Abr 7, 2016

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Solución sistémica

Solución sistémica

María Marván Laborde

Excélsior

04/07/2016

Más de medio millón de ciudadanos mexicanos han dado su firma para impulsar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3. Sin lugar a dudas, un éxito de la iniciativa ciudadana, que ha sido impulsada por diversos organismos de la sociedad civil y que ha tenido una respuesta abrumadora de la sociedad.

Convencer a un hombre o una mujer de que nos diera su firma era la parte más sencilla del proceso; la parte dolorosa, normalmente tenía que ver con escuchar que la gran mayoría de los firmantes podía relatar una mala experiencia de corrupción, siempre en primera persona, siempre como víctimas.

Ciertamente no todas las anécdotas de corrupción tenían que ver con alguna instancia de gobierno, muchas veces el relato involucraba sólo a privados, pero donde no había confusión era en la certeza del abuso del poderoso para cometer actos de corrupción. Todos eran capaces de reconocer que vivimos en un país en el que se impulsa la cultura de los privilegios. Estamos convencidos de que vivimos en una sociedad injusta y los abusos de los demás justifican nuestras transgresiones al Estado de derecho.

La Ley 3de3 es importante, pero es sólo una pieza de un sistema complejo que debe funcionar armónicamente para poder comenzar a revertir la convicción de que el gobierno mexicano y la sociedad somos irremediablemente corruptos. Se necesitan aprobar o reformar, al mismo tiempo, al menos otras cinco o siete leyes (según el partido con el que se hable) para que esta nueva maquinaria de integridad comience a funcionar.

Faltan, además, la ley que propiamente crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la ley que reforma el Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, la reforma a la Auditoría Superior de la Federación, hay que armonizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal, por último, pero no por ello menos importante, hacer realidad la autonomía de la  Fiscalía General de la República.

Desde luego, reconocemos que el PAN haya respaldado la ley de manera integral y estamos ciertos de que otros partidos lo harán. Sin embargo, la presión de tiempo sobre el Congreso es fuerte, ya que el periodo legislativo acaba dentro de tres semanas y, por si fuera poco, además, tienen encima el transitorio constitucional que les obliga a haber aprobado las leyes generales para el 26 de mayo.

Los partidos políticos se han comprometido a trabajar a marchas forzadas, pero hay momentos en que es preciso reconocer que el día no tiene más de 24 horas y la semana sólo tiene siete días, sin recurrir al viejo truco de detener el reloj legislativo, será necesario pensar en la urgente necesidad y prudente decisión de convocar a un periodo extraordinario que privilegie la precisión por encima de la rapidez,

Durante la discusión de las diversas iniciativas de Ley de Responsabilidades Administrativas y todas las demás, consideramos indispensable que prevalezcan las reglas de parlamento abierto; mismas que son extremadamente sencillas de plantear y muy complicadas de aplicar. 1) Todas las propuestas que se pongan en la mesa de discusión son públicas; 2) Todas las propuestas tienen autor, personal o grupal, claramente identificado y 3) Toda objeción también tiene autoría reconocida. Este punto es particularmente sensible para que ningún partido o legislador se escude en el anonimato y a partir de ahí se “descafeíne” lo exigido sin que nadie asuma la responsabilidad sobre su propio trabajo.

Los Panama Papers y el exprimer ministro de Islandia han dado una gran lección al mundo. Cuando un gobernante gobierna una sociedad madura y exigente, puede ser muy alto el costo de romper con la promesa de full disclosure, es decir, no poner sobre la mesa la totalidad de sus compromisos e intereses personales. Él pagó con su puesto.

Legisladores y gobernantes habrían de tomar en cuenta que la sociedad mexicana ha dado claras muestras de madurez. En sólo dos meses la iniciativa ciudadana fue capaz de reunir más del doble de firmas de las que se necesitan para formar un partido político.

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