Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
05/03/2018
La persecución contra Ricardo Anaya manifiesta la desesperación del presidente Enrique Peña Nieto y del PRI. El empleo de la Procuraduría General de Justicia para desacreditar a un candidato presidencial es abusivo y en varios sentidos ha resultado ilegal. Pero, sobre todo, es una escandalosa torpeza política. Anaya denunció ayer que el gobierno del presidente Peña “ha emprendido un brutal ataque” para desplazarlo de la elección presidencial.
Si las imputaciones contra el candidato del Frente resultaran sólidas, quien más se beneficiaría con el debilitamiento de esa opción política sería Andrés Manuel López Obrador. Si son falsas, como indican las evidencias que se conocen hasta ahora, Anaya saldrá fortalecido y estará en mejores condiciones de enfrentar al candidato de Morena. Quienes impulsaron este asunto desde Los Pinos son unos genios.
La actuación de la PGR al politizar las de por sí intencionalmente políticas indagaciones acerca de Anaya no puede haber ocurrido sin instrucciones precisas, o al menos sin el consentimiento expreso del presidente Peña Nieto. Si no hubiera ocurrido así el encargado de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, tendría que haber sido reemplazado hace una semana.
Ricardo Anaya ha sido involucrado en una transacción aparentemente irregular porque una nave industrial que vendió en Querétaro fue comprada por una empresa que hizo una extraña triangulación con el dinero que utilizó para pagarle. Él ha sostenido que no es culpable del origen de los recursos que emplearon quienes le compraron esa propiedad. Se trata de un caso aún insuficientemente aclarado y cuya indefinición, y antes que nada la deliberada difusión que ha recibido, afectan la candidatura de ese dirigente panista.
Acompañado por dirigentes de los partidos del Frente hace ocho días, el 25 de febrero, Anaya fue a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada para exigir que la PGR “haga del conocimiento de los mexicanos si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que conforme a la ley pueda ser constitutiva de delito”. La información de esa visita fue desvirtuada por la Procuraduría que, en un comunicado, aseguró que Anaya había sido conminado “en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial… lo cual fue rechazado por el candidato”. Anaya fue presentado como reacio a colaborar con la justicia.
El video de esa visita, que la PGR difundió el miércoles por la noche, mostró que el encuentro del candidato y sus acompañantes con los funcionarios de la Procuraduría que los recibieron había sido cordial. El titular de la Unidad de Lavado de Dinero le propuso “si gusta rendir declaración se la tomamos en este momento, sin problema”. Anaya le pidió que solamente le recibiera el documento. No hubo un trato ríspido ni Anaya intentó rehuir la diligencia ministerial como había dicho la Procuraduría. Con su video, la PGR contradecía su propio boletín.
Sin embargo, para la Procuraduría el video era relevante porque allí se escucha un improperio cuando el funcionario de la PGR les da la espalda a los visitantes. Ese fue el motivo para que el video recibiera amplia difusión. Era evidente que la expresión injuriosa la había dicho Diego Fernández de Cevallos, cuya voz es inconfundible. Sin embargo la PGR propaló entre los medios la versión de que la frase “hijo de puta” la había dicho Anaya. El propio Fernández de Cevallos aclaró al día siguiente que el malhablado fue él.
El encargado del despacho de la Procuraduría, Alberto Elías, dijo que difundió el video “porque las instituciones se tienen que respetar”. Se trata de una manera extraña para imponer respeto y, al menos en esta caso, notoriamente fallida.
La PGR manifestó, por otra parte, que la publicación del video no violó ninguna norma. Esa postura es discutible. La difusión de conversaciones privadas, aunque tengan lugar en un sitio público, puede ser un delito. Por otra parte, nunca antes la Procuraduría había dado a conocer la videograbación de personas que acuden a entregar un documento a esa dependencia.
El video fue colocado en línea porque Anaya es candidato presidencial. La misma PGR, en el espacio que tiene en YouTube, indicó que se trata de la presentación en la SEIDO de “un aspirante a la Presidencia y la comitiva que lo acompañaba”. La intervención de la PGR en una campaña electoral ha merecido numerosas condenas, desde muy variadas posiciones políticas.
