de modernización de Petróleos Mexicanos necesariamente modificará las relaciones de la empresa con el sindicato petrolero, y llevará a la paraestatal a mejores niveles de productividad, confió la Secretaria Kessel.
"El proceso de modernización es integral, que por supuesto llevará a la mejora de todos los trabajadores de Pemex, no exclusivamente de la parte sindical", precisó.
Uno de los efectos de la modernización es la utilización del personal que está cobrando sin laborar.
"Requerimos mejoras en capacitación en donde exista personal sin materia de trabajo, que puedan entrar a otras áreas donde nos estén haciendo falta", afirmó.
'Cambio de piel'
Con la reforma, ahora Pemex tendrá su propio sistema de compras y contratación, y autonomía para endeudarse.
| | SITUACIÓN ACTUAL | CON LA REFORMA |
| Capacidad de ejecución | · Los mecanismos de pago desincentivan la participación de contratistas y Pemex debe desarrollar sola proyectos de gran complejidad. En aguas profundas ha perforado seis pozos en seis años. | · Se establecen contratos de servicios en áreas delimitadas, con incentivos para premiar una mayor producción o ejecución del proyecto. Los contratos son extensivos a todas las actividades. |
| Adquisiciones y obra pública | · Pemex está sujeta a las leyes de adquisiciones, arrendamiento, obra pública y servicios que lo mismo sirven para comprar un lápiz que una plataforma petrolera. | · Se establecen sistemas diferenciados para actividades relacionadas con la industria petrolera ligada a precios de referencia internacional y otro para las compras de material de oficina. |
| Contenido nacional | · No existe un porcentaje de contenido nacional definido por ley. | · La meta inicial es de 40 por ciento y se asignan recursos vía Nafin para desarrollar la proveeduría nacional. |
| Flexibilidad presupuestal | · Actualmente, Pemex depende de la autorización anual de la Secretaría de Hacienda para el uso de sus recursos y planeación de largo plazo. | · Tendrá autonomía para utilizar sus recursos, pero debe cumplir con metas de productividad y no aumentar su gasto en servicios personales. |
| Régimen fiscal | · Toda la producción de petróleo tiene una deducción fiscal pareja de 6.5 dólares por barril de crudo y de 2.7 dólares por millar de pies cúbicos en gas natural. | · Con la reforma se aplican tasas diferenciadas de 11 dólares por barril para Chicontepec y de 16.5 dólares en aguas profundas. El resto queda igual. |
| Deuda | · Pemex coloca deuda con la autorización de la Secretaría de Hacienda y la garantía de las finanzas públicas. | · Queda facultada para contratar financiamientos, sin la aprobación de Hacienda. |
El reventador
Raúl Trejo Delarbre
emeequi
Si López Obrador hubiera sido presidente, es altamente posible que el gobierno hubiera aceptado la participación de inversionistas privados en tareas de expansión y modernización de Pemex. Así lo anticipaba su “Proyecto Alternativo de Nación”. Pero como la iniciativa legal para que esa inversión fuera posible la presentó por Felipe Calderón, entonces se le tildó de antipatriótica, neoliberal y embaucadora.
No es esa la única, ni la más importante, de las inconsecuencias del cada vez menos denominado “presidente legítimo”. Pero permite ilustrar las torceduras de la discusión que se libró durante varios meses en torno a la reforma petrolera.
Las propuestas del gobierno fueron ideologizadas. Más que opciones técnicas y financieras, se discutieron escenarios maniqueos. Ante la indolencia argumental del gobierno que pretendió defender sus posturas a golpes de spots pero sin explicaciones ni datos claros, terminó por predominar el activismo retórico y callejero de sus antagonistas. Tanto así, que ahora el presidente Calderón festeja la reforma que aprobaron los partidos y que es notablemente más limitada y modesta en comparación con la que él propuso en abril pasado.
La reforma tiene avances que no son desdeñables. Pemex podrá desarrollarse sin que el país signifique un lastre para esa empresa y tendrá nuevos espacios de supervisión y gestión. Pero no se ha precisado de qué manera compensarán las finanzas públicas el boquete que abre la ausencia del respaldo hasta ahora otorgado por la renta petrolera.
Tampoco es claro si los recursos que deje de entregarle al Estado serán suficientes para que Pemex –sobre todo ahora que se desplomó el precio del crudo– emprenda las tareas de exploración y expansión a las que se pretendía apuntalar con inversión privada. Varios de quienes, dentro y fuera del gobierno, sostuvieron durante varios meses que únicamente la asociación con empresas privadas le permitiría a Pemex buscar y extraer crudo en aguas lejanas y profundas, ahora se dicen satisfechos con la reforma. Exageraron antes, o mienten ahora.
Para mentiras, sin embargo, las de López Obrador. Nunca quiso promover reformas de ley. Por varios meses, apostó a un discurso remolón y equívoco. Su único afán era bloquear las propuestas del gobierno y hacer de este largo y complejo episodio un nuevo fracaso para Felipe Calderón. Por eso, como relata el espléndido reportaje publicado la semana pasada en emeequis, cuando le explicaron los avances que el PRD y la propuesta diseñada por varios especialistas habían logrado en la negociación con otros partidos, el ex candidato presidencial insistió: “¿Y no hay manera de reventar la reforma?”.
Esa, la de reventador, es la vocación en la que ha resuelto encasillarse López Obrador. A los dirigentes de la corriente renovadora dentro del PRD, que promovieron cambios importantes en la reforma petrolera, les costó varios desencuentros y desaires constatar que con ese personaje es imposible hacer política. Aun está por verse, sin embargo, si se hacen cargo de ese aprendizaje o terminan disimulándolo como han hecho en otras ocasiones.
También aprendieron algo de la reticencia de López Obrador y los suyos para respetar acuerdos los diputados que aceptaron recibirlo el martes 28 de octubre, horas antes de aprobar la reforma petrolera. Quizá llegaron a suponer que la comparecencia en San Lázaro del personaje que dos años antes mandó al demonio a las instituciones, tendría un pedagógico simbolismo. Sin embargo la cara dura de López Obrador está a prueba de cualquier ejercicio de memoria y congruencia. Llegó a endosarles a los legisladores un rosario de exigencias y amenazas. Más tarde, los diputados que le siguen siendo incondicionales ocuparon la tribuna para entorpecer los trabajos de la Cámara.
Hay quienes consideran que, gracias a la intensa exposición pública y a la docilidad con que los medios de comunicación se mimetizaron a su agenda en los días recientes, quien más réditos políticos cosechó en este proceso fue López Obrador. Pero si recordamos que al “presidente legítimo” no le interesaba promover modificaciones legales sino impedir cualquier reforma, quizá se pueda advertir que, en realidad, López Obrador es el gran perdedor de este episodio. Por lo menos, y a pesar de la vocinglería de sus seguidores más exaltados, parece claro que se está quedando cada vez más solo.
