Ene 9, 2017

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Tuitiriteros

Raúl Trejo Delarbre

La Crónica

09/01/2017

El subsidio a la gasolina favorece a las familias más adineradas y a un sector de la clase media, que son quienes consumen más combustible. Mantenerlo era imposible debido al incremento en los costos internacionales y a la crisis de las finanzas de nuestro país. Pero además era injusto: los pobres seguirían pagando el subsidio a la gasolina que consumen quienes más tienen.

El 64% del gasto en gasolina lo hace el 29% de las familias con más ingresos. Hace un año el costo de adquisición (no de la venta al público, sino de compra y traslado) de un litro de gasolina Magna era de 5.44 pesos en promedio. Ahora es de 8.15 pesos. Se trata de un incremento del 49.8%. Mantener el precio sin cambios significaría destinar a cubrir esa diferencia recursos que el país no tiene.

En enero de 2016 el impuesto a la gasolina Magna era de 4.17 pesos por litro. Un año después es de 3.18%. Es decir, disminuyó 33%. Es falso que el incremento a las gasolinas tenga el propósito de recabar más impuestos, aunque nunca está mal que el Estado disponga de mayores recursos siempre y cuando sean utilizados con un criterio redistributivo.

Los datos anteriores fueron publicados por el economista Enrique Quintana el viernes pasado en El Financiero. Son datos públicos, pero han pesado muy escasamente en el debate sobre el aumento en el precio de las gasolinas. El jueves 5 por la noche el presidente Peña Nieto ofreció información sólida sobre el aumento en el precio de la gasolina. Pero esa explicación fue tardía, porque para entonces se había desatado la crispación social que se desplegó durante toda la semana y que el gobierno presenció con notorio pasmo.

El gasolinazo fue anunciado en días inhábiles, causando sorpresa y luego indignación. Desde que en octubre pasado el Congreso aprobó la Ley de Ingresos para este año se sabía que habría nuevo precios para las gasolinas, porque allí se establecen los recursos públicos que resultarán del Impuesto Especial de Producción y Servicios. La recaudación por la venta de gasolinas se estima en 284 mil millones de pesos, la misma cantidad que el Estado recibió por ese concepto durante 2016.

El descontento con los nuevos precios pudo haberse evitado, o por lo menor atenuado, con aclaraciones e información. Pero de la élite política, estancada entre la insensibilidad y la voracidad, es difícil esperar la franqueza que hace falta. Ahora, además, las ambiciones y tensiones en los partidos, incluyendo al PRI, así como el propósito para congraciarse con los ciudadanos descontentos, propician exigencias para cancelar el aumento en el precio de las gasolinas.

Falta que alguien resuelva, si se tomara esa decisión, de dónde saldrían los 200 mil millones de pesos que se requieren para mantener el subsidio. Lo que tendría que hacerse es discutir cómo y con cuánto respaldar a los sectores más vulnerables de la población y emplear la capacidad del Estado para detener alzas de precios en artículos básicos.

El desprestigio de la élite política, la indignación ante hechos de corrupción que no son castigados, el dispendio que ejercen o que se les atribuyen a funcionarios federales y estatales, la prepotencia de las fuerzas de seguridad y las dificultades económicas forman parte de un panorama de agobio e irritación que todos padecemos. Ese enojo fue multiplicado por el incremento a las gasolinas, resuelto sin debate ni explicaciones.

Las limitaciones de la mayor parte de los medios de comunicación para dar contexto a noticias como ésa y la apertura de las redes socio-digitales a versiones no confirmadas contribuyeron al escenario de confusión que se conoció en los últimos días.

Después de los bloqueos de carreteras al comienzo de la semana, en las redes digitales aparecieron versiones de asaltos a gasolineras y saqueos en establecimientos comerciales. En algunos casos se trataba de ocurrencias que, sin embargo, fueron propaladas ampliamente. En otros, hubo una intencionada tarea para avivar el disgusto y convocar al pillaje con el pretexto de rechazar el gasolinazo.

La provocación en línea estuvo acompañada de provocación en las calles. Aún no se sabe si fueron los mismos, o si los aventureros que aprovechan el anonimato que se puede ejercer en Twitter y Facebook actuaron sin relación directa con los grupos de enmascarados que recorrieron colonias en el Estado de México y al norte de la Ciudad de México para saquear tiendas e invitar a otras personas a que hicieran lo mismo. En todo caso, la acción de aventureros pagados encontró a ciudadanos dispuestos a participar en los atracos.

