Fuente: La Crónica
Ciro Murayama
Tras el fracaso del gobierno para crear un nuevo impuesto general del 2 por ciento al consumo y en plena discusión sobre el presupuesto de egresos de la federación, el Partido Acción Nacional lanzó la idea de aprovechar la coyuntura para reducir en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos y, de plano, retirar todo el apoyo financiero que los partidos reciben en las entidades. Pronto, la ocurrencia ganó adeptos en la opinión pública y publicada: se sabe que los partidos políticos gozan de mala fama y nada mejor que castigar sus finanzas, pues “¡ya está bien de tener partidos ricos, sobre todo en tiempos de crisis!”.
No deja de ser sintomático que un partido se sume al discurso antipartido para, así, pretender congraciarse con el respetable. Pero el asunto es más llamativo cuando ese lance contra los recursos destinados al sistema de partidos proviene nada más y nada menos que del partido en el ejercicio del poder, de la fuerza política instalada en el gobierno. No está de más recordar que el financiamiento público preponderante y repartido con criterios de equidad a los partidos en nuestro país se empezó a otorgar como condición para desmontar el régimen autoritario de partido hegemónico. Todavía en los años noventa, el PRI tenía el gobierno y los recursos públicos a su disposición, así como el acceso a los medios de comunicación electrónica, compitiendo en condiciones asimétricas con una oposición en abierta desventaja. Fue hasta que se equilibraron las condiciones de la competencia con la reforma electoral de 1996, es decir, a partir de que se otorgó financiamiento público suficiente y se distribuyó de manera equilibrada, cuando fue posible que el PRI perdiera el control de la Cámara de Diputados (1997) y cuando resultó viable la alternancia en el poder (2000). Ahora que el PAN está en el gobierno, busca una vuelta atrás al esquema que combatió mientras fue oposición.
Sostener que la reducción del dinero de los partidos tendrá algún efecto anticrisis es vender una baratija, así lo demuestran los números. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el dinero que reciben al año los partidos es producto de multiplicar el 0.65 por ciento de un día de salario mínimo del DF por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Para 2010 se trata de una suma que rondará los 2 mil 800 millones de pesos. Ahora bien, dado que hay 78.8 millones de ciudadanos inscritos en el padrón, y como el salario mínimo vigente es de 54.8 pesos al día, resulta que por cada persona inscrita en el padrón el conjunto de los partidos políticos recibe, al año, 35 pesos con 62 centavos. Esto es, que por cada ciudadano inscrito en el padrón electoral se destina menos de un centavo al día a los partidos políticos. ¿Es ese el monto que al PAN y acompañantes en la iniciativa les resulta “inaceptable”? ¿Es ese el caudal de recursos que se debe dejar de “desviar” a los partidos? La verdad, es muy poca cosa como para tanto escándalo; repito: menos de un centavo no por mexicano, ni por ciudadano, sino por empadronado al día para tener un sistema de partidos. Podría, sin duda, haber otros usos de ese centavo pero, ¿a costa de castigar al sistema de partidos?, ¿por qué y para qué?
Al tiempo que el PAN presentaba su iniciativa, un grupo de ONG’s y opinadores de la materia electoral propusieron otra vía para reducir el financiamiento a los partidos, con consecuencias similares. La iniciativa, en este caso “ciudadana” aunque no por ello mejor que la gubernamental consiste en hacer depender el financiamiento de los partidos de la participación electoral. Como en 2009 votaron 34.7 millones de ciudadanos, se tendría una reducción del 55 por ciento en el financiamiento a los partidos, casi lo mismo que pide Acción Nacional. Ahora bien, la propuesta de las ONG’s engendra un bacilo patógeno para la democracia. Para empezar, incentiva el discurso antipolítico (“si usted vota, eso se traducirá en dinero de los partidos” se podrá decir, y con razón, alentando no la anulación, sino la abstención) y si en alguna coyuntura la votación cae lo cual en efecto puede ser síntoma de debilidad del sistema de partidos, se les castigan sus recursos, lo que puede ahondar su debilidad; partidos débiles convocan a menos electores y ello lleva a un nuevo castigo financiero y así sucesivamente, hasta que en vez de sistema de partidos nos topemos con algún gran redentor a la Chávez, a la Fujimori. Por otra parte, la noción muy en la línea del “rational choice” de que hay que crear “incentivos” siempre económicos a los partidos, que actuarán como “animales racionales” en pos del dinero, me resulta ajena a la lógica democrática y a la comprensión de la importancia de los partidos para la supervivencia y existencia de la democracia. Al contrario, no creo que haya que “premiar” o “castigar” a los partidos con dinero como si fuera focas amaestradas a las que se les da un pescadito si aplauden o sostienen una pelota ante un público entusiasta en caso de que vote más o menos gente; No. Hay que dar el dinero necesario a los partidos para que cumplan su función como entidades de interés público (por cierto, eso son, de acuerdo a la Constitución) y punto, sin excesos ni derroches y sin tacañerías ñoñas.
Por último, pero no menos importante, la propuesta que anda vendiendo el PAN para ser aprobada estos días implica una reforma constitucional, es decir, la aprobación con los votos de dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de, al menos, 16 Congresos locales. Eso tendría que ocurrir de aquí al domingo 15 cuando se define el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual obviamente no sucederá. Cuando un político propone algo que sabe a ciencia cierta que no ocurrirá, pero que le hace verse bien, nos está simplemente avisando que nos es de fiar.