Ricardo Becerra
La Crónica
07/06/2020
Que el máximo responsable de la política sanitaria en México alcance a ver 35 mil muertos por la enfermedad Covid-19; que a cuatro días de declarada la “nueva normalidad” rompamos un nuevo récord de contagios por el virus (con 4 mil 346 casos) superando el récord de un día antes (de 3 mil 912) y la marca absoluta de muertes registradas: mil 92 casos. Que a pesar del confinamiento, la aceleración del virus permanezca a tasas muy altas y que, en la indescifrable narrativa oficial se calcule que la salida en las zonas metropolitanas de Jalisco y Nuevo León puede ocurrir ¡hasta octubre!
Que el vaticinio más optimista del último mes, sitúa la caída económica mexicana en el orden del 7.9 por ciento del PIB; que en menos de dos meses, 12.4 millones de mexicanos se hayan quedado sin fuentes de ingresos, que 10 millones más estén en riesgo de caer en la pobreza y que la crisis extiende su cauda, ya hasta el tercer trimestre de este año.
Con estos números es altamente probable que México sea visto muy pronto, aquí y a escala internacional, como uno de los países que peor gestionaron la epidemia COVID-19: no supo atajar los contagios a tiempo; no supo mirar y medir el avance del virus entre su población; no protegió al empleo, al ingreso ni a sus empresas y está apresurando su regreso a la “normalidad” sin haber asegurado el control de la epidemia. Todo eso junto.
Un cuadro muy pesimista, declaradamente trágico.
¿No queda más que escuchar las admoniciones matutinas de todos los días? ¿Sentarnos a esperar a que se apile la montaña de 35 mil mexicanos muertos, en el escenario siempre fluctuante y jabonoso de la Secretaría de Salud? Y aunque, mientras escribo esto, el Presidente de la República convoca a una nueva ronda de polarización “entre los que defienden el régimen de privilegios y nosotros”, sigo pensando en las posibilidades de una solución menos catastrófica a la crisis, es un cierto centro político racional que no renuncie a ideas, a la conversación con pensamientos distintos, a la elaboración común de la que se supone, se yergue la democracia.
Lo primero es instaurar una política de pruebas masivas para aproximarnos de una vez por todas a la verdadera magnitud y dispersión del SARS-CoV-2 en territorio mexicano. No lo hicimos antes a la hora de contener contagios; lo debemos hacer ahora frente a la inminente apertura obligada.
Hay que montar un sistema de seguimiento de casos y contagios (donde, cuando, quienes y con quienes estuvieron). La famosa estrategia de trazabilidad. Es necesario no seguir a la defensiva y detectar los focos, aislarlos y prevenir, exactamente en la línea que han planteado, con responsabilidad, varios gobiernos estatales.
Mientras eso ocurre, desplegar esa política económica que sostenga la estrategia contra el virus. Hay que financiar salarios o parte de los salarios de los trabajadores en riesgo de despido. Proporcionar la certidumbre de que, saliendo de esta, su fuente de empleo seguirá allí.
En esa medida, y con ese propósito, garantizar ingresos para que la gran mayoría no tenga la necesidad de salir, de buscar el sustento y reciba por ello un “pago”, una subvención estatal por el servicio público de quedarse en casa (evitan contagiarse, no salir a contagiar).
Cada una de las cifras expuestas al principio dibujan un escenario mucho peor que cualquiera de mi generación haya imaginado. No sé si estas son las ideas todas, o las ideas exactas, para reconducir un país que se está agitando de nuevo dolor y que desborda humor sombrío. Lo que si sé, es que la polarización y la política iracunda no representan una salida. Por eso, mientras podamos, hay que seguir insistiendo en lo que –todavía- la razón democrática puede hacer.