María Marván Laborde
Excélsior
26/02/2015
Como en aquella tonada infantil que sumaba elefante tras elefante a la tela de una araña, el Estado mexicano suma un escándalo tras otro, un corrupto con el siguiente, y como ven que resiste, van a llamar a otro elefante.
La semana pasada, Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, entregó su informe a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En él se analiza todo el gasto de 2013 de la Federación, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Constitucionales Autónomos. También se revisan gastos de los estados y los municipios, incluidas las universidades públicas.
El Informe de 2013 es tan valiente y puntual como poco alentador. Desnuda el desaseo con el que se gasta el dinero público. Muchas son las irregularidades y muy costosa la ineficiencia con la que se ejerce lo que tanto cuesta recaudar. Entre las irregularidades tenemos hospitales en los que se invirtieron cientos de millones de pesos y que no han atendido un solo paciente porque fueron dejados a medias en Chiapas y Yucatán. El SAT condonó mil 123 millones de pesos a varias empresas, entre ellas Sabritas, Gamesa y Scotiabank; lo que justifica la demanda de conocer el nombre de los beneficiarios. El Senado rehusó entregar comprobantes de mil 200 millones de pesos que gastaron a discreción. En ese año el Gobierno del Distrito Federal no le dio mantenimiento a la Línea 12 del Metro que, meses después, cerró para repararla. La ASF inhabilita a diez colaboradores del exgobernador de Tabasco, Manuel Granier, y sigue una larga lista de etcéteras.
Algunos actos de franca y abierta corrupción, otros, descuidos en el gasto público e impúdico desprecio a las reglas que deben racionalizar el uso de nuestros impuestos y recursos petroleros. Es tal el desastre presentado que, bien hechas las cuentas, los descuidos de 2013 pudieran ser mayores que el recorte planteado para 2015.
Nadie se ruboriza. Todos saben que no pasará absolutamente nada. El cinismo se ha instalado en la clase política, están tranquilos, es sólo un pequeño escándalo más sobre la tela del Estado que todo aguanta, probablemente fueron a llamar a otro elefante para que se una al eterno balanceo.
La ruta establecida legalmente para el informe supone que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la que participan 29 diputados, de los cuales 15 son del PRI, del PVEM y del Panal, es decir, hay una cómoda mayoría de aliados, debe entregarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en esta comisión participan 42 diputados y diputadas, de entre ellos sólo 22 pertenecen a alguno de los tres partidos mencionados.
Esta comisión debe examinar el informe y elaborar un proyecto de dictamen que, a su vez, debe aprobar el Pleno de la Cámara de Diputados. Por supuesto, para el análisis de este informe no hay plazos y mucho menos sanción en caso de que los diputados decidan no hacer nada con él. No pasará un dictamen que no favorezca a Peña Nieto aunque esto signifique no dictaminar jamás.
Después de los primeros escándalos derivados de las cuentas públicas del sexenio de Fox, los informes sólo se utilizan para el golpeteo político. Los medios tienen un buen tema para una, dos semanas y después… no pasa más. De 2003 a la fecha la ASF ha elaborado 11 informes, de los cuáles sólo fueron votados por el pleno tres, los de 2007, 2008 y 2009; en todos los casos se consideró que no existían elementos suficientes para aprobar el ejercicio de la cuenta pública. Estos tres dictámenes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2012. Casualidad o no, en plena campaña electoral.
El 15 de abril de 2009 se rechazó en el pleno el dictamen de la cuenta de 2003, se regresó a la comisión sin votarse, quizá en ese momento lo mejor que pudieron negociar los panistas fue la devolución, pero no queda claro qué debía hacer la comisión con él, así que decidieron meterlo a la congeladora del Congreso, donde duerme el sueño de los (in)justos.
Cuando entró la actual Legislatura elaboraron el plan de trabajo para su primer año (septiembre 2012- agosto de 2013). Dice a la letra: “2.1.3. Elaborar los dictámenes de las cuentas de la hacienda pública federal de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 y 2011” (este documento se puede consultar en el portal de la Cámara de Diputados). A juzgar por la ausencia de prueba en contrario, no cumplieron sus buenos propósitos. Tampoco hay dictamen de la cuenta pública de 2012.
La creación de la Auditoría Superior de la Federación es un logro. Hemos invertido en ella, a lo largo de 14 años, 12 mil 670 millones de pesos. Dinero que desde 2003 la Cámara de Diputados decidió tirar a la basura. Ha matado los escándalos con inacción. El actual informe sugiere 65 reformas de ley, el martes se aprobó en comisiones la parte medular del sistema nacional anticorrupción, una de las razones para dictaminar es aprovechar la inteligencia del informe del auditor, convertir en ley lo que ayude a que en 2016 se gaste mejor nuestro dinero.