Ago 6, 2017

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¿Y si desaparece Conasami?

¿Y si desaparece Conasami?

Ricardo Becerra

La Crónica 

06/08/2017

Se supone creada para proteger el ingreso de los trabajadores de menor ingreso. Se supone que ella es la encargada de evitar que los patrones no usen su “poder monopsónico” (contratación y despido fácil) para llevar el pago a niveles de hambre. Se supone que esa Comisión es el pivote básico para desarrollar una política salarial que “reparta mejor” la riqueza que generan los trabajadores y las empresas.
Bueno: eso no ha ocurrido desde hace más de treinta años. Visto en perspectiva, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un fracaso histórico, un órgano extraño, capturado que hace exactamente lo contrario a lo que manda la Constitución: aplastar el salario, no incrementarlo pausada, progresiva, razonablemente. Aplastarlo en aras de no se cuántos pretextos ideológicos que ocultan lo esencial: la Conasami no protege el salario… protege la ganancia. Un organismo constitucional capturado por la vía del señor Tomás Severino, quien es el verdadero Presidente.
Es una historia que viene de lejos. En un contexto de shocks, crisis y reformas estructurales que afectaron de muchas maneras a los trabajadores asalariados —es decir, cuándo más necesaria era la protección institucional— los grupos más vulnerables experimentaron una drástica pérdida del poder adquisitivo, debido a la caída de los salarios mínimos reales entre los años ochenta y noventa y a su posterior estancamiento.
Además México es también singular porque el problema que se enfrenta actualmente no radica en el bajo cumplimiento de la obligación de pagar el salario mínimo por parte de los empleadores, como sucede, por ejemplo, en Guatemala. En México, el problema principal es su irrelevancia como instrumento para fijar un piso “efectivo y digno” en el mercado de trabajo que evite que los trabajadores con menor calificación y más vulnerables caigan en la pobreza extrema. Como se ha dicho, en abierta contradicción con la Constitución (artículo 123 fracción VI).
De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ratificados por México, los Estados firmantes se comprometen a garantizar una “remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias…”.
Igualmente, México ratificó el Convenio 131 de la OIT, que forma parte de los convenios fundamentales en materia de derechos humanos laborales. De acuerdo a este convenio, además de que se debe tomar en cuenta la opinión de los interlocutores sociales, entre los criterios a considerar están, por una parte, las necesidades del trabajador y sus familias, el costo de vida, las prestaciones de seguridad social y el nivel relativo de otros grupos sociales. Por otra, los factores económicos, “incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel del empleo” (artículo 3, convenio 131, OIT).
Hay que decirlo: la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, estas reglas forman parte del orden jurídico nacional y obligan, por lo menos, a buscar el equilibrio entre los objetivos sociales y los de tipo macroeconómico, a la hora de fijar los salarios mínimos, algo que desde hace más de tres décadas nuestro país dejó de buscar porque desde los años ochenta y noventa, la Conasami se convirtió en un instrumento de contención de la inflación, ajuste fiscal para luego utilizar la contención salarial como “medida para la competitividad” y atracción de inversiones.
Así, la Conasami se rindió. México fue, junto con Haití, el país de la región que en lo que llevamos del siglo XXI mantuvo este indicador por debajo de la línea de pobreza.
En suma, la fijación de los salarios mínimos en México ha transgredido y sigue transgrediendo las obligaciones internas e internacionales durante casi 4 décadas. La Conasami no es inútil, hace lo contrario a su mandato y por esa vía, ha sido un mecanismo velado para el empobrecimiento de millones.

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