Dicen que la ocasión hace al ladrón. Pero no cualquiera se anima a robar. Hace falta una audacia que se nutre en la impunidad del tumulto. Al grito de Fuenteovejuna se desatan las pequeñas ambiciones de muchos. Los saqueadores que hemos visto, porque además hay registros en video de muchos de esos episodios, no fueron gente hambrienta. No hay que idealizarlos. No son víctimas de un sistema injusto, o no son sólo eso. Son vivales que aprovecharon la oportunidad para hacerse de una pantalla o una lavadora. No fueron ciudadanos que protestaban contra la política económica, sino personas que vieron la posibilidad de apropiarse de algo de manera fácil.

Se equivocan quienes dicen que esos robos son menudencias frente a las tropelías sin castigo de personajes como Javier Duarte. Todo hurto es condenable. La negligencia para castigar un delito mayor nunca justifica otro delito, aunque parezca menor. El hecho de que el poder político tome decisiones impopulares, o la permanencia de una política económica que no necesariamente beneficia a las mayorías, no les resta culpabilidad a los atracadores de tiendas. Mucho menos aminora la responsabilidad de quienes azuzaron al saqueo.

Al parecer el primer robo fue en la tienda Chedraui en Villa Nicolás Romero, Estado de México, poco antes de las 7 de la tarde del martes 3 de enero. Manuel Hernández Borbolla, en la edición mexicana de The Huffington Post, recoge los relatos de varios testigos. Muchos fueron a ese sitio cuando, a través de redes digitales, supieron que sería tomada una gasolinera cercana y que se repartiría gratis el combustible. Ya frente a la tienda, alguien aventó unos petardos y un grupo de encapuchados entró de prisa, rompiendo cristales. Los siguieron docenas de personas que robaron juguetes y pantallas. Aunque había una patrulla en la esquina, los policías no intervinieron.

El miércoles, en varios municipios del Estado de México hubo policías que recorrieron colonias advirtiendo, con altavoces, que la gente no debía salir de sus casas porque había “toque de queda”.  Tales avisos, replicados por radio y televisión, avivaron el temor.

En la zona Azumiatla, en la capital de Puebla, según Gabriela Hernández de la agencia Apro, “hubo personas que contrataron a muchachos para participar en los disturbios a cambio de dinero, y les permitieron que se quedaran con la mercancía robada”. En esa localidad hay una fuerte presencia del grupo Antorcha Campesina.

Ese miércoles 4 de enero arreciaron los rumores en Twitter, WhatsApp  y Facebook.  En Cuautepec, en la delegación Gustavo  A. Madero, fue saqueada una tienda Coppel. Un video muestra a policías  que entraron a ese establecimiento disparando al aire. Durante esa noche se registraron incidentes en varios estados. Esos hechos fueron propalados junto con abundantes informaciones falsas.

Una indagación de Andrea Ahedo y Jazmín Palma en El Universal de ayer domingo encontró que durante 5 días se difundieron en Facebook 50 invitaciones para realizar saqueos en distintos lugares del país, pero solamente 7 de ellas fueron atendidas. El colectivo Lo que sigue identificó 485 cuentas de Twitter desde donde se propagaron 1,500 mensajes con información falsa.

En el transcurso del jueves aumentaron los asaltos a tiendas. Animal Político afirma que hay videos del Centro de Monitoreo de la Ciudad de México donde se aprecia el traslado en microbús de un grupo de personas que van de una tienda a otra para realizar saqueos.

En algunos sitios la provocación fue rechazada. La noche del jueves en Monterrey, miles de personas que se manifestaban en la Macroplaza corearon “ese no es el pueblo” para oponerse al grupo de vándalos que llegó a ocasionar destrozos. En otros casos, los comerciantes temerosos de saqueos han organizado grupos de autodefensa, como ha constatado Crónica en amplios reportajes publicados el sábado y el domingo.

La suposición de que esos incidentes fueron ocasionados desde el gobierno resulta absurda. Por torpe que sea, la administración  de Peña Nieto no avivaría el fuego con más gasolina, dicho sea metafórica pero también textualmente. Pero las bandas que azuzaban sin duda tienen vínculos con grupos que al propiciar confusión y miedo buscan consecuencias políticas.

Medios de comunicación que en vez de investigar reprodujeron mentiras (e incluso imágenes falsas) que surgían de las redes digitales. Twitter y Facebook empleadas para atemorizar, en algunos casos al parecer por los mismos individuos que han amenazado periodistas en meses recientes. Provocadores a sueldo, incitando al saqueo. Ese fue el escenario montado sobre la indignación social.

Los titiriteros con Twitter causaron desconcierto, pero como todo lo que se dice en las redes digitales deja rastros informáticos, es posible seguir el hilo de los mensajes falsos. Las autoridades federales y locales tienen mucho por aclarar acerca de esos incidentes. Medios y ciudadanos comienzan a aprender a no confiar sin verificar informaciones. Estos días dejan lecciones, pero también la constatación de la vulnerabilidad y la veleidad de ciudadanos dispuestos a creer e, incluso, a saquear a la menor provocación.

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