Ricardo Becerra
La Crónica
30/07/2017
Aprovechando la generosidad y la hospitalidad de La Crónica, reproduzco en parte, para ustedes —pacientes lectores— un documento colectivo acerca de la campaña desatada desde el oficialismo, sectores de la Iglesia, comentaristas y aún, precandidatos y sus organizaciones, en contra del Instituto Nacional Electoral.
El INE ha hecho posible —por primera vez en nuestra historia— la experiencia democrática, es decir, el cambio de gobiernos de manera pacífica. Los largos años del autoritarismo vaciaron de significado el concepto de la “defensa de las instituciones” para convertirlo en un eslogan de defensa a priori de su régimen autoritario, en el cuál las instituciones se veían como espacios vacíos de personas, funcionarios y ciudadanos. Hoy, la defensa institucional del INE significa el reconocimiento de sus contribuciones a la convivencia electoral civilizada y a un orden político-electoral plural, inclusivo, que garantiza lo esencial: el respeto a la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas.
La campaña en contra del INE y sus consejeros omite un dato esencial: la pluralidad real de su composición. No hay decisión que no sea intensamente discutida, desde puntos de vista muy diversos. Tal y como se demostró en las decisiones de fiscalización de las elecciones recientes, el Consejo General construye mayorías atentas a la evidencia demostrable y a las razones y argumentaciones de sus integrantes. Las decisiones de una institución seria no puede sino basarse en pruebas claramente demostradas.
Por desgracia, conviven dos rasgos que forman parte de nuestra in-cultura democrática: el acoso a la autoridad electoral que se ha vuelto parte de la estrategia de partidos, poderes de hecho e intereses involucrados. Y por otro lado, que el juicio al arbitro siempre depende de los resultados. Allí y donde se gana, la autoridad no representa problema; allí y donde se pierde, se le impugna todo, y ahora incluso, se clama por su “renuncia”.
En una conferencia de prensa reciente, el Presidente Nacional del PRI declaró: “vamos a esperar los resultados -las resoluciones del Tribunal Electoral- para ver si confiamos en las instituciones”.
No hay leyes, reformas constitucionales ni instituciones que sustituyan al compromiso democrático. Lo que es más, en materia electoral, el compromiso de los actores es previo a las reglas de la competencia, a respetarlas y cumplirlas. Pero mientras la queja y la denuncia sean el centro de las estrategias (algunas veces fundadas, la mayor parte artificiales y por pura búsqueda de publicidad política) los propios partidos seguirán construyendo excusas para no dar el salto —por fin— hacia el centro neurálgico de la cultura democrática: la aceptabilidad de la derrota, o mejor, el reconocimiento de la victoria del contrario, esa cualidad que vamos a necesitar cada vez más por el imparable aumento de la competitividad electoral y la fragmentación de la representación.
Por diversas razones, el INE trabaja con una legislación embrollada y con notables vacíos; además, se le han depositado tareas de extrema complejidad (a veces ajenas a su propia naturaleza) que han saturado el trabajo electoral. La fiscalización de miles de candidatos y sus campañas en 40 días es solo una de muchas de esas facultades que han exigido del INE un esfuerzo mayor.
Con la nueva legislación se han llevado a cabo 24 procesos electorales para elegir Gobernador en 2015, 2016 y 2017. En 14 casos ganaron las oposiciones; en 10 el partido gobernante. Los Legislativos son más plurales hoy que en el año 2000 e incluso candidatos independientes han triunfado en elecciones supervisadas por el Consejo General que ahora se intenta demoler en una especie de canibalismo cíclico y antidemocrático.
Fuera de abstracciones: la defensa de las instituciones significa hoy la defensa misma de los ciudadanos; la defensa de las reglas es también la defensa de las personas consejeros y funcionarios, que hacen posible la convivencia civilizada y la competencia plural en México (ver http://ietd.org.mx).