Más allá de las implicaciones legales, es curiosa la inquietud de la Procuraduría General para destacar el comportamiento lenguaraz que creían había tenido Anaya y del cual fue responsable Diego Fernández. Quien haya sido quien la dijera, se trataba de una expresión coloquial que puede incomodar a algunas personas pero que a la institución encargada de la procuración de justicia no tendría por qué preocuparle. Al convertirse en recatada guardián del lenguaje, la PGR se mete en asuntos que no le corresponde vigilar. Como si le faltaran asuntos por atender.
En vez de turbarse con las palabrejas que se dicen en sus pasillos, los responsables de la Procuraduría General tendrían que completar y difundir los resultados de la investigación a las personas que le pagaron a Anaya una propiedad con dinero que puede haber sido ilícito. Mientras se mantenga la indefinición jurídica y al candidato presidencial se le involucre en ese asunto sin que haya pruebas de que hizo algo ilegal, su campaña resultará perjudicada.
José Antonio Meade no ha perdido oportunidad para sugerir, sin acusar de manera expresa, que Anaya estuvo metido en una red de lavado de dinero. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, ha dicho sin ambages que el candidato del Frente debe ser investigado por ese delito. Andrés Manuel López Obrador, que hace trece años estuvo cerca de ser desplazado de la contienda por la presidencia debido a una infracción legal, también ha dicho que Anaya “está acusado de lavado de dinero” aunque eso no ha ocurrido.
Las acusaciones contra Anaya han permitido recordar el desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2005. En ambos casos se emplearon recursos legales para perjudicar a un candidato presidencial. Sin embargo las circunstancias han sido diferentes. Hace 14 años, López Obrador desatendió intencionalmente las instrucciones de un juez para que suspendiera una obra pública en El Encino, un terreno privado en Santa Fe. La PGR, en acatamiento a la decisión del juez, solicitó el desafuero del Jefe de Gobierno para que se le pudiera someter a proceso judicial.
Anaya, hasta ahora, no ha sido formalmente imputado por ninguna autoridad. No ha incumplido instrucción judicial alguna, ni se le han comprobado infracciones legales. Esa es la diferencia con el caso del ahora candidato de Morena, quien sí cometió un delito. El desafuero de ese personaje fue un despropósito del gobierno de Vicente Fox que, después de la reacción pública que suscitó, se arrepintió e instruyó a la Procuraduría General para que no prosiguiera el proceso contra López Obrador. El desafuero de 2005 terminó favoreciendo a López Obrador, que pudo mostrarse como perseguido del gobierno. Eso podría suceder ahora con Ricardo Anaya a menos que haya acusaciones consistentes en su contra.
Anaya anunció ayer que, si gana, creará una comisión de la verdad que acompañaría a una fiscalía autónoma y apartidista “para investigar los actos de corrupción de Enrique Peña Nieto”. La Casa Blanca, los negocios de Odebrecht en México, las modalidades e implicaciones de La Estafa Maestra, son algunos episodios en los que hay fundados motivos para suponer, o asegurar, que hubo tráfico de influencias o franco desvío de recursos públicos en los años recientes. Al pasar a la ofensiva, el Frente y su candidato presidencial responden a la judicialización de la campaña en su contra pero aún tienen pendientes algunas explicaciones fundamentales.
El candidato del Frente ha ofrecido un relato congruente de las transacciones con sus terrenos en Querétaro pero las murmuraciones siempre dejan un daño en la reputación de los personajes públicos. Esas aclaraciones tendrían que ser más detalladas y abiertas. Hay quienes, como el ex Procurador del Consumidor Carlos Arce Macías, han sugerido que Anaya solicite y publique la opinión de algún bufete internacional especializado en lavado de dinero.
Por lo pronto en la disputa central, rumbo a las elecciones del 1 de julio, van adelante los candidatos de Morena y el Frente, en ese orden. José Antonio Meade se ha mantenido en un cada vez más lejano tercer lugar. En el esfuerzo para ayudarle, en Los Pinos y la PGR promueven una ofensiva que, si resulta eficaz, ayudará a López Obrador. Y si no funciona, impulsará a Ricardo Anaya. Sí, son unos genios.