Jul 21, 2016

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Siete leyes y un elefante en la sala

Siete leyes y un elefante en la sala

María Marván Laborde

Excélsior

21/07/2016

Finalmente, el lunes pasado el presidente Peña Nieto firmó siete decretos de sendas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como país y como sociedad civil, hay buenas razones para celebrar.

 Los mexicanos somos dados a pensar que las leyes sustituyen a las políticas públicas y que su sola aprobación puede transformar la realidad nacional, como si fueran una varita mágica. Es necesario admitir que la aprobación del paquete legal anticorrupción es sólo el inicio de una reorganización institucional de gran calado y paulatina implementación.

Contiene la primera iniciativa ciudadana que termina el proceso, desde la redacción de la propuesta, la recolección de firmas, el tránsito por comisiones y el pleno en ambas Cámaras y, finalmente, la firma del Presidente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Más de 634 mil ciudadanos firmaron la iniciativa, es decir, estuvieron dispuestos a participar, proponer y exigir pacífica e institucionalmente a los legisladores y al gobierno federal poner un alto a la corrupción. El reclamo es unánime. No sin dificultades, pero hubo oídos que escucharon.

Durante poco más de un año, hubo una militancia activa de la sociedad civil. Las organizaciones civiles y académicas que participamos en el proyecto son variopintas. No podemos hablar de una hegemonía ideológica o una preferencia política única. Por ello es meritorio haber llegado hasta el final. Hubo grandes momentos de tensión en los diversos procesos de negociación, hacia el interior del grupo y con los diferentes actores políticos; esto mismo hace valorar todavía más lo logrado. Ni en los peores momentos se perdió de vista el objetivo final.

Partimos de la convicción de que la corrupción en el país es sistémica, que daña el tejido social e impide la consolidación de la democracia. La grave crisis de confianza en la República y su clase política está íntimamente vinculada a múltiples escándalos de corrupción que forman parte de un largo y vergonzoso inventario que va quedando como testimonio histórico la impunidad.

En un sistema político, en un país, la corrupción es sistémica, más que dos personas, se necesita un sistema entero que permita, desde los pequeños actos de corrupción hasta los grandes escándalos en licitaciones millonarias. Por ello, hay que celebrar que, al mismo tiempo, se aprobaron o reformaron siete leyes. Conjunto que concibe el combate a la corrupción de una manera integral, con herramientas para prevenir y detectar, que permiten investigar y, por tanto, perseguir los actos de corrupción y, por último, con capacidad efectiva de sancionar tanto a funcionarios como a empresarios.

Queda pendiente una buena agenda legislativa. En palabras de Eduardo Bohorquez, falta la “ley de adquisiciones y la ley de obra pública, la ley de contrataciones públicas, la ley del registro público de la propiedad, modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal y hacendaria, a los códigos de procedimientos electorales y al financiamiento de la vida político-electoral, de forma que se continúe avanzando en consolidar un paquete legislativo que ataque de raíz las causas de la corrupción”.

Teniendo como base las nuevas leyes, será necesario empezar a implementar los cambios concretos. Habrá que cuidar los nombramientos de las cabezas institucionales porque las personas importan y pueden hacer fracasar la más hermosa de las leyes.

No quiero cerrar sin reconocer el buen gesto político de Peña Nieto de haber pedido perdón. Sé que no es popular reconocerlo, pero tampoco es común que un Presidente mexicano pida perdón. No lo sobredimensiono, simplemente creo que fue un buen gesto. No podía haber firmado los decretos ignorando el elefante en la sala. O mejor dicho, podría haberlo hecho y con ello hubiese herido de muerte al Sistema. El pedir perdón, en sí mismo, no soluciona nada, simplemente le da oportunidad a la reforma de comenzar bien. Si pidió perdón, ahora falta una serie de acciones que demuestre que el Presidente tiene un compromiso real y efectivo con una nueva política pública. Abre una oportunidad y él mismo se impone un nuevo estándar. Estamos observando.

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