Ene 4, 2018

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Violencia política y repartición de candidaturas

Violencia política y repartición de candidaturas
 

 

 

 

 

 

 

María Marván Laborde

Excélsior

04/01/2018

Finalmente, los nueve partidos políticos nacionales se organizaron en tres coaliciones electorales alrededor de tres candidatos presidenciales que deberán articularlas opciones para que el próximo1º de julio acudamos a las urnas.

La mayor sorpresa de las precampañas, hasta ahora, ha sido la alineación final de las coaliciones y el costo pagado por ello. No era fácil de prever que Nueva Alianza se sumaría a la alianza del PRI-PVEM. Canjearon su apoyo por que Elba Esther regresara a su apartamento de Polanco. López Obrador logró firmar un acuerdo con Encuentro Social y así “equilibró” las coaliciones en un 3-3-3. PAN-PRD-MC lograron finalmente el acuerdo que se antojaba imposible.

2018 es el año que más puestos de elección popular estarán en juego. Acostumbrados como estamos a la fuerza de la figura presidencial, pensamos que ya se ha decidido todo, que las precampañas son, en realidad, campañas, los precandidatos actúan como candidatos y burlan la ley con algunos eufemismos que evidencian el poco respeto que tienen los partidos por la inteligencia de los mexicanos.

Sin embargo, queda por definir el resto de los puestos de elección popular, incluidas las nueve gubernaturas. Ninguna de las tres coaliciones, ninguno de los partidos políticos, tiene claramente establecido cómo va a repartirlas. Nos espera el espectáculo de verdaderas batallas de “máscara contra cabellera”.

Los partidos conocen bien sus fortalezas y debilidades y éstas no siempre serán complementarias. Se han acostumbrado a repartir las candidaturas bajo esquemas patrimonialistas, en los que hay acuerdos tácitos, ciertos distritos “pertenecen” a tal o cual familia. Unas son para grupos políticos locales y otras se reparten desde el centro. Armonizar los compromisos será un difícil juego de equilibrio.

Habrá que agregar la complejidad que trae aparejada la paridad conquistada en 2015. Los partidos tienen la obligación de destinar 50% de candidaturas para cada género, tanto en congresos como en ayuntamientos. La paridad horizontal obliga a que en cada estado, cada coalición destine 50% de las presidencias municipales para ser encabezadas por mujeres y la paridad transversal debe cuidar de no dejar a las mujeres municipios y distritos perdedores.

La implementación de estas reglas, si bien ha sido provechosa para el empoderamiento de las mujeres en México, ha incrementado la de por sí altísima litigiosidad de nuestro sistema electoral. Entre los acuerdos de coalición y la paridad, podemos esperar que en los tres primeros meses del año, cuando se decidirán todas las demás candidaturas, habrá miles, literalmente miles, de juicios en los tribunales. Muchos y muchas afirmarán tener “mejor derecho” a la candidatura que sus colegas.

En este contexto, llama particularmente la atención la ola de violencia política desatada en diciembre. Podemos dar cuenta de 13 homicidios a miembros de partidos políticos, cinco de los cuales ya habían declarado sus intenciones de contender en las próximas elecciones federales. Todos estos asesinatos tienen las características de ejecuciones, habitaban en ocho estados diferentes y militaban en diferentes partidos.

Lo más sencillo es justificar, como si fuese normal, que sus muertes están relacionadas con el crimen organizado y responden al reparto de las plazas en el ámbito municipal. ¿De verdad podemos conformarnos con este tipo de explicación?

La Ley General de Transparencia obliga a cada partido, y por ende a cada coalición, a publicar el currículo de cada postulante a puestos de elección popular. La certeza de que el crimen organizado está metiendo la mano en todas las postulaciones y los asesinatos recientes, convierten esta obligación en información estratégica de seguridad nacional y en derecho ciudadano ineludible.

Los consejeros del INE tienen razón cuando afirman que no les corresponden las tareas de seguridad de los candidatos, sin embargo, será indispensable que asuman como tarea nodal de su quehacer, hacer accesible el pasado inmediato de todas y cada una de las candidatas y candidatos. Es urgente que conozcamos quién recomendó a cada cual para que luego asuman su respectiva responsabilidad.

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