Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
27/07/2015
En manos de los dirigentes sindicales, la educación pública en Oaxaca estaba privatizada. Aunque tenga un discurso populista, la Sección 22 reúne a una parte de la sociedad oaxaqueña. No a toda. Los intereses que representa son los de un segmento de esa sociedad.
La sección sindical es un organismo corporativo, creado para promover y defender los puntos de vista de los maestros de esa entidad. Poner la enseñanza al servicio de esa corporación fue un despropósito del gobierno oaxaqueño, compartido o tolerado durante más de dos décadas por el gobierno federal.
En la práctica, esa dependencia de un servicio público esencial a las prioridades y las decisiones de una corporación gremial se tradujo en crecientes abusos que han sido documentados en numerosos medios en los días recientes. La venta de plazas (que es una anomalía que no solamente ocurre en Oaxaca) era la expresión más tosca de esa privatización de la enseñanza pública. El canje de prerrogativas gremiales (plazas, ascensos, turnos extra) por fidelidades políticas e incluso por favores sexuales ha sido la expresión más impúdica de esa utilización de un servicio público en beneficio de los líderes del magisterio en aquella entidad.
La privatización de la enseñanza pública significó la abdicación del Estado de su obligación para conducir y garantizar el respeto a los derechos humanos, el combate a los fanatismos y la reivindicación de la democracia, entre otros principios que la Constitución asigna a la educación pública. Sometida la enseñanza pública al fanatismo que singulariza a los sectores más incivilizados de la CNTE y orientada, entonces, por las simulaciones de dirigentes que hacen negocios privados, aunque se digan representantes populares, el Estado se volvió cómplice de una costosa farsa.
Para sosegar las movilizaciones de la Coordinadora, los gobiernos federal y estatal otorgaban nuevas canonjías que beneficiaron a los maestros de base, pero sobre todo a sus dirigentes. Nadie puede decir que esa forma de corrupción (te pago para que no me pegues) no fuera conocida. Ayer El Universal hizo la suma del dinero cuyo destino fue considerado irregular por la Auditoría Superior de la Federación: 3 mil 170 millones de pesos tan sólo entre 2009 y 2013. Seguramente no toda ese monto se debió a desviaciones ilegales pero da idea de la enorme y constante dilapidación de dinero público para tener contentos a los líderes magisteriales de Oaxaca.
A esa transferencia de recursos, negociada siempre, pero también permanentemente insuficiente, se limitó la política educativa en Oaxaca. La contratación de profesores y la posibilidad de evaluarlos, e incluso los contenidos de la enseñanza que a final de cuentas quedaron en manos de maestros supeditados a esa cadena de ventajas corporativas, han sido manejados por la estructura sindical.
Todo el personal del Instituto Estatal de Educación Pública, IEEPO, lo mismo trabajadores de base que de confianza, era designado por la Sección 22. Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla, consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, describen el tamaño de esa entrega, que dejó en manos de la sección sindical el nombramiento de “entre otros: directores y subdirectores de escuelas, cuerpo de supervisión de las zonas escolares, así como jefes de departamento y directores de los distintos niveles educativos. Con ello, la CNTE logró que cerca de 90% de los trabajadores del IEEPO, incluida la estructura de mandos medios y superiores, fuera personal sindicalizado” (El Universal, 26 de julio).
Para que un maestro de Oaxaca pudiera ocupar un cargo directivo en una escuela o en el Instituto, explican los mismos autores, debía haber participado “en la mayoría de marchas y plantones en contra de la reforma educativa”. Los profesores tenían prohibido inscribirse a las evaluaciones docentes. Así que no era por convicción en contra de la reforma de hace dos años, ni por temor a ser evaluados, que una gran cantidad de profesores oaxaqueños se abstenía de involucrarse en tales procesos. El rechazo de muchos de ellos a esas reformas era por miedo a las represalias sindicales. Estuvieron sometidos durante más de 20 años a un régimen laboral e institucional que los amedrentaba.
Seguramente entre los profesores oaxaqueños hay quienes, por convicción, o simplemente por costumbre, comparten las arengas y los intereses de los líderes. Ya se verá qué tan sólida es la cohesión de la 22, que hasta ahora nutría sus movilizaciones en el control corporativo sobre los profesores. Por lo pronto ha sido significativo que a las primeras marchas después de que el gobierno recuperó el control del IEEPO hayan asistido pocos centenares de profesores.
El caso de Oaxaca ha sido el más escandaloso por el control directo que la Sección 22 ha tenido de la administración educativa, pero en otras entidades (especialmente Michoacán, así como en algunas zonas de Guerrero) la educación pública también está encadenada a los intereses privados de las dirigencias corporativas. En todas esas entidades los grupos magisteriales que frenan la reforma educativa abrevaron en un discurso contestatario que luego se convirtió en recurso para legitimar, por encima del interés de la sociedad, los beneficios para unos cuantos.
Las secciones disidentes dentro del SNTE, y la propia Coordinadora, surgieron a fines de los años 70 en rechazo a la antidemocracia en el sindicato. La radicalidad que adquirieron fue directamente proporcional a las represalias que padecieron los maestros que, en aquellos años, querían el reconocimiento de sus dirigentes locales y mejores condiciones laborales. Durante largo tiempo sufrieron persecuciones, despidos, incluso asesinatos. La democracia sindical costaba sangre. En Oaxaca, los disidentes eligieron una dirigencia representativa en febrero de 1982, pero no fue reconocida sino hasta seis años después.
La 22, igual que otras secciones magisteriales con historia democrática, experimentó un proceso de burocratización que ha sido habitual en los sindicatos antaño independientes. El tráfico que sucesivos dirigentes oaxaqueños hicieron con los derechos sindicales de los profesores reprodujo abusos similares, y a veces peores, a los que habían combatido en los dirigentes nacionales del sindicato.
Además, la Sección 22 se convirtió en el centro de un amplio movimiento social que tenía como antecedente las coaliciones obreras y campesinas que se desarrollaron en Oaxaca desde los años 70 y que mucho después desembocaron en la Asamblea Popular de los Pueblos de esa entidad. La Sección, sin embargo, quedó anclada en un discurso de seudoizquierda que se oponía por principio a cualquier gobierno local o federal e incluso a los procesos electorales. Ese radicalismo, que no necesariamente comparte la mayoría de los profesores oaxaqueños, fue impulsado por los grupos guerrilleros, sobre todo el Ejército Popular Revolucionario, que decidieron hacer de la 22 uno de sus frentes de masas.
El control que alcanzó sobre la gestión laboral y educativa, la concepción del quehacer político que fraguó a fuerza de padecer las represalias del poder institucional, la disposición a la confrontación propiciada por sus segmentos más radicales, así como la actitud de un Estado que prefirió repartir más prebendas antes que enfrentar problemas sociales y políticos de fondo, explican ese desempeño de la Sección 22. La organización de los profesores de Oaxaca se convirtió en instrumento de un cacicazgo atrabiliario y arbitrario. Quizá estamos ante el comienzo del fin de esa deplorable historia. Todo depende, antes que nada, de los auténticos maestros oaxaqueños, que sin duda son la mayoría.