Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
19/11/2018
Concentrar, amalgamar, uniformar: la Cuarta transformación busca una mayor centralización en manos del Presidente. Lo mismo en el control de las finanzas que acentuará la dependencia de estados y gobernadores, subordinados al representante presidencial en cada entidad, que en el manejo centralizado de la seguridad pública; el propósito de las reformas recientes es condensar recursos y decisiones y, de esa manera, el poder político.
No se trata de economizar, ni de racionalizar: el régimen que construye Morena sacrifica instituciones, desconoce autonomías, difumina equilibrios, todo para involucionar a las malhadadas épocas del presidencialismo sin contrapesos.
Si la democracia se nutre de la diversidad y la pluralidad, entonces nos encontramos ante un retroceso antidemocrático. Los 30 millones de votos respaldaron una opción de gobierno, no un viraje anticonstitucional. La Constitución, todavía al menos, garantiza el funcionamiento de los organismos autónomos pero hay propuestas desde el nuevo grupo en el poder que atentan contra varios de ellos. La Constitución, por otra parte, establece que la seguridad pública estará a cargo de instituciones de carácter civil. Para darle la vuelta a ese impedimento Andrés Manuel López Obrador dispone la creación de un cuerpo que será integrado, capacitado y dirigido por las Fuerzas Armadas.
La columna vertebral de la Guardia Nacional estará integrada por soldados y marinos; su conducción será responsabilidad del Ejército y la Marina. La misma gata, sí. El mismo recurso que tantas acusaciones les significó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. El mismo realismo que tanto cuestionaron los impugnadores de la recientemente invalidada Ley de Seguridad Interior. El mismo esquema que AMLO descalificó de manera tan enfática cuando aseguraba que la seguridad pública sería resuelta sin que los militares permanecieran en las calles.
La seguridad pública seguirá a cargo de las Fuerzas Armadas. Es una solución indeseable pero, en estas circunstancias, inevitable. La experiencia de los años recientes, los parámetros internacionales y el sentido común indican que los militares no deben enfrentar a la delincuencia. Lo de ellos, como tanto se ha dicho, es la guerra. Pero las capacidades que han desarrollado las bandas criminales, la extensa impunidad de la que se han beneficiado y las ineficiencias y corrupciones de las corporaciones policiacas hacen necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.
El Presidente Electo optó por el realismo. El país, por ahora, no tiene más remedio que apoyarse en soldados y marinos para enfrentar al narcotráfico y a las variadas expresiones del crimen organizado. La Ley de Seguridad incumplía la disposición constitucional al “normalizar” la presencia de militares en las calles. Pero en esa ley había reglas, plazos y mecanismos para la actuación de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia. Al desecharla toda, la Corte reivindicó la Constitución pero eliminó las normas que acotaban la discrecionalidad en las decisiones del Ejecutivo Federal para la intervención de Ejército y Marina.
El proyecto de AMLO institucionaliza esa discrecionalidad y perpetúa la acción de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia. La Guardia Nacional es un subterfugio de López Obrador para que no se diga que en las calles actúan soldados y marinos… aunque serán marinos y soldados con uniforme de la nueva corporación. Mantenerlos en esas tareas era, seguramente, indispensable. Numerosas propuestas sugerían reemplazar a mediano plazo a las Fuerzas Armadas con una policía capacitada, profesional y confiable y con una reforma en serio en la administración de justicia. En vez de ello, López Obrador optó por más de lo mismo, pero peor, porque su Guardia Nacional no sólo implica normalizar sino, además, perpetuar la militarización del combate a la delincuencia.
La 4T se apoya en las bayonetas. Ni más ni menos. Además sus operadores quieren controlar y uniformar a los medios de comunicación del Estado. La reforma a la Ley de la Administración Pública Federal asigna a la Secretaría de Gobernación la tarea de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esa frase implica que Canal 11 del IPN, Canal 22 y Radio Educación ubicados en la Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Educativa que dependen de la SEP, quedarían bajo el control de Gobernación.
Las televisoras y radiodifusoras que se sostienen con recursos fiscales no deben ser instrumentos del gobierno sino de la sociedad. Ése es el propósito auténtico de los medios públicos. La contrarreforma, aprobada por Morena en la Cámara de Diputados y que depende ahora del Senado, desatiende las garantías constitucionales que dan a los medios públicos autonomía de gestión, entre otros atributos. También desconoce la disposición del 6o. Constitucional que asigna la tarea de “proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro” al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que transmite en la señal nacional del Canal 14.
En vez de varias voces, habría una sola. En lugar de los estilos y las programaciones que han construido esos medios, la centralización conduciría al monótono sonsonete del pensamiento